Muy plausible desde todo punto de vista las nuevas medidas vía habilitantes anunciadas por el presidente obrero Nicolás Maduro en el marco de la instalación del Congreso Obrero, porque permitirán en un mediano y largo plazo corregir muchos entuertos que tanto daño han hecho a nuestra amada patria. Lógicamente esa correcciones depende del rigor con que se apliquen estos instrumentos jurídicos, porque por experiencia sabemos que los venezolanos somos muy proclives a poner de lado los mandamientos legales y mediante artimañas saltarnos a la torera las disposiciones.
Un caso muy particular es el de la minería ilegal. Claro que desde hace décadas venimos planteando que el oro y el diamante debieran ser declarados minerales estratégicos, cuya explotación debe ser exclusividad del estado venezolano y las tierras donde se ubiquen los yacimientos declararlas zonas de seguridad nacional.
Si algo ha hecho daño no solo a la economía nacional, sin o a la salud del planeta y de la población venezolana, es la criminal acción de la minería ilegal, que ha convertido a ríos y lagos, especialmente en la región Guayana, en fuentes de contaminación y envenenamiento de la humanidad, a través de la descarga de mercurio, que los asociales, venezolanos y extranjeros lanzan de manera irresponsable a la tierra y a las fuentes de agua dulce, sin pensar incluso en su propia vida, la de sus familiares de la fauna silvestre y acuática y la atmósfera. Este crimen se comete diariamente contraviniendo la Ley Penal del Ambiente, gracias a la complicidad de autoridades a quienes compete la defensa de ese espacio, porque estiman más lo crematístico que su ética y honestidad, como servidores públicos, en quienes la república y su ciudadanía ha depositado la confianza, como garantes una ley.
El colmo, es que se dan casos donde los propios guardianes del ambiente participan en el festival depredador, como en la década de los 90, que en una comunidad minera del Estado Bolívar, conocida como El Polaco, había una explotación aurífera, denominada “Mina El Comandante”. ¿Imaginan porque ese nombre? Porque aquel espacio estaba reservado al jefe de la unidad militar que le competía vigilar aquella parte de nuestra selva, para que no fuese intervenida, por los mineros furtivos o garimpeiros, como también se les conoce en esta parte del país. Esperemos que con esta nueva disposición el criminal exterminio, contra nuestro ambiente, sea definitivamente erradicado, para lo cual se requiere no solo penalizar la explotación, sino también el comercio ilegal del oro y el diamante, que en esta parte de nuestra geografía nacional,se comercializa, como si se tratara de maíz, harina, fríjoles o cualquier otro rubro de libre circulación. Mientras el Estado no monopolice la producción y comercio de estos rubros, la pachanga continuará.
Lo mismo ocurre con el tema económico, es infructuoso continuar rogándole a los empresarios que vengan a trabajar por el socialismo, es una ingenuidad que no tiene nombre. Nadie es capaz de afilar cuchillo para su propia garganta y en consecuencia hay que olvidarse de ese disco que ya está rayado. Suficiente tuvimos, con que ese sector “productivo”, que para nosotros es sector “SANGUIJUELA”, se apropiara indebidamente de 30 mil millones de dólares, a través de las empresas de maletín. Valga decir, que todavía estamos esperando la acción de la justicia, para recuperar el botín y poner tras las rejas a los responsables y colaboradores.
El Estado Venezolano, debe asumir la importación directa de los bienes y servicios que requiere el país, para echar adelante y continuar avanzando en el proceso de desmontar la arquitectura del estado burgués capitalista y levantar la de la patria socialista, que debe ser con materia prima socialista en su totalidad y no con remiendos del capitalismo burgués. No podemos levantar la estructura del socialismo, sobre las fundaciones del edificio capitalista, aquí no hay medias tintas, en este proceso de construcción del socialismo, no hay colores sino valores. O blanco o negro.
Las acciones a tomar tienen que ser contundentes, que lleguen y convenzan al pueblo. Que empoderen de verdad al pueblo, dotándolo de herramientas que le permitan gobernar y perseguir a la delincuencia de cuello blanco que a través de la manipulación mediática busca confundir a la ciudadanía, con sus mensajes dirigidos a victimizar a quienes de siempre han depredado la economía y dignidad de la patria y a satanizar a las medidas que favorecen al pueblo. La sociedad debe tomar el control de los productos mediáticos, porque de lo contrario esa artillería de la mentira que día a día envenena el sique del colectivo, puede horadar las bases de la revolución, que dicho sea de paso, ya el fascismo nacional las tiene bien precisadas y de allí sus esfuerzos por consolidarse como fuerza electoral para las próximas elecciones y hacer de Nicolás Maduro, otro Miguel Zelaya, u otro Fernando Lugo.
El momento es de actuar con tino y decisión. Hablar menos, para evitar la saturación mediática y con ella el rechazo del usuario a los canales nacionales del SIBCI y trabajar mas en mensaje formativo, educativo con destino definido. Necesitamos armar una plataforma de combate, de discusión abierta nacional, que nos permita colocar en una balanza para una consciente y valiente evaluación a las leyes habilitantes y la realidad.
