No es obra de la casualidad, ni mucho menos, que la siniestra expresión 'guerra civil', haya comenzado a usarse con fuerza, dentro y fuera de Venezuela, después de la derrota del golpe de abril. No es un descuido de la ventura periodística internacional. Antes de ese mes, la encontramos esporádicamente, sin convicción ni angustia, sobre todo de encumbrados miembros de la oligarquía venezolana.

Por ejemplo, en boca del olvidado Pedro Carmona, o 'Don Pedro el Breve', como quedó para siempre. A él se le deslizó lateralmente en una entrevista que le hice en Caracas, el 14 de abril de 1999 en sus oficinas del Edificio Orinoco: 'Muchos en Fedecámaras lo han visto con simpatía. Otros prefieren tomar distancia, otros más no lo quieren. La incógnita es si este hombre convierte su demagogia populista en política de Estado, ahí puede provocar una guerra civil', declaró. No era el centro de la entrevista, que versaba sobre el Mercosur y la Comunidad Andina, pero la solución guerrerista fue la única opción que se le apareció a Don Pedro en aquella conversación.

La guerra civil es uno de esos fantasmas muy usados en el siglo XX para tranquilizar almas oligárquicas en situación terapéutica. También sirvió para asustar, neutralizar y poner en línea corazones indecisos. Marx escribió en Crítica a la Filosofía del Derecho de Hegel, que entre dos derechos iguales la única solución es la guerra, pero a gente como Pedro el Breve, y a quienes como él, financian la opción de una guerra civil en Venezuela, el dilema es al revés: '!Qué derecho ni derecho: Hagamos la guerra! Ellos saben que la guerra civil es el último recurso de la lucha política. Y si algo mostró ese complejo laboratorio que fue el siglo XX, es que las guerras civiles son procesos, no se pueden inventar de la nada. Se preparan pacientemente en la mente de millones, con acciones y propaganda sistematizada.

En Venezuela, la dirección política opositora decidió hace rato acudir a los métodos de guerra civil. Quemar un local chavista en Puerto Cabello, atropeyar miembros o simpatizantes del régimen en los barrios ricos, conspirar dentro y fuera de los cuarteles, ganar posiciones en los cuerpos policiales, contratar francotiradores y mercenarios, como en Puente Llaguno, Fuerte Tiuna y Plaza Altamira, poner todos los medios de prensa al servicio de la propaganda de guerra, crear el caos económico, el desorden y la confusión social, acudir a la experiencia internacional del Pentágono y diseñar estrategias ideológicas para no perder la base social de clase media. La utilización sistemática de estos recursos adquiere contenido de métodos de guerra civil, cuando se ordenan a la conquista del poder por una minoría de la sociedad. Esa minoría acude a los métodos de la guerra civil cuando siente, o presiente, que además del poder político del Estado, puede perder la única razón de su existencia sobre él.

24 meses de espera

El curso de las cosas en Venezuela llevaron exactamente a eso que tanto temía el golpista derrotado Carmona en la entrevista de 1999: Los discursos del caudillo nacionalista venezolano se convirtieron en una Constitución, 49 Leyes de aplicación y unas 25 medidas de relativo alcance social. Estos primeros pasos intentaban modificar en algo el desastre dejado por la partidocracia que administró el capitalismo petrolero sumiso de Acción Democrática y Copey. Y sobre todo, gestaron una nueva y amplia conciencia social de soberanía nacional, algo que Venezuela no conocía en esa escala, por lo menos desde la Revolución Social de 1958.

Hasta noviembre de 2001, algunas de esas políticas sociales lograron el reconocimiento de organismos nada chavistas, como la Organización Mundial de la Salud, OMS, el BID y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En su Informe de 2001, este último organismo, informó: 'Entre los programas desarrollados en América latina, el de mejor más eficaz aplicación, por su gestión ética y por sus resultados en relación con los objetivos planteados, fue el de Venezuela' (pp. 176, NY, 12-6-2001).

