Este título pudiera lucir exagerado y hasta de tremendismo. No obstante, la verdad es que tiene sentido, al considerar la situación o circunstancia que padecen los 30.000 jubilados relacionado con el justo reclamo de este colectivo de la industria petrolera, petroquímica nacional, PDVSA por los haberes e intereses del Fondo de Pensiones. Al igual que el vital servicio vinculado a los Derechos Humanos, como es el Seguro de Hospitalización y Cirugía, pago de medicinas y asistencia médica con el propio seguro de la empresa SICOPROSA. Debido a esta crítica situación han fallecidos por desnutrición, falta de medicinas y atención médica, un grupo grande de jubilados, del cual tiene conocimiento el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), e instituciones del Poder Moral, como la Fiscalía General de la República y Defensoría del Pueblo, por haberse planteado ante ellos, y lo más importante, el Primer Mandatario Nacional Nicolás Maduro Moros, que no se ha manifestado sobre el caso, del cual también tiene conocimiento a través de sendas comunicaciones enviadas al Palacio de Miraflores por dirigentes de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (AJIP), y por la Comisión Presidencial para la defensa, reestructuración y reorganización de la industria petrolera nacional, que nada hace al respecto. Esta lamentable situación con los jubilados de PDVSA está ocurriendo desde hace 4 años, y puede catalogarse de genocidio, pues el gobierno nacional “socialista” está sometiendo a este vulnerable grupo social, a la aniquilación o exterminio inducido y sistemático, ya no por motivos, raciales, políticos o religiosos, sino por la falta de respeto, consideración, humanidad y sensibilidad social, al desconocer acuerdos previos y dar largas a este importante y vital asunto.
Para hacer una breve reseña histórica sobre el caso, señalamos que el 21/07/1993, se creó el Fondo de Pensiones y es con ocasión de este hecho que nace la posibilidad de hacer ajustes al monto de la pensión. El Fondo de Pensiones bajo la forma de Asociación Civil conocida como APJ-PDV sin fines de lucro, constituida por PDVSA y sus filiales, tiene como objetivo proveer a sus jubilados, de un plan orientado a compensar en el tiempo la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones de los jubilados, y esto se haría en función del rendimiento que se obtenga por la administración de los haberes de la Asociación (Reservas actuariales para el pago de las pensiones de los jubilados y sobrevivientes inscritos en ella).
La Asociación Civil APJ-PDV está constituida por PDVSA y sus filiales con la calidad de asociados, y los jubilados y pensionados como “beneficiarios”. Son los asociados reunidos en Asamblea los que constituyen la máxima autoridad de APJ-PDV. La administración de esta Asociación Civil la ejerce una Junta Administradora, constituida por el Presidente y 5 Directores Principales y 6 Suplentes, cuya designación (entre las personas autorizadas previamente y por escrito por el Directorio de PDVSA) está a cargo de la Asamblea. También cabe señalar que las decisiones con respecto al cambio de estatutos, fusión, disolución y liquidación, distribución de beneficios, ajustes de pensiones, administración de fondos especiales, traspasos de la cartera de inversiones o parte de ella, deberán contar con la autorización previa y por escrito del Directorio de PDVSA.
En lo administrativo y respecto a los jubilados y sobrevivientes, calificados como “Beneficiarios de la Asociación”, recibirán de ella el pago mensual de su pensión y al final del año una Bonificación Anual. También corresponde a APJ-PDV el pago de los beneficios excedentes al cierre de cada ejercicio económico, que les serán abonados de acuerdo con la distribución aprobada por la Asamblea. Esta distribución podrá tener las siguientes formas:
• Ajuste del monto de la pensión del año siguiente inmediato.
• Pago de bonificación anual.
• Cualquier otra modalidad de distribución.
En el año 2005, durante la administración de Rafael Ramírez, se violaron principios de Constitucionalidad al modificar unilateralmente los estatutos de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones (APJ-PDV), cambiando mediante componendas y artilugios, el artículo 33 y otros, de los Estatutos del Fondo de Pensiones, y desde el punto de vista legal, se considera que se violó la progresividad, intangibilidad e viabilidad de los derechos laborales del colectivo de jubilados de PDVSA.
Con esta acción jurídica que podría constituir un “presunto” fraude al atribuirse mediante adefesio legal, el capital millonario y los cuantiosos haberes y gananciales, realizados en dólares, propiedad del colectivo de jubilados de PDVSA, pasaron a ser utilizados en gastos e inversiones en proyectos del Ejecutivo Nacional, entre otros, la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), y el caso más emblemático, la estafa al Fondo de Pensiones PDVSA, realizada por Francisco “Pancho” Illaramendi, asesor financiero de Rafael Ramírez, a quien, el 16/06/2011, la juez Janet Arterton de Connecticut - U.S.A., emitió la orden para congelar los activos de 3 fondos de inversión y ordenó que estos fondos de cobertura, incluyendo 230.000.000 de dólares en cuentas offshore sean devueltos a U.S.A., y los voceros del tribunal, señalaron que el monto podría elevarse a la suma de 543.000.000 de dólares "orquestado" por Francisco “Pancho” Illaramendi contra el Fondo de Pensiones de PDVSA.
La arbitraria actuación antes descrita, generó la cuantiosa suma no cancelada y que corresponde a los intereses de los diversos pagarés firmados por el capital utilizado, y de acuerdo con los informes de auditoría externa de la Firma de Auditores Independientes KPMG, al Fondo de Pensiones y estados financieros de PDVSA, correspondientes al año 2016, de las cuales me informaron que AJIP tiene copia fiel del documento original, y que el monto de los pagarés es de 1.115.000 dólares, cuyos intereses no han sido pagados, y de los excedentes de ingresos del Fondo de Pensiones que tampoco se han cancelados, ni distribuidos, y por ambos conceptos, el monto asciende a cuatro millardos, ochocientos millones de dólares.
En fin, no podemos desconocer la realidad geopolítica y económica de nuestro querido país con las sanciones unilaterales, bloqueo económico y financiero, despiadado asedio en nuestras actividades mercantiles, apropiación indebida de nuestras empresas CITGO y Monómeros. Asimismo, se han afanado las divisas depositas en países europeos y el oro en Inglaterra. Sin embargo, cuando el gobierno nacional toma acción sobre problemas vitales como la actual pandemia que sufre el planeta Tierra, se hace sentir, y en tal sentido, valoramos y apoyamos la preocupación y acciones del ejecutivo nacional a través de la Comisión Presidencial de Combate contra el COVID-19, que no descansan, con gigantesca logística e importantes inversiones. Esta misma decidida acción que el gobierno nacional bolivariano asumió para contrarrestar la pandemia del COVID-19, debería tener con la deuda de los jubilados y sobrevivientes de PDVSA, y quizás no se pudiera dar de un solo golpe, pero deberían hacer pagos mensuales hasta actualizar la deuda pendiente y continuar honrando los futuros pagos. Es importante resaltar que los jubilados y sobrevivientes mantienen su cualidad de “Beneficiarios” y en consecuencia el derecho a recibir, oportunamente, todos los pagos que le correspondan como tales. … ¡Amanecerá y veremos!
