El día sábado 4 de Agosto, cuando se realizaba el acto de conmemoración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, el país fue sorprendido por un hecho atroz: el intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro Moros. La historia registra en la llamada época de la democracia representativa, el intento de magnicidio contra el Presidente Rómulo Betancourt, el 24 de Junio de 1960, en el acto del aniversario de la Batalla de Carabobo.
Ambos eventos, a pesar de la distancia histórica y de la naturaleza implícita en el ejercicio del poder de ambos gobernantes, tienen un elemento en común: fueron perpetrados por sectores políticos de la extrema derecha. En el caso del intento de magnicidio contra Betancourt, se señaló al dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo de ser el autor intelectual y financista directo de aquel hecho bárbaro. Respecto del atentado contra el hermano Nicolás Maduro, ya se tiene conocimiento de causa de la implicación de sectores de extrema derecha residenciados en EEUU y Colombia, con la participación de dirigentes de la derecha venezolana. La historia se repite, la extrema derecha siempre de estirpe fascista, es la protagonista del abominable expediente magnicida, está en su ADN el gen del asesinato directo como método para sacar del poder a su adversario.
No ha sido nunca el magnicidio, un instrumento de confrontación política de la izquierda política venezolana. Ni en los momentos más duros de la guerrilla de los años 60 del siglo XX, a pesar del dolor que provocaba en los mandos políticos la desaparición forzosa y los asesinatos de dirigentes de los partidos de izquierda por parte de los gobiernos de turno de la derecha puntofijista, se tuvo el magnicidio como método de lucha para generar conmoción e intentar tomar el poder político.
Si observamos a Colombia y entendemos el concepto de magnicidio en sentido amplio, nos percatamos rápidamente de que en esa nación el magnicidio es la forma de lucha predilecta de los factores de poder de la oligarquía económica, de los sectores políticos que controlan el poder del Estado, al menos desde Santander hasta nuestro tiempo. El magnicidio es el modo de ser de la derecha colombiana, de allí que no extraña para nada, la presencia del tenebroso Álvaro Uribe en la trama magnicida contra el Presidente Nicolás Maduro.
Ahora, cabría preguntarse por qué este intento de magnicidio empleando medios sofisticados y un número tan elevado de personas para cometerlo, se produce en estos momentos. Por qué ahora y no antes, que indujo a la extrema derecha implicada junto a la extrema derecha colombiana-mayamera a cometer acto criminal deleznable?. Por qué no se produjo en el momento político de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente o de la elección Presidencial?
Tal vez en aquel momento cualquiera hubiese podido pensar o deducir que el atentado podía tener motivaciones fundamentalmente políticas, impedir la conformación de un órgano con poderes especiales amplios, o evitar la reelección por 6 años más del Presidente Maduro.
El asunto es que el atentado se produce ahora porque sus motivación es esencialmente económica. Se produce luego de los anuncios económicos del Presidente Maduro, sobretodo el ajuste del precio de los combustibles, que es el negocio del cual se sostienen por igual las mafias de narcotraficantes, los sectores de la oligarquía financiera y los sectores políticos de la extrema derecha de Venezuela y Colombia. Un negocio más rentable que el tráfico de cocaina, por la escasa logística que requiere, en torno al cual se mueven más de 10 mil millones de dólares, suficientes para sostener la economía de varios departamentos fronterizos
Colombianos, más que suficientes para pagar grupos mercenarios, comprar tecnología sofisticada para cometer atentados y sostener a cuanto espécimen pulule en cualquier medio de comunicación sea en Miami, Venezuela o Colombia.
Ciertamente la eliminación de un negocio de esta magnitud tenía que provocar la ira de sus operadores. De allí la virulencia criminal es su reacción. Para ellos la única forma de frenarlo, aunque sea temporalmente, es produciendo un hecho que genere una conmoción total o una guerra civil en la cual puedan sostener el mejor negocio de la actualidad. Para la Oligarquía Bogotana y sus círculos políticos de poder le viene como anillo al dedo, ya que desentendidos como están de cubrir las necesidades de la inmensa población colombiana que subsiste gracias al negocio con la gasolina venezolana, tendrían la mortificación de los conflictos sociales que pudieran generarse en su territorio.
Muchos dolientes tiene la medida del combustible para creer en la calma ante el anuncio del jefe del Estado venezolano, y conociéndo la tradición magnicida colombiana no era difícil imaginar que esto pudiera ocurrir. Lo que sí sorprende es la reacción de ciertos sectores, que a pesar de las confesiones de algunos fanáticos del crimen que se deleitan narrando los preparativos y las peripecias del atentado (Jaime Bayly) no dicen absolutamente nada, no lo condenan ( como si lo hicieron institucionalmente en 1960, en ocasión del atentado contra Betancourt ) con lo cual se convierten en cómplices directos de un acto criminal que intentó cegar la vida de un ser humano. Y aquí la pregunta: por qué no lo condenan, será que de alguna manera se benefician del festín orgiástico fronterizo, si no, al menos no le disgusta.
Todo venezolano que no condene este abominable acto criminal, con todas las evidencias públicas que ya existen, deja abierta la posibilidad de que en nuestro país, esa vieja y aborrecible práctica del magnicidio venida desde Colombia, se transforme en moneda de curso legal, luego será tarde y para nada valdrá el arrepentimiento.
