Es bien sabido, por ser público y notorio, que en los Colegios Profesionales existen Tribunales que casi en un 100 % se usan para consumar venganzas contra sus propios asociados, aquí debemos considerar que esos asociados en más de 95% lo son porque están obligados a inscribirse en esos Colegios apenas terminan sus carreras universitarias, ya que de no hacerlo se les prohíbe e imposibilita ejerzan la profesión alcanzada después de haberse estudiado no menos de 18 años y aunque el título de grado que les da el instituto universitario, en el cual dice que llenaron todos los requisitos para ejercer cual o tal profesión, no sirve para que desarrolle las profesiones a las cuales se les autoriza.
Los Colegios Profesionales de Venezuela con sus Códigos de Éticas respectivos y las Leyes exclusivas a cada especialidad, fungen de Tribunales para juzgar solo en contra de sus afiliados. Ya se dijo que todo egresado universitario es un seguro afiliado a su respectivo Colegio, no tiene escapatoria alguna, y aquellos que no estén de acuerdo con las ejecutorias de las directivas de turno de aquellas organizaciones más temprano que tarde le serán levantados falsos expedientes incriminatorios por algún delito, pasados éstos a comisiones honoríficas integradas por personas del mismo grupo y por último remitidos, sin pérdida de tiempo a sus propios Tribunales Disciplinarios. Los Colegios Profesionales siguen al pie de la letra la metodología oficial, es decir, actúan como si fueran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, C.I.C.P.C., la Fiscalía de la República y los Tribunales de cada Circunscripción Judicial de la República. ¿Cómo es posible existan organizaciones privadas, Colegios de Profesionales, que continúan teniendo permiso del Estado para poseer un Poder Judicial propio y allí juzgar a sus afiliados que no siguen el ideario político partidista de los miembros que conforman sus directivas?
Pero resulta que la concesión otorgada a los Colegios Profesionales no termina allí, pues una vez que el Tribunal Disciplinario de cada Colegio sentencia una causa seguida a un imputado perteneciente a su propio gremio, el Colegio pasa el expediente al Tribunal Disciplinario de la Federación y este órgano del Colegio prontamente dicta la sentencia definitiva y firme, tal como si fuera otro Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, ¿Cómo es posible que a 16 años de un gobierno revolucionario pueda subsistir todavía un adefesio de tal naturaleza? Si lo más importante de esta revolución Bolivariana es el hombre y su dignidad, ¿Cómo puede ser que éste esté obligado a pertenecer a una determinada institución gremial y no se le dé ninguna otra alternativa? La verdad que el contar ésto da mucha pena, porque después de 3 lustros de implantarse en el país un sistema verdaderamente democrático, constitucional, de derecho y de justicia, y sobre todo de índole revolucionario, todavía no se haya anulado la licencia que la Cuarta República otorgó a los Colegios Profesionales para que tengan sus propios Tribunales Penales. En el tiempo transcurrido desde que se instaló el gobierno revolucionario, muy bien se ha podido crear Tribunales Ordinarios donde ventilar los casos relacionados con los delitos de malas praxis ejecutadas por profesionales y también estos mismos Tribunales podrían ocuparse en dirimir los casos de ofensas al honor de las personas, ofensas que se producen abundantemente en este país. Actualmente el ofendido prácticamente no tiene donde acudir para reclamar y lograr se le devuelva el patrimonio más importante del ser humano; su dignidad.
