Un grupo de compatriotas, al cual me honro en acompañar, introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, la solicitud de anular el Decreto 2.248, contenido en la Gaceta Oficial 40.885 del 24 de febrero de 2016, mediante el cual se crea la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Este Decreto supera con creces las concesiones otorgadas por Juan Vicente Gómez para la implantación del modelo rentístico petrolero, hoy colapsado no sólo por la crisis mundial de la economía basada en ese recurso, sino también por el agotamiento, hace varias décadas, del carácter dinamizador del petróleo. La elite gobernante, incluida en ella la oposición que domina la Asamblea Nacional, busca desesperadamente prolongar el modelo rentista para seguir administrando las riquezas del país a favor del capital, sea este representado por los denominados boliburgueses o por los clásicos capitalistas parásitos. Si bien las concesiones petroleras de Gómez afectaron una mayor extensión del territorio que la planteada en el Decreto del Presidente Maduro para el Arco Minero del Orinoco, las inmensas consecuencias negativas ambientales, sociales y políticas de este Decreto dejan como un patriota a Gómez. Triste manera de pasar a la historia de quienes, sea en el Gobierno o en la Oposición, dejándose llevar por la codicia de la riqueza, están unidos para asestarle un grave daño a la Patria, afectándole sensiblemente su soberanía y dejándole a las generaciones que hoy se levantan una inmensa deuda. Sólo la reserva moral que el país dispone podrá detener este ecocidio neoliberal sancionado en nombre del socialismo bolivariano, con la anuencia de una oposición entregada a intereses foráneos, por lo que más temprano que tarde tenemos la esperanza de que se produzcan las acciones correctivas pertinentes. Si el atrevimiento de la elite tecnocrática de PDVSA en los años ochenta y noventa del siglo pasado de privatizar el usufructo de la renta petrolera fue detenido por las rebeliones civiles de febrero de 1989 y la militar de 1992, dando lugar al proceso constituyente que dio forma a la actual constitución; hoy la Constitución brinda los mecanismos para que acciones como la pretendida en el Arco Minero del Orinoco puedan ser revertidas, canalizando pacíficamente la rebelión que por la dignidad de la Patria se ha iniciado por un grupo de compatriotas. Con este acto ante el TSJ se inicia un deslinde ético dentro del chavismo para desmarcarnos de una gestión gubernamental que ya no sólo ha perdido la guerra económica sino que pretende enajenar la soberanía del país en nombre de intereses bastardos. Este deslinde es a dos bandas pues a la par del deslinde con el gobierno madurista, se deslinda de una oposición que le ha dado un visto bueno tácito a tamaña aventura. Ya el simple hecho de firmar la solicitud de nulidad del Decreto 2.248 es una acción de deslinde. Empieza ahora la larga marcha por el rescate del Arco Minero del Orinoco con el concurso de los indígenas y de todos aquellos venezolanos y venezolanas capaces de mirar al país por encima de sus intereses particulares e inmediatos.
