1. El referéndum revocatorio que invoca la oposición golpista, tiene un carácter contrarrevolucionario, es la continuación del golpe de abril del pasado año y del paro-sabotaje de diciembre-enero, esta vez apelando a la vía constitucional, a lo cual le pasaron por encima anteriormente, sin ningún tipo de contemplaciones. Es el intento de liquidar el proceso revolucionario por la vía electoral.
2. Con la revocación del mandato del presidente Chávez, buscan abolir la Constitución y liquidar las conquistas democráticas que ella contempla, pero más que otra cosa, persiguen frenar el avance del proceso revolucionario y evitar que una profundización de este, les confiera efectivamente el poder a los trabajadores y el pueblo. Tratan de repetir, salvando las distancias de tiempo y lugar, lo que sucedió en Nicaragua. Mediante la presión militar y el hambre, por una parte, y los acuerdos y las negociaciones por otra, intentan ahogar electoralmente el proceso.
3. Los golpistas no tienen ningún derecho a convocar un referéndum revocatorio, ellos tienen una deuda pendiente con el pueblo venezolano, le deben millones de bolívares a los venezolanos, deben vidas humanas. En realidad, deberían estar presos y no llamando a un referéndum. Esto es posible sólo gracias a la impunidad consagrada por el TSJ que consideró que los golpistas de abril del 2001 no habían cometido ningún delito.
4. El gobierno abrió la brecha para que la oposición golpista llamara a referéndum. Las firmas de sendos acuerdos en la Asamblea Nacional y en la mesa de negociaciones promovida por el PNUD, el Centro Carter y la OEA –el ministerio de colonias, como la llamara el Ché- abrieron el camino para que hoy estos intenten quebrar el proceso revolucionario por esta vía.
5. Los millones que se destinarían para celebrar un referéndum, se podrían utilizar desarrollando un plan de construcción de viviendas y obras públicas, así como para la dotación de los hospitales y construcción de escuelas.
6. Los mismos que impulsaron el paro de diciembre del 2001; los que llamaron al paro petrolero que precedió al golpe de abril del 2002; los que propiciaron la masacre en Miraflores y otras partes del país en aquella ocasión; los que promovieron el paro-sabotaje en PDVSA entre diciembre y enero, y que hoy quieren descargar sobre los hombros de los trabajadores y del pueblo las consecuencias del paro, mediante el despido y cierre de empresas, muchas de las cuales hoy se encuentran tomadas por los trabajadores (Constructora Nacional de Válvulas, Pepsi Cola, Venepal, Prevenca, Rodven, Textiles Fénix, Coca Cola, Sanitarios Maracay, Sea Boots, Plásticos Vinílicos) llaman ahora a un referéndum para frenar el proceso revolucionario que vive el país. Pero, con el fascismo no se discute. El fascismo no tiene ningún derecho democrático. Sólo los trabajadores y el pueblo, los que lucharon por mantener funcionando la empresa petrolera, los que defendieron las libertades democráticas y hoy quieren profundizar el proceso revolucionario, tienen el legítimo derecho de convocar a un referéndum. Y ese referéndum debe ser contra los diputados, alcaldes y gobernadores golpistas.