La verdad es que, haber reducido a casi la mitad la mortalidad infantil, duplicado el presupuesto educativo, construido más de 25 mil casas para obreros con un presupuesto para 700 mil en 5 años, recuperado la OPEP y triplicado los precios del barril, eliminado el arancel en las escuelas primarias, reconocido derechos a todas las minorías étnicas, suspendido la matanza anual de estudiantes, respetado, por primera vez en 40 años la libertad de expresión del pensamiento, construido 675 escuelas, junto a otras 20 políticas sociales, en apenas dos años, no podían ser ocultadas así como así.

Y como nada de eso implicaba 'el camino al socialismo', que manifiestamente no es el propósito ni el programa de Chávez y su gobierno, la ONU no tuvo pruritos ideológicos para reconocerle estas conquistas a la llamada 'revolución bonita'. Desde la perspectiva geoestratégica de ganar un poco de equilibrio en el sistema regional de Estados, lo que ocurría en Venezuela no era nada grave. Eso, más o menos, fue lo que expresó Jorge Castañeda, ex canciller de México, cuando lo entrevisté en Buenos Aires a propósito de la gira de Fox, en junio de 2001: 'Se le puede criticar lo que sea, menos que vulnera la democracia de su país o de la región'. (Mercosur.com, 16 de junio de 2001)

A eso apostaron, en una primera instancia, la mayoría de los empresarios venezolanos, la ONU y el Pentágono. Sobre todo cuando se convencieron, tras cinco consultas populares, que el mulato presidente era un 'cuarto bate', electoralmente imbatible.

Además: cuál era el problema, si el costo de las medidas sociales apenas rozaban la tasa media nacional de ganancia, como mostraron el sector comercial, que casi duplicó las ventas de productos no tradicionales, las industrias básicas y la banca, cuya rentabilidad se consolidó con los depósitos del Estado y los pagos de la deuda externa (Banco Central de Venezuela, Memoria y Cuenta 2001).

Al interior del país, aportó cierto equilibrio social, algo desconocido desde el Caracazo (1989), una mejoría en la vidriosa cuestión militar y un funcionamiento institucional superior al anterior a 1998. Esto era sorprendente después que el descalabro de los dos partidos que sostuvieron el régimen desde 1958, implicó, también, una mudanza parcial en el personal de Estado. Así fueron las cosas durante los primeros 24 meses de gobierno.

Sombras al amanecer

Las sombras de la guerra civil aparecieron cuando en el horizonte se develaron dos fenómenos que en 1998 no estaban previstos.

Primero, la gran burguesía venezolana y los estudiosos de tendencias dentro del Pentágono, descubrieron que las franjas pobres convirtieron a Chávez, su chavismo, sus medidas sociales y sus 49 leyes, en el sustrato de una nueva conciencia y conducta social. Lo que fue sentimiento y votos se transformaba en acción de masas.

Confirmaron, seguidamente, que de esa emergente realidad social surgió una nueva militancia: decenas de miles de militantes 'bolivarianos', portadores de un nuevo anti imperialismo. La actualización simbólica de Simón Bolívar y su ideario panamericanista, ganaba la simpatía de centenas de miles de latinoamericanos que buscaban caminos de redención, frente a problemas comunes. Entonces, la curiosidad sociológica se transformó en señal de peligro.

El segundo fenómeno fue el siguiente: Las multinacionales de la energía y la oligarquía petrolera venezolana sintieron que la ecuación chavista, tal como se desarrollaba entre 1999 y 2000, conducía a una inexorable pérdida de control de PDVSA.

Esto lo entendí parcialmente en abril de 1999. Ese mes entrevisté a Alberto Cisneros Lavaller, un ingeniero argentino radicado en Venezuela con el cargo de Asesor Mayor de Estrategia Internacional de PDVSA. El declaró: 'Cuando el nuevo gobierno decidió desmantelar el Plan de Inversiones 1999-2003, de 64 mil millones de dólares, dio el primer paso de un enfrentamiento con las grandes de la energía mundial, y no creo que estas se crucen de brazos.'

'-¿Por qué?', le pregunté, y esto me respondió: 'Sin esas inversiones, PDVSA se debilitará y perderá su capacidad operativa internacional, dejará de ser lo que es hoy'.

Después del golpe de abril, se supo lo que había detrás de frases como esas.

Desde comienzos de la década del 80, las multis recuperaron buena parte del control de PDVSA a través de la internacionalización, inversiones, concesiones, joint ventures y otros recursos del new management neoliberal.

Una operación de esa escala no era posible sin el apoyo de una casta, con ideología y todo, a través de la cual operar dentro y fuera del país. Fue así que gestaron una nueva oligarquía petrolera en Venezuela. Una amplia burocracia gerencial, llamada 'Nómina Mayor', con algunas características de un 'Estado Mayor' militar: privilegiada, incuestionable, antidemocrática, nepótica, absolutamente arbitraria. Un verdadero Estado dentro del Estado.

Esto lo registra detalladamente el experto petrolero venezolano, Francisco Mieres, en su libro reciente, 'PDVSA y el Golpe'. El resultado es, como lo señala este autor, que el Estado venezolano perdió el control de PDVSA entre 1983-85 (hasta enero de 2002 cuando esa casta fue borrada con el despido de casi 3.000 de sus miembros más encumbrados). Los sueldos de estos gerentes alcanzaban decenas de miles de dólares. Todo en las manos de un solo ciudadano, por el simple hecho de ser un socio exclusivo de la 'Nómina Mayor'. El resto del gasto operativo de PDVSA se derramaba entre las empresas que controlan la Agencia Internacional de Energía, AIE.

Cuando la cosa llegó a este punto se puso al rojo vivo. La intensidad del odio al 'chavismo' creció con la fuerza del fuego entre junio y diciembre de 2001. Un dato clave, entre otros, fue que quedó definitivamente claro que la nueva Ley de Hidrocarburos impediría reprivatizar PDVSA.

Oh, casualidad, el 21 de junio llega a Caracas, bien encorbatado, James Roger, un experto militar norteamericano como agregado a la US Embasy. La casualidad fue más insostenible cuando a este asesor lo encontraron, junto a otro de la misma nacionalidad y oficio, en el Fuerte Tiuna, el 11 de abril del año siguiente, justo cuando Chávez era desalojado de la presidencia.

7 días después, el gran oligarca petrolero venezolano, Alberto Quiroz Corradi, declaraba a El Nacional, en Caracas: 'La nueva Ley de Hidrocarburos impide la participación privada en el negocio petrolero'. Ese mismo día, 30 de junio de 2002, como en un juego de siluetas, el diario norteamericano The Nation reveló parte del informe 'National Energy Policy Report', presentado al joven Bush tres días antes. El informe detallaba el agudo deficit norteamericano de crudo y las opciones para obtenerlo en el mundo, proyectado al 2005. Y se registran estas oraciones premonitorias: 'De no conseguir ese petróleo por medios diplomáticos, debe ingerirse en el asunto a nuestro aparato militar.' (Francisco Mieres, PDVSA y el Golpe, Cronología, Editorial Fuentes, página 51, Caracas, noviembre 2002)

Fue durante aquel lapso, breve pero intenso, que las fuerzas sociales, los proyectos políticos y los grandes intereses petroleros, se ordenaron y comenzaron a acudir a métodos de guerra civil. La resolución de la gran oligarquía petrolera y de los medios arrastró a la mayoría de los empresarios que antes habían apostado a Chávez. Lo que vino después hizo inexorable el golpe de estado, la conspiración a todo nivel y odio inoculado. La opción de una guerra civil en Venezuela, bajó de la difusa región psicoanalítica de empresarios como Carmona, a la agenda concreta de los intereses de casi toda la clase capitalista.