• Reivindicación y defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como documento fundamental de la patria y como guía principal para solventar la profunda crisis política que vive Venezuela actualmente.
• Reivindicar la soberanía del pueblo ejercida a través del sufragio universal y a través de las asambleas populares en las instancias de base de la sociedad: comunidades, fábricas y empresas, zonas campesinas, centros educativos, instituciones públicas y privadas.
• La clave de un sistema democrático son las reglas de juego claras, el cumplimiento estricto de las normativas y plazos electorales que garantizan la participación organizada del pueblo y su decisión soberana sobre el destino de la nación, y el respeto a las diversas tendencias políticas que puedan existir, siempre que se acojan al cumplimiento de la Constitución y las leyes.
• Respeto al principio constitucional de participación proporcional de las minorías.
• Reivindicar los derechos humanos fundamentales consagrados en la CRBV, cuyo cumplimiento estricto permitirá resolver los graves problemas socioeconómicos que hoy afectan al pueblo trabajador en Venezuela.
• Combatir el nepotismo en la administración pública.
• Desvincular el ejercicio de cargos públicos de las actividades económicas privadas.
• Aspectos de la democracia participativa que deben cumplirse estrictamente:
  • La Asamblea Popular como organismo primario de discusión y decisión.
  • La subordinación de los entes municipales y regionales (Alcaldías y Gobernaciones) a las decisiones de las Comunas, Consejos Comunales y otras instancias de participación popular de base.
  • La elección directa de todo cargo público.
  • La rendición obligatoria de cuentas y el derecho a revocar por referéndum a todo representante que no cumpla sus funciones.
  • Establecer límites de tiempo para el ejercicio de cargos públicos, y límites a los salarios de los representantes populares. El ejercicio de cargos electivos debe dejar de ser un privilegio para convertirse en una responsabilidad social, rompiendo la separación entre dirigentes y dirigidos. La política dejaría de ser una esfera para especialistas, una "profesión", para convertirse en asunto de toda la población.
  • La descentralización del poder, enfatizando en el federalismo y el poder local de las comunidades organizadas. Mientras menos poder tenga el Estado centralizado, más posibilidades habrán de participación popular en cuestiones directas del poder, siempre y cuando el poder burocrático central no sea sustituido por un poder burocrático regional, por élites locales que usurpen igualmente la soberanía popular.
  • La desmonopolización de los medios de comunicación, estableciendo controles y formas de gestión directa de las comunidades en ellos. El poder popular organizado desde la base (Comunas, Sindicatos, etc) debe mantener un control hacia los medios de información fundamentales como la prensa, televisión y radio, para evitar que los grupos empresariales o grupos de poder desde el Estado los utilicen para sabotear las transformaciones sociales que se vayan promoviendo.
  • La libertad de opinión, de discusión, y la democratización de los conocimientos.

PROPUESTAS EN LO ECONÓMICO:

• No al pago de la deuda ilegal. Moratoria unilateral de los pagos previstos en el presente año. Utilización de esos recursos para revitalizar la actividad productiva nacional.
• Estabilización de la política cambiaria eliminando las diferencias abismales entre los tipos de cambio existentes.
• Auditoría pública e independiente de la deuda, con participación ciudadana.
• Control centralizado de las importaciones y nacionalización de la banca. Creación de la Central Única de Importaciones.
• Llevar el salario mínimo y las pensiones al valor de la cesta básica (artículo 91 de la CRBV). Indexación salarial cada tres meses de acuerdo al aumento de la inflación.
• Control estricto de precios en alimentos, medicinas, vestidos, calzados, electrodomésticos, repuestos de vehículos y demás bienes de uso cotidiano por las mayorías populares.
• Confiscación de bienes y penas de cárcel a todos aquellos funcionarios y particulares involucrados en fraudes cambiarios y acciones de contrabando (artículo 116 de la CRBV).
• Una revolución productiva que relance la industria y la agricultura nacionales a partir de una autocrítica profunda sobre los planes y políticas aplicadas por la revolución.
• Por la defensa de las empresas estratégicas en manos del estado con nuevas inversiones, con control social de los trabajadores.
• Controles estrictos en las fronteras para evitar que siga existiendo el contrabando de gasolina y productos básicos.
• Investigar los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y niveles de vida de todos los mandos militares que han pasado por el control de la frontera en los últimos diez años. Búsqueda de testaferros para adquirir viviendas, terrenos y otras propiedades, y empresas que se hayan fundado con el dinero obtenido de las coimas cobradas por permitir el paso de contrabando hacia los países vecinos. Igual debe hacerse con los responsables de Mercal, Pdval, y las redes privadas.
• Todos los funcionarios que hayan ocupado cargos de dirección en el gobierno bolivariano que impliquen manejo de finanzas, deben realizar declaración de bienes, y ser sometidos a investigaciones similares a las ya mencionadas, para detectar cualquier indicio de enriquecimiento súbito y de poseer bienes no acordes a sus ingresos.
• Cuando hayan evidencias de enriquecimiento no demostrable, los culpables deben ser destituidos y sometidos a los juicios correspondientes por corrupción y traición a la patria. Hacer públicos los nombres de estas personas, una vez que se compruebe su culpabilidad.
• Reforma fiscal que peche a los más ricos y descargue a los trabajadores. Reducción del IVA con tendencia a su eliminación. Aumento del Impuesto sobre la Renta a los grandes capitalistas: empresarios, banqueros, compañías extranjeras.

Maracaibo, abril de 2017.