A propósito de la propuesta del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías, de proponer el reconocimiento internacional de Grupo Insurgente con status de Fuerza Beligerante con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, como medios idóneo para alcanzar un Acuerdo Humanitario y el inicio de un proceso de negociación con el gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez; la fracción narco-paramiliar y pronorteamericana dominante de la oligarquía santanderina y sus aliados de los medios de comunicación nacionales e internacionales, han intensificado su campaña de tergiversaciones y mentiras en contra del gobierno bolivariano, calificando sus acciones como “maltratadoras de Colombia”, “injerencistas”, “favorables al terrorismo” y, otras lindezas que pretenden negar la razón moral, la obligación política y el fundamento jurídico de una iniciativa perfectamente ubicada dentro de nuestro marco constitucional y los instrumentos internacionales sobre la materia.


Tal como lo acaba de reconocer el vocero en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja, el conflicto armado interno colombiano ha rebasado los límites ordinarios de la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas de ese hermano país, para ubicarse en el plano del Derecho Humanitario y particularmente, en el Derecho de los Pueblos a la Paz, como espacio vital y esencial de respeto de la dignidad de la persona humana y el desarrollo de su personalidad, por lo que el interés y las iniciativas que al respecto promuevan los Estados que conforman la comunidad internacional, no solo son legítimas sino obligantes, por cuanto tales eventos violan la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo II, al constituirse en fuente de violación grave de los derechos humanos de los combatientes y de la población civil y una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.


A ese respecto debe considerarse que la conducta del gobierno bolivariano y socialista de Venezuela sobre el conflicto armado interno de Colombia siempre se ha ceñido a los principios de respeto a la Autodeterminación de los Pueblos y No Ingerencia en los Asuntos Internos de los Estados consagrados en el artículo 152 de la Constitución de la República y por la Carta de las Naciones Unidas y los diversos instrumentos regionales y universales que ha suscrito y ratificado el Estado Venezolano, relacionados con el DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA PAZ,


En ese sentido debe señalarse que, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, mediante su Resolución 39/11 de fecha 12 de Abril de 1984, aprobó la DECLARACION SOBRE EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA PAZ, en donde se expresa:


Reconociendo que garantizar que los pueblos vivan en paz es el deber sagrado de todos los Estados,

1. Proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz;

2. Declara solemnemente que proteger el derecho de los pueblos a la paz y fomentar su realización es una obligación fundamental de todo Estado;

3. Subraya que para asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz se requiere que la política de los Estados esté orientada hacia la eliminación de la amenaza de la guerra, especialmente de la guerra nuclear, a la renuncia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y al arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas;

4. Hace un llamamiento a todos los Estados y a todas las organizaciones internacionales para que contribuyan por todos los medios a asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz mediante la adopción de medidas pertinentes en los planos nacional e internacional.

Como se puede evidenciar, al promover iniciativas de paz en un conflicto como el colombiano, en donde se violan todos los tratados sobre los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario y cuyos efectos perniciosos se transfieren a los espacios de los Estados vecinos mediante oleadas de refugiados, presencia y confrontación de grupos armados y actos delictivos como el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales y el cobro ilegal de contribuciones; el gobierno bolivariano de Venezuela no hace sino cumplir con las obligaciones que la Ley Internacional le impone y autoriza con el propósito de favorecer la solución pacífica de tales conflictos y, proteger los intereses de sus ciudadanos lesionados por una guerra de otro país.


En todo caso, es necesario recordarle a la oligarquía colombiana y a sus aliados imperialistas y desinformadotes que, quien viola los principios de Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos y No Ingerencia en los Asuntos Internos es, precisamente, el gobierno del presidente Alvaro Uribe Velez, quien ha internacionalizado el conflicto armado al solicitar al gobierno de los Estados Unidos apoyo financiero, armamentista, técnico y en tropas y mercenarios para combatir a la insurgencia interna; amenazando, además, la paz y la seguridad interna de la República Bolivariana de Venezuela con el estacionamiento de tropas extranjeras hostiles a pocos kilómetros de nuestra frontera occidental.