En los últimos tiempos las ONG (Organizaciones No Gubernamentales) proliferaron como las verdolagas.
Las ONG surgieron hace algunos años. Según las declaraciones de sus fundadores, su misión era cumplir actividades sociales fuera de los esquemas y controles de los gobiernos o de otras instituciones del Estado. Por lo general, obedecían a la iniciativa de colectividades o de individualidades, interesadas en expresar una opinión o ejercer una función de vigilancia o de contraloría o de participación.
Muchas han cumplido y cumplen funciones útiles en beneficio de las comunidades. Hemos conocido experiencias en Estados Unidos y en Europa de ONG verdaderamente independientes, sin ningún control gubernamental y con iniciativa propia y sentido de la responsabilidad social. Por ejemplo, ONG dedicadas a la defensa del ambiente o en actividades contra la discriminación racial.
Sin embargo, no ocurre así en Venezuela. En nuestro país, bajo el ropaje de ONG, se han infiltrado desde aventureros hasta agentes de intereses extranjeros. En tales condiciones es indispensable la legislación e intervención del Estado a los efectos de regular e inspeccionar la fundación y actividades de quienes hablen o lleven a cabo actividades públicas a nombre de las organizaciones no gubernamentales.
Se trata de razones de seguridad nacional, también de protección de los intereses públicos. Las ONG que representan o están identificadas con intereses extranjeros deben registrarse y dar información regular de sus fondos, directivos y actividades. Igual deben hacerlo todas las ONG, independientemente de su naturaleza en defensa de la fe pública y de los intereses de la comunidad venezolana.
