Ya podemos apreciar en la Gaceta Oficial número 6.194, la publicación del Decreto 1.950 del Presidente de la Republica, mediante el cual se declara el estado de excepción en las fronteras, restringiendo así las garantías constitucionales allí indicadas, donde básicamente se permitirá a los organismos facultados realizar registros y allanamientos sin orden judicial, realizar requisas de equipajes y vehículos, restringir la movilización de personas y bienes, con el fin de verificar la perpetración de delitos de los que previamente los organismos de seguridad del estado han constatado totalmente. Se busca de igual forma combatir el contrabando de extracción, donde se puede evitar la salida de combustibles y artículos alimenticios y de primera necesidad fuera de nuestras fronteras, enmarcadas en la guerra económica de sectores radicales que han convertido al bachaqueo en un negocio muy lucrativo. Esto para garantizar nuestra soberanía y la paz que todos necesitamos.
En las fronteras se busca por esta vía ejecutiva combatir el paramilitarismo y el narcotráfico, que ha ido creciendo desmesuradamente en la zona.
Estas medidas están avaladas por el artículo 337 de nuestra constitución, que establece que el Presidente de la República podrá decretar los estados de excepción, calificando como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos.
Por su parte el artículo 339 constitucional establece que el decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.
A todas estas el Presidente de la Republica ha dado supremacía al cumplimiento de los Derechos Humanos tanto con este decreto como en todas las actuaciones que ha realizado la OLP en los distintos sectores de la Republica.
En Nueva Esparta se han desmantelado unas cuantas bandas delictivas instaladas en Los Cocos, Villa Zoita y la pasada semana en el edificio Coro coro ubicado al lado de la Alcaldía de Porlamar, donde se desarticularon enormes mafias y centros de prostitución y andan tras los pasos de presuntos políticos que podrían estar alentando estos actos delictivos buscando desestabilizar la economía y la seguridad de los Margariteños; incluso se ha podido verificar la permanecía de manera ilegal de un grupo de Colombianos que están siendo deportados a su País.
Sectores de la oposición aseguran que con este estado de excepción se busca suspender las elecciones del 6 de diciembre, alegando que el gobierno tiene miedo. Política siempre utilizada por estos factores radicales que a la hora de la chiquita generan esta matriz de opinión para justificar la paliza que siempre reciben en las elecciones desde que salió Chávez a cuerearlos desde el año 98; y cuya tendencia continuará.
