Con bombo y platillo y en ceremonia de altos vuelos se dio vigencia al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); toda una parafernalia legislativa que hará que todo cambie para que todo siga igual, simple gatopardismo. Reitero lo dicho: un sistema anticorrupción diseñado y aprobado por los corruptos no harán más que engrosar burocracias y tapaderas para impedir que los buenos caigan en corruptelas, pero que permitirá a los malos, continuar con sus negocios con plena libertad, salvo el caso de que fuesen estúpidos. El propio Peña Nieto lo confirma con sus ofrecimientos de disculpa, no por haber delinquido en la operación de la llamada "casa blanca", sino por no haber calculado el efecto sobre la percepción de la sociedad; como quien dice que la operación fue legal, sin cortapisa, pero que adoleció de legitimidad a los ojos de la opinión pública. Más claro ni el lodo.
La legitimidad de algo tiene que ver con normas subjetivas propias de la moral, las que no pueden encajonarse en leyes sino en actitudes personales y colectivas. Calderón, por ejemplo, pudo manipular para ser un presidente legal, pero nunca pudo ser legítimo, igual sucede con la elección de Peña Nieto. En ambos casos ha sido la "percepción social" –que no las leyes- la que ha determinado su ilegitimidad. Para el político corrupto, tal legitimidad le resulta tan imperiosa como la llamada a misa; se la pasa por el arco del triunfo.
El paquete tan pomposamente instaurado sólo podrá castigar al corrupto que cometa la estupidez de dejar huella comprobable, en cuyo caso no se castiga la corrupción sino la estupidez. Igualmente, el SNA sólo es aplicable a los actos que implican dineros inmediatos, pero no evitan los compromisos a futuros; por ejemplo: Zedillo otorgó la privatización de los ferrocarriles y, a lo mejor, no percibió alguna remuneración por ello; fue hasta después de dejar la presidencia que las compañías beneficiadas le expresaron su agradecimiento contante y sonante al incorporarlo a su consejo de administración.
Todo el aparato legal instaurado no puede evitar que, por ejemplo, un diputado vote una ley contraria al interés nacional, aunque reciba prebendas de parte de quienes la promueven; o que un partido o varios se confabulen para entregar la riqueza del patrimonio nacional a los particulares nacionales o extranjeros, a cambio de mantenerse en el poder, como ha sucedido con las últimas seis administraciones presidenciales.
Es corrupto e ilegítimo que el responsable de la estadística nacional aplique fórmulas diseñadas para producir una información favorable a determinada política pública, como recién sucedió con el Modulo de Condiciones Socioeconómicas del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) que arrojó una insostenible información de reducción de la pobreza en el país. El asunto no es punible, no obstante expresar una brutal inmoralidad.
Es una tremenda falta de ética que el secretario Nuño, negocie con la dirigencia corrupta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) posibles adecuaciones a la reforma educativa, negándolo a quienes, desde la resistencia y la honestidad, las han demandado vigorosamente. Es una maniobra política válida únicamente para quienes usan las atribuciones de la autoridad para imponer sus intereses.
En fin, el tan celebrado SNA es sólo una estrategia engañabobos para fingir satisfacer a la exigencia social de combatir la corrupción, sin tocar lo mero principal que es la moralidad de quienes detentan el poder. Es este asunto, por cierto, el que coloca a López Obrador en el centro de la agenda política nacional, por más que se empeñen en desaparecerlo los medios de confusión. Su postulado va contra la corrupción, pero sobre todo va por la transformación radical de la forma de hacer política de manera que no tengan cabida los malandrines que la han prostituido.
