Históricamente, el Banco Central de Venezuela (BCV) nunca ha disfrutado de autonomía, sino de sumisión ante las instituciones financieras internacionales. 

En 1989, el gobierno neoliberal y corrupto de Carlos Andrés Pérez acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI) para someterse a su programa de ajustes y obtener un financiamiento de 4 mil millones de dólares. Entre las condiciones que el FMI le exigió al país, estuvo la de decretar la llamada “autonomía” del BCV, la cual nunca sirvió a los objetivos planteados sino que garantizó la continua sumisión y aplicación del neoliberalismo en Venezuela.  

La llamada “autonomía” del BCV fue creada mediante ley en diciembre de 1992, con el objetivo de “restablecer en el país la estabilidad de precios, factor clave para el éxito de una política encaminada a modernizar la economía y a la resolución de los problemas económicos y sociales.” Dicha “autonomía”, permitiría establecer el “nuevo concepto de política monetaria con un objetivo claro: la estabilidad monetaria.” 

Dicho objetivo jamás se cumplió. 

Junto a la pobreza, la inflación aumentó desproporcionadamente durante los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), el interino de Ramón J. Velásquez (1993-1994), y Rafael Caldera (1994-1999), todos ellos de corte neoliberal y sumisos ante las políticas monetarias impuestas por el FMI a través de un BCV dirigido por tecnócratas neoliberales que nunca fueron electos democráticamente y que jamás le rindieron cuentas a la nación por el estruendoso fracaso de su gestión que trajo miseria a millones de venezolanos. 

Fuente: Banco Central de Venezuela 

Precisamente, la inflación, que ya era alta, se incrementó inmediatamente después de decretada la llamada “autonomía”, y solo pudo ser controlada durante los primeros años de gobierno del Presidente Chávez, y posteriormente, tras el golpe de Estado de 2002 y sabotaje petrolero de 2003, mediante la modificación de la Ley del Banco Central que le otorgó al Estado mayor libertad para la formulación y ejecución de la política económica, lo cual repercutió favorablemente en los índices de inflación, reducción drástica de la pobreza y aumento importante del desarrollo humano. 

La llamada “autonomía” del BCV se basó además sobre la falsa premisa del “Estado irresponsable”, tesis en la que se ha fundamentado el paradigma neoliberal, al exponer en la introducción de la propia ley de 1992 que “los gobiernos, en razón de sus funciones propias y de los fines que deben atender, tienden a tener una visión de corto plazo acerca del curso más apropiado de la economía y de la política monetaria.” 

Por si fuera poco, dicha “autonomía” le aseguraba a su vez al FMI, no solo la puesta en marcha de sus políticas neoliberales, sino también la cancelación oportuna de las obligaciones contraídas por el Estado ante dicho organismo. En su Articulo 2, inciso 6, ley de 1992 le impone al BCV “asumir las obligaciones de Venezuela en el FMI, en todo lo concerniente a la suscripción y pago de las cuotas que le corresponda, a las operaciones ordinarias con dicha institución y a los derechos especiales de giro.” 

Durante las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, el reducto neoliberal puntofijista que aun anidaba en el seno del proceso bolivariano y que encarnaba el proyecto perverso de Alfredo Peña y sus socios de El Nacional para secuestrar la revolución, se le otorgó rango constitucional a la llamada “autonomía” del BCV en detrimento de la soberanía del Estado. 

No obstante, la salida de Venezuela del FMI que quiebra el vínculo de dependencia histórica del BCV con las instituciones financieras internacionales, y la reciente propuesta de Reforma Constitucional que propone el fin de la “autonomía” del BCV, mas no así de sus funciones, El Estado recupera plenamente su soberanía para la formulación y ejecución de la política monetaria nacional.  

Dicha propuesta, sin embargo, no implica la eliminación del BCV, ni lo excluye de sus funciones técnicas pertinentes. La Reforma Constitucional contempla el trabajo conjunto entre el BCV y el Estado en la formulación y ejecución de la política monetaria y cambiara, así como en la regulación del crédito, tasas de interés y manejo de reservas. Igualmente participara junto al Estado en establecer el nivel de las reservas necesarias para la economía del país y destinar sus excedentes a un fondo de desarrollo destinado a la infraestructura e inversión social y productiva.  

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Internacionalista