La activación del proceso revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro plantea escenarios difíciles, ya que a fin de año deberían realizarse también elecciones de gobernadores y alcaldes, mientras la oposición trabaja internacionalmente (sin demasiado éxito) para que la OEA intervenga en los asuntos internos y se insiste en la inminencia de un golpe de estado.

La oposición teme que este hecho sirva para alargar la organización del referendo hasta el próximo año y así prolongar constitucionalmente el dominio del poder Ejecutivo por parte del bolivarianismo hasta las elecciones presidenciales 2018, sin importar cuál sea el resultado del referendo. Pero tampoco se puede adivinar cómo influiría el resultado de esas elecciones regionales y locales en el referendo mismo.

No es secreto que en estos momentos la popularidad de Maduro sigue en baja, con un descontento en las calle en aumento, ante la falta de soluciones a problemas tan graves como el desabastecimiento de alimentos y medicinas, la inflación, la seguridad, lo que no significa que la credibilidad de la oposición haya crecido. “La ausencia de un discurso esperanzador y de un horizonte económico más claro acentúan la incertidumbre, desprotección y tristeza”, señaló el exvicepresidente José Vicente Rangel.

Es más, ante la grave situación que confronta el embalse de El Guri por la larga sequía de tres años que ha reducido en forma alarmante los niveles del agua, necesaria para generar la mayoría de la energía eléctrica en Venezuela, el gobierno decidió que la administración pública no trabaje miércoles, jueves ni viernes, para ahorrar energía.

Mientras la prensa extranjera recibía con amplio despliegue la activación de la recolección de firmas para convocar el referendo (apenas 1% del padrón), el diputado y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, acusó al exministro de Espacios Acuáticos y Aéreos, Hebert García Plaza, de “robar” el dinero venezolano y “coordinar” un golpe de Estado –que se iniciaría el 15 de mayo- desde Estados Unidos. “Entregó al gobierno norteamericano, a la DEA, al Pentágono y a la CIA, información precisa de la ubicación del armamento venezolano”, señaló Cabello.

La confrontación 

Diferentes círculos de la oposición  reconocen que cometieron un grave error al anunciar en enero que “en seis meses” saldría Nicolás Maduro de la presidencia, sin presentar siquiera un mensaje constructivo frente a los problemas económicos. La palabra empeñada parece que se quedará en palabras, en plena guerrilla de micrófonos, donde ni gobierno ni oposición están en condiciones de materializar plenamente su modelo o programa máximo.

La fuerte confrontación política seguramente se agudizarse en los próximos meses, incluso en la interna del oficialismo, donde conviven tres corrientes: la que promueve el diálogo nacional, la negadora de cualquier diálogo y que busca una nueva conducción del Psuv,  y la corriente que lidera Maduro y que desde un gobierno errático y sin atinar en las soluciones, mantiene aún el control cuando para algunos analistas se multiplican las señales de una confrontación cada vez más aguda.

Cayó muy mal en el Vaticano el proyecto que la oposición presentó en la Asamblea Nacional para inicar un proceso de diálogo en Venezuela, sesgado y nada apegado a lo convenido con el Nuncio Apostólico Aldo Giordano. El proyecto fue reformulado para que, en definitiva, fuera aprobado por unanimidad.

Al Vaticano también le molestó el encadenamiento de un piñado de personas pidiendo la libertad de los llamados presos políticos frente a la sede de la nunciatura apostólica. La advertencia es que tales actitudes perjudican el propósito que mueve a la santa sede para facilitar acuerdos en el caso venezolano.

La oposición parlamentaria se ha convertido en una maquinita de elaborar proyectos de ley, pero lo que sorprende es que los mismos suman muchas fallas en lo estructural y en su basamento jurídico. El caso más significativo fue el del proyecto de Ley de Amnistía, calificado como un gran mamarracho jurídico y un “arroz con mango”, pese (o gracias) a que varios bufetes de abogados se sumaron para realizar tal actividad. Los integrantes de esos bufetes fueron exministros, asesores de empresas transnacionales, y también jueces en la llamada Cuarta República (antes de la asunción de Hugo Chávez en 1999) que intentaron incluir en esa amnistía a sus clientes, fueran políticos, terroristas o narcotraficantes.

