La situación actual da inicio a una nueva etapa del Proceso. Situación que
implica definiciones ideológicas para tomar la ruta correcta en este cruce
de caminos: reforma o revolución. La reforma, como lo hemos dicho antes, es
la continuidad del modelo político de la democracia representativa. Es
mantener vivo el espíritu pragmático y clientelar del usufructo del poder.
Es proseguir el ejercicio del mando sustentado en la fascinación del poder.
Es ser tolerantes con los adversarios que siguen dentro del mando de gestión
gubernamental y mantener relegados, fuera de todo tipo de influencia
política, a quienes mantienen sus convicciones revolucionarias. Es, en
síntesis, mandar de espaldas al pueblo.

Por su lado, la revolución, cuyo modelo político es la democracia directa
significa, antes que nada, transformar el poder en instrumento del pueblo.
Es transferir la toma de decisiones a las comunidades organizadas. Es
gobernar con base en los derechos de la participación del pueblo. Es darle
consistencia constitucional a los actos soberanos del colectivo nacional. Es
reconocer el derecho que tiene el militante, activista o revolucionario
identificado con el Proceso, para expresar sus opiniones y que éstas sean
respetadas. Es también aceptar las decisiones de la base, en todo lo
concerniente al ámbito de su competencia. Es, de manera concluyente, darle
todo el poder al pueblo. Esto es revolución. Cualquier conducta o decisión
que se adopte fuera de este marco conceptual no es revolución, es reforma.

Por lo tanto, la conducta reformista es la expresión contra-revolucionaria,
pura y simple. Por eso digo, insistentemente, que la coyuntura en la cual
nos encontramos exige la definición ideológica de manera inequívoca. O
estamos en un Proceso revolucionario y en consecuencia hay que ir a los
cambios estructurales de la génesis social para que mande el pueblo, o el
Proceso es la continuidad de la reforma pragmática que apunta hacia la
perpetuidad de la democracia representativa.

En la situación actual que abre la nueva etapa del Proceso, se destacan los
hechos releventes de este instante: (i) oposición reaccionaria, (ii) demanda
de golpe, otra vez. (iii) nuevo orden mundial (EE.UU., en su nueva fase
imperial), crítica situación económica, (iv) inconsistencia ideológica de
los gestores del poder público, (v) estructura del Estado articulada al
modelo de democracia representativa, lo que niega el desarrollo del modelo
político revolucionario, (vi) prácticas ilícitas que estimulan los
antivalores revolucionarios, (vii) amplios sectores comunitarios
desatendidos por los gobiernos locales y regionales que obligan la
desesperación y desencanto del pueblo. La coyuntura actual tiene que
finalizar con las elecciones constitucionales del 2004. Elecciones para ir a
la toma del poder local y regional como acto revolucionario. Es decir, ganar
los cargos regionales y locales para transformarlos en instrumentos del
pueblo y no como acto burocrático para usufructuarlos. La toma del poder
regional y local tiene que darle respuestas a las demandas del pueblo. Por
esta vía se corregirán los desvíos actuales y deberán repararse los hechos
reformistas que han atentado contra las expectativas de pueblo.

Si antes (Cuarta República) las elecciones eran consideradas como acto
contrarevolucionario, hoy en día (hacia la Quinta República) es todo lo
contrario. Hugo Chávez inició el acto revolucionario al tomar Miraflores.
Ahora para profundizar el Proceso hay que ir a las gobernaciones, alcaldías,
asambleas legislativas, concejos municipales, juntas parroquiales, a fin de
cambiar el modo de gestión. Pasar de la reforma "obligada" aceptando el
hecho de la transición entre 1999 y el 2004, para ir ahora a la revolución
tanto en su modo de dirección, (con el pueblo y para el pueblo) como en la
identificación ideológica. Hay que convertir las elecciones en acto
revolucionario para tomarlo y colocarlo al servicio del pueblo. Sólo así se
justifica el proceso político como revolucionario.