La apertura de un proceso de negociación política, dirigido a realizar un Canje Humanitario de prisioneros de guerra y de otras personas en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP y de guerrilleros y bases civiles insurgentes prisioneros del gobierno de Colombia, exige una clara voluntad política de las partes, apoyos importantes de sectores y personalidades influyentes en el país y, la habilidad política y la perseverancia personal de un mediador excepcional, como el presidente Chávez, que permita construir un escenario de diálogo franco y sincero de las partes que los conduzca a su mutuo reconocimiento, por lo menos en lo que se refiere a la solución del problema de las personas en cautiverio y, a la seguridad de que ninguno de los dos tomará ventaja política ni militar como consecuencia de tales eventos.

Tales condiciones hicieron posible durante el proceso de negociación realizado en la población de El Caguán, entre las FARC y el gobierno de Misael Pastrana Borrero, la libertad de más de 300 miembros de las Fuerzas Militares y la Policía del Estado Colombiano y una serie de beneficios de libertad a efectivos y bases políticas de la organización político militar; proceso finalmente frustrado por las presiones de los Estados Unidos y sus aliados de la oligarquía colombiana interesadas en la derrotada militar de las FARC, con el fin de evitar las reformas políticas profundas que requiere el Colombia para su desarrollo democrático y el bienestar de sus millones de habitantes.

En estas circunstancias, salvando el actual escenario interno colombiano y a las nuevas realidades geopolíticas del planeta y, de la región latinoamericana- caribeña en particular, es importante recordar el esfuerzo realizado en 1983 por los gobiernos de México, Panamá, Venezuela y - ¡ que ironía!, Colombia, para propiciar un proceso de superación de los conflictos armados que se venían desarrollando en Centroamérica, creando el llamado Grupo de Contadora ( en alusión a una isla de ese nombre donde se firmó el acta constitutiva del grupo pacificador), organización internacional que fue secundada en 1985 por el Grupo de Apoyo integrado por Perú, Argentina, Brasil y Uruguay.

El Grupo de Contadora fue la más novedosa y provechosa experiencia continental de trabajo desde los gobiernos para la solución pacífica de conflictos armados internos y, aunque fue sostenidamente torpedeado por los Estados Unidos y sus grupos oligárquicos aliados, quienes rechazaban, como hoy en Colombia, la presencia internacional en la búsqueda de una solución política negociada del conflicto interno, creó las condiciones necesarias para que el 7 de Agosto de 1987, los presidentes Oscar Arias, de Costa Rica, Vinicio Cerezo, de Guatemala, José Azcona, de Honduras y Daniel Ortega, de Nicaragua, suscribieran el histórico Acuerdo de Esquipula II, que, aunque no satisfizo a todas las partes, echaron las bases para la superación negociada de los conflictos armados en Centroamérica, y que estos pueblos descendientes de la luminosa nación maya, pudieran avanzar en la construcción de una nueva realidad de paz que hicieran posible las transformaciones democráticas de las sociedades y los Estados y la garantía de la mayor suma de bienestar para las grandes mayorías excluidas.

La experiencia del Grupo de Contadora y el Acuerdo Esquipula II, nos indica que en atención a la carga expansiva que el conflicto armado colombiano tiene, la internalidad de tal conflicto se abre a una suerte de internacionalización que legitima a los gobiernos y pueblos afectados a promover acciones, respetando los principios de Autodeterminación de los Pueblos, dirigidas a contener sus efectos externos y favorecer la solución dialogada de la confrontación político-militar. Ello obliga a una postura de observación y neutralidad interesada que justifica el uso de todas las herramientas del derecho internacional y las prácticas políticas internacionales, para contribuir, desde una iniciativa colectiva, a establecer puentes de entendimiento, dialogo, negociación y acuerdo mutuamente satisfactorio para las partes.

En el caso de Colombia, las reglas y delicadezas diplomáticas, el respeto a un gobierno legal y los diversos vínculos con el país vecino, obligan a considerar el conflicto armado como un problema interno, pero cada vez es más evidente que hace mucho tiempo a dejado de serlo y prueba de ello lo constituyen los millones de refugiados y emigrados colombianos repartidos por América Latina, Estados Unidos y Europa, la estructura de violencia y criminalidad procedente de las fronteras colombianas con Venezuela, Ecuador, Brasil, Panamá y Perú y, los efectos perversos que tal actividad delictiva tiene sobre el intercambio comercial y el tránsito de personas desde y hacia Colombia.

En ese sentido, la existencia del Grupo de Contacto, integrado por Suiza, España y Francia, constituye un elemento fundamental para generar procesos de negociación que, iniciados con la negociación sobre el Canje Humanitario entre el gobierno del presidente Uribe y la FARC, con la facilitación y mediación de la senadora Córdova y el presidente Hugo Chávez, puedan abordar una agenda más amplia hasta avanzar hacia la solución política del Estado Interno de Violencia y la entrada definitiva de Colombia al escenario democrático y pacífico que – en general - vive Nuestra América.