Carta Demokratika

Es en el plano internacional donde la agresión va in crescendo. El Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, se muestra cada vez más beligerante contra Venezuela y espera en estos días una solicitud de la oposición venezolana, probablemente por medio de la Asamblea Nacional, clamando por la aplicación de la Carta Democrática contra el país.

Almagro hubiera podido jugar un papel útil en relación a Venezuela de haber adoptado una actitud menos comprometida con los grupos radicales de Washington, pero se ha saltado las reglas de funcionamiento de la OEA y de utilizar los recursos de esta organización con fines no autorizados por los países miembros.

Es estrategia de Washington la de involucrar a la OEA en estos propósitos, tratando de convencer a los gobiernos latinoamericanos de que es “impostergable” activar la “famosa” carta democrática de la OEA, bajo la cual EE.UU. ha justificado intervenciones de todo tipo contra los países latinoamericanos.

No se debe olvidar la renovación del decreto presidencial calificando a Venezuela como “una amenaza a la seguridad nacional “de EE.UU., que abre las puertas para tratar de justificar una agresión militar directa. A eso se suma un editorial del 12 de abril del Washington Post, donde se indica que “Venezuela requiere de forma desesperada la intervención política (y no tan política) por parte del resto de los gobiernos latinoamericanos”, vaticinando una explosión social.

Lo cierto es que los partidos de oposición en Venezuela no alcanzan a superar sus propios desatinos y divergencias internas, y algunos asumen posiciones tan extremistas y beligerantes que obliga a sus propios aliados a tomar distancia de estos grupos. A inicios de marzo, en busca de apoyo internacional para una inconstitucional ley de amnistía, una delegación de parlamentarios opositores visitó Chile, donde no logró que ningún grupo –ni del oficialismo ni de la oposición- los atendiera formalmente

Es más, el entonces presidente del Senado chileno, el democratacristiano Patricio Walker, les manifestó directamente su descontento con el presidente del parlamento venezolano Henry Ramos Allup, por haber cedido a las presiones de Voluntad Popular y Primero Justicia, de permitir desmantelar el partido socialcristiano Copei, viejo y cercano aliado de la DC chilena.

Todo parece indicar que este engorroso procedimiento no va a dar frutos de inmediato. . La cobertura mediática que han tenido estos recorridos encubre el hecho de que ningún presidente los recibió, ningún gobierno del área emitió algún tipo de declaración a favor de sus planes: no lograron el compromiso de un solo gobierno de la región para solicitar que se active la llamada Carta Democrática de la OEA, a pesar del apoyo y ansiedad de Almagro y el gobierno de EE.UU. al respecto.

Colofon 

Mientras, en lo interno la oposición multiplica los ataques contra las instituciones: el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia. Y, obviamente, el Ejecutivo.

Volviendo al referendo, a la oposición no le basta la mayoría de votos por revocar a Maduro, sino que debe reunir al menos 7.587.533 a su favor (los que eligieron a Maduro más uno) y eso no pareciera ser tarea fácil. Será un esfuerzo muy grande para una oposición llena de contradicciones internas,  fracturada entre egocentristas, golpistas y electoralistas.

¿Y si gana el referendo revocatorio? Posiblemente sería lo peor que le podría pasar a la derecha, porque se desatarían los demonios de la división y las ambiciones de poder, de cara a la candidatura presidencial. Todos estos pasos hacen ver más cercano el horizonte de 2018, cuando debería haber elecciones presidenciales y para las cuales ni bolivarianos ni opositores tienen un candidato.

Maduro no podrá ser candidato y el panorama dentro del Psuv no es mejor que en la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD).