La inseguridad siempre forma parte de la agenda electoral porque es un recurso efectivo para movilizar a los votantes a través de sus emociones, especialmente de sus miedos. Las campañas que tienen como centro este tema suelen ser ideológicamente conservadoras y autoritarias. Esto es lo que se conoce como populismo punitivo, que se caracteriza por dejar de lado: 1) el discurso social para concentrarse solo en la expansión del sistema penal (sin tener en cuenta las causas estructurales de los problemas securitarios); 2) la idea de la rehabilitación (para concentrarse solo en la incapacitación del delincuente); 3) la consideración de las consecuencias y los costos del uso excesivo del poder punitivo del Estado (que finalmente termina agudizando los problemas que pretende resolver). Todo justificado por la rentabilidad electoral que estas campañas pueden obtener en el inmediato plazo. El ejemplo emblemático de estas campañas son las de Reagan en EEUU y Thatcher en el Reino Unido. En nuestro contexto e historia reciente resaltan las de Alfredo Peña, Leopoldo López, Freddy Bernal, así como las flamantes OLP.
Esto no significa en modo alguno que no exista una situación real de inseguridad, en especial con los altos índices de homicidios que padecemos, los cuales exceden en mucho al promedio regional y mundial. El problema es que las políticas instigadas en el contexto de estas campañas, se caracterizan por la búsqueda de respuestas simbólicas e inmediatas a costa de los DDHH. Su objetivo es brindarle a la población la sensación de que se está haciendo algo, no importa que en el fondo estas políticas no resuelvan realmente el problema, o peor aún, lo profundicen. Lo más grave es que en la construcción de este show penal, son las propias víctimas del sistema las que reclaman más políticas represivas.
En otras ocasiones he hecho referencia a los efectos negativos que tienen las reformas legislativas de este tipo sobre la seguridad ciudadana. Tomaré como ejemplo los temas más utilizados por candidatos en campaña: en los últimos 15 años el COPP ha sido reformado unas 6 veces y el Código Penal en 2 oportunidades; además, se ha modificado también un innumerable listado de legislación penal colateral. La característica común de estas reformas es aumento de penas, disminución de beneficios y creación de nuevos tipos penales. ¿Cómo pudiéramos medir el impacto de estas leyes en materia de seguridad ciudadana, cuando la violencia delictiva, las tasas de encarcelamiento y la desconfianza en el sistema de administración de justicia han aumentado?
Estas reformas no han tenido un impacto positivo sobre la seguridad ciudadana, por el contrario, pudieran estar contribuyendo más al colapso del sistema, lo que genera mayor impunidad y violencia institucional, agravando así la inseguridad de todos. Entonces, la cuestión no es hacer más reformas legislativas en estas materias, lo importante es la certeza de los derechos, es un problema de implementación, de política ejecutiva y judicial, no de política legislativa.
Los problemas securitarios no se resuelven legislativamente ni por decreto, se resuelven con voluntad política real, con construcción y fortalecimiento institucional, con policías, fiscales, jueces y custodios honestos, capacitados, eficientes, independientes, supervisados y controlados institucionalmente; con información, rendición de cuentas y transparencia en sus gestiones; con la aplicación de las leyes vigentes sin discriminaciones, partidismos, ni corrupción. Interviniendo penalmente en los casos que realmente lo ameritan y no extender este mecanismo a toda problemática social, política o económica que tenga el país.
¿Esto significa que un diputado si no legisla en estas materias no puede intervenir sobre estos temas? ¿Legislar es la única forma que tiene un diputado para incidir en la política securitaria del país? La respuesta es NO, un diputado tiene formas mucho más eficientes e interesantes de intervenir en estos temas. En vez de seguir haciendo más de lo mismo (aumentar penas, darle más poder a policías y militares, y disminuir los derechos de todos), es momento que además de legislar, los diputados: 1) Ejerzan funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional, esto abarca al Ministerio de Relaciones Interiores, de Asuntos Penitenciarios, al Poder Judicial y al Sistema Penal en general, así como a los responsables de seguridad ciudadana a nivel estadal y municipal; 2) Organicen y promuevan contraloría social sobre estas instituciones; 3) Discutan y aprueben presupuestos a nivel nacional; 4) Autoricen créditos adicionales; 5) Velen por los intereses del Estado que representan (artículos 187; 222, 223 CRBV).
Esto sería una gran novedad en el discurso y en la acción de un parlamentario en esta materia, contribuiría además a elevar el nivel del debate político y a construir mayor institucionalidad en el país.
