Washington prepara una nueva cumbre presidencial hemisférica. La segunda desde que empezó el gobierno de George W. Bush, cuya atención preferente ha estado puesta sobre el Medio Oriente y no en el “patio trasero” latinoamericano. Fecha probable: octubre de este año. Lugar probable: México. Pregunta probable: ¿el presidente Hugo Chávez será invitado?

La interrogante tiene pertinencia ante lo que parece una política de aislamiento desplegada, cada vez con menor disimulo, por la actual administración norteamericana hacia Venezuela.

La intención de volver a reunir a Bush con sus homólogos de Canadá y América Latina fue revelada por Roger Noriega, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos de EE UU, a Andrés Oppenheimer, un articulista de derecha, quien publica su versión en el diario chileno El Mercurio, de la misma tendencia.

La primera y última reunión de Bush con sus pares regionales fue la Cumbre de las Américas, realizada en Québec en abril de 2001, donde se abrió el camino hacia la aprobación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que prevé sanciones para aquellos países donde se produzcan “alteraciones constitucionales”.

En esta oportunidad, el propósito de la cita sería, según le dijo Noriega a Oppenheimer, establecer “compromisos operativos y prácticos muy concretos” para garantizar que “políticas macroeconómicas responsables lleguen a los pobres”.

En otras palabras, sería una cumbre eminentemente económica, lo que hace pensar que, en realidad, la administración de Bush lo que busca es amarrar el apoyo de los Gobiernos del continente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), propuesta por EE UU para entrar en vigor en 2005.

Venezuela lidera la crítica continental a esa iniciativa y, en su lugar, ha propuesto la suya propia: la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba), aun cuando, al mismo tiempo, Chávez mantiene negociadores en las reuniones preparatorias del ALCA, y en alguna ocasión pareció moderar su postura al hablar de un “ALCA Light”.

El mayor apoyo a la posición venezolana proviene de los pequeños países del Caribe anglófono, temerosos de la imbatible competencia estadounidense, pero sobre todo de movimientos sociales de corte izquierdista, popular o nacionalista en el continente, que observan en el ALCA un mecanismo para la colocación de los excedentes de la producción norteamericana, en detrimento de las industrias nacionales y el empleo en las naciones latinoamericanas. Brasil también mantiene una postura crítica, que comparte su empresariado, pero mucho más cautelosa que la venezolana en el plano diplomático.

El artículo de Oppenheimer, quien, por cierto, no hace mención del caso venezolano, propone que la cita de octubre concluya con la aprobación de una Carta Económica que, así como hace la Carta Democrática en materia política, comprometa a los países de la región con “el respeto de la propiedad privada, la apertura comercial y la lucha anticorrupción”.

Es de suponer que un instrumento inspirado en tales valores contemplaría sanciones para aquellos países que vulneraran “la propiedad privada” y no accedieran a la “apertura comercial” implícita en el ALCA. En otras palabras, haría obligatorio el neoliberalismo y execrable cualquier modelo distinto.

Un tema álgido para una continente donde, a fuerza de fracasos económicos, florecen Gobiernos (como el de Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Gutiérrez en Ecuador y Chávez en Venezuela) y liderazgos políticos con opción de poder que, por convicción propia o por demanda de los pueblos exhaustos, llegan al poder con un discurso crítico hacia el FMI, el neoliberalismo y los “ajustes” de la década de los 90.

La convocatoria a la reunión de octubre aún no es oficial. Mientras es confirmada, cabe preguntarse si ésta, en caso de realizarse, será hecha a través de la OEA o como iniciativa particular de Bush.

En el primer caso, Venezuela tendría derecho a participar como miembro de pleno derecho de la organización. En el segundo, como es lógico, sería prerrogativa del anfitrión decidir a quién invita y a quién no.

Si Bush invitara a Chávez, seguramente entraría en problemas con los jefes del exilio cubano de Florida, enemigos del amigo de su enemigo, cuyos 26 votos del colegio electoral se perfilan decisivos en las elecciones presidenciales de noviembre de 2004. El reconocimiento implícito en tal invitación aliviaría el trato de “Estado forajido” que, en la práctica, ha venido dando Washington a Venezuela con las últimas declaraciones hostiles de parte de Colin Powell, Otto Reich, Roger Noriega y el general Myers, entre otros voceros norteamericanos.

La no invitación a Chávez haría de Venezuela la segunda nación, junto a Cuba, que es expresamente excluida de tales reuniones promovidas por EE UU.

¿Aceptarían los demás países latinoamericanos acudir a una cita donde Venezuela fuese excluida? ¿Qué posición adoptarían Lula y Kirchner?

Este escenario constituiría una prueba de fuego para todos. Más para Venezuela, pero también para EE UU, recientemente desairado por sus vecinos del patio trasero cuando –en votación secreta- no eligieron a ninguno de sus candidatos a la Comisión Interamericana de DDHH. Una espina clavada en el orgullo del águila.
Lo cierto es que la invitación a Chávez serviría para confirmar si la línea de Bush hacia Venezuela es la del aislamiento “de verdad-verdad”, o si las declaraciones de funcionarios estadounidenses sólo buscan darle aliento a sus socios de la oposición interna venezolana, en el momento cuando más lo necesitan. Habrá que estar atentos.

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