La autoproclamación inconstitucional del diputado del partido Voluntad Popular Juan Guaidó como "presidente de la república interino" aupado por el gobierno de EEUU y el llamado Grupo de Lima, inició una fase inédita de la crisis político institucional del país. Esa iniciativa se adelantó sin haber sido consultada con el resto de los partidos integrantes de la alianza opositora del llamado G4 y sin haberse sometido a la consideración de la Asamblea Nacional. Con ello se evidenció desde el principio la subordinación total de la cúpula de ese bloque opositor, al plan de Washington destinado a desencadenar un cambio de régimen basado en la estrategia del montaje de un gobierno paralelo y la ejecución de un hecho de fuerza a través de un golpe de estado, un estallido social provocado por el endurecimiento de las sanciones económicas o una intervención extranjera.

El golpe de estado bufo del 30 de abril de 2019 y la operación mercenaria "Gedeón" del 3 mayo de 2020, no lograron su propósito de provocar un levantamiento en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin embargo, las sanciones del gobierno de EEUU y sus aliados dirigidas a bloquear el financiamiento de las importaciones esenciales y las exportaciones petroleras, sí lograron su cometido de profundizar la crisis social y económica preexistente derivada de la pésima gestión de Nicolás Maduro, quien con ellas obtuvo en bandeja de plata la excusa perfecta para tapar su incompetencia estructural. Mientras tanto, el gobierno virtual de Guaidó, emulando al de Maduro, manejó a su antojo y con toda clase de corruptelas los activos de las República en el exterior ilegalmente puestos a su disposición por el gobierno de Trump.

El empeño de Guaidó y de la cúpula de la alianza G4 por mantener la estrategia fracasada del gobierno paralelo y llamar de nuevo a la abstención en las elecciones parlamentarias del 6D, precipitó múltiples fracturas al interior de los partidos que la conforman, esto es, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Aprovechando el río revuelto en la oposición guaidoista, el gobierno de Maduro facilitó a los disidentes del G4 su participación electoral utilizando el martillo del TSJ para asignar arbitrariamente la representación legal de dichas organizaciones, lo cual lógicamente ha debido ser el resultado en una consulta interna a los militantes de esas organizaciones, sin la interferencia de un poder judicial que recibe órdenes de Miraflores.

Mientras se producía la reconfiguración de la oposición con el surgimiento en el G4 de un sector que se deslindó de la estrategia golpista y abstencionista para asumir la ruta electoral, convergiendo con las organizaciones opositoras que participaron en las elecciones presidenciales de 2018, en el seno del Gran Polo Patriótico (GPP), en donde la procesión se mueve por dentro y comienza a estar en ebullición, también se produjeron desprendimientos debido a diferencias en torno a la política económica, a la gestión del gobierno en materia social y laboral, a la persecución de la disidencia y a la criminalización de la protesta social surgida como respuesta a la precarización de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo venezolano.

Para intentar controlar el daño causado por la disidencia al interior de la alianza del GPP, la mano larga del gobierno utilizó de nuevo el martillo del TSJ para intervenir los partidos PPT, Tupamaro, UPV entre otros, con el fin de entregarle la representación oficial a los dirigentes de esas organizaciones que le son leales. En el caso del PCV se abstuvo de hacerlo, quizás para evitar daños políticos mayores, lo que permitió la conformación de una alternativa electoral disidente del GPP alrededor de la tarjeta del PCV, la cual sin retroceder en la defensa de la soberanía frente a la agresión imperialista, dio un paso al frente en la defensa de los derechos sociales plasmados en la Constitución Bolivariana que la cúpula madurista a echado por la borda.

En este contexto está surgiendo un nuevo escenario derivado del realineamiento de fuerzas, tanto en la oposición como en la gobierno, que apunta hacia la re-polarización política del país. Con la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el protagonismo de la oposición podría ser asumido por el conjunto de organizaciones políticas y sociales opositoras, diversas y plurales, que están participando en las elecciones parlamentarias del 6D, siempre y cuando tengan la voluntad real de hacer causa común y dar la batalla en defensa de la Constitución, para impulsar la reinstitucionalización del país hacia la superación de la crisis política mediante el diálogo y la negociación. El sector opositor guaidoista promotor de la sanciones criminales, del golpe de estado y la intervención extranjera, el que sigue la estrategia del gobierno de EEUU para instalar en Venezuela un gobierno títere funcional a sus intereses geopolíticos, quedó descolocado y fuera del juego, reducido a su condición de peón imperial.

El Gobierno-PSUV aferrado al poder está blandiendo la "ley antibloqueo" para avanzar a troche y moche en la implantación de un régimen autoritario neoliberal al margen de la Constitución, intentando pasarla subrepticiamente como la constitución de "transición" de facto que concentra el poder en el Ejecutivo, con el argumento baladí de que con ella supuestamente se logrará "romper el bloqueo". En realidad es un disfraz creado para enmascarar la subasta en proceso al capital transnacional del patrimonio económico y natural de la Nación, y para apalancar la nueva burguesía emergente nacida de la corrupción y del desfalco a la Nación. Es en esas circunstancias donde podría jugar un papel importante una bancada opositora en la nueva Asamblea Nacional, confrontando el proyecto autoritario desnacionalizador del gobierno e impulsando un acuerdo nacional para priorizar la atención de la emergencia social humanitaria y la convocatoria al poder constituyente a través de un referéndum consultivo, para abrogar la Ley Antibloqueo. Esa nueva Asamblea Nacional tiene la potencialidad de convertirse en una caja de resonancia del sufrido pueblo de Venezuela, que día a día lucha por sobrevivir en medios de grandes privaciones que le impiden satisfacer sus necesidades más esenciales, y reclama en la calle su derecho a vivir dignamente y en paz. Eso sería posible si más allá de las provocaciones ventajistas del gobierno y de los cantos de sirenas abstencionistas del guaidoismo pitiyanqui, una buena parte del 80% del rechazo que tiene el gobierno de Maduro se convierte en un tsunami de votos. En ese caso, se estaría enviando una señal clara al mundo de la voluntad del pueblo de Venezuela de rechazo al régimen autoritario de Maduro y la reafirmación de la soberanía frente al proyecto intervencionista de Guidó. Sería un primer paso en la ruta hacia la reinstitucionalización del país y en el rescate del voto como herramienta para el ejercicio de la soberanía popular y el cambio político.

La Alternativa Patriótica Revolucionaria (APR), conformada por organizaciones políticas y sociales que se deslindaron del gobierno de Maduro, podría jugar un papel importante en la construcción de un bloque democrático opositor que impulse la reconstrucción del movimiento popular, si logra convertirse en una referencia para canalizar el chavismo crítico disidente y la lucha del pueblo contra la ley antibloqueo, por el restablecimiento de la Constitución y la atención de la emergencia social compleja con la mirada puesta en un nuevo comienzo.