Conversaciones con altos oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) y de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) de Venezuela revelan un panorama aterrador sobre las intenciones represivas de los golpistas que el 11 de abril tomaron temporalmente el poder; que planearon un segundo golpe de Estado el 10 de octubre y están pensando en una nueva intentona para la semana que viene.

Cuando Eliécer Otaiza, director de la DISIP desde enero del 2000 hasta junio del 2001, asume el mando de la temida policía política venezolana, descubre que el gobierno del Presidente Hugo Chávez ha heredado un aparato de espionaje y represión que tanto en sus estructuras como en su personal conserva los rasgos que sus "padres fundadores" le habían inculcado. Organizada por la Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y el servicio secreto israelí, Mossad, con cuadros dirigentes seleccionados entre los cubanos exiliados que habían participado en la invasión de Playa Girón, la DISIP era el típico aparato de "seguridad" híbrido del Tercer Mundo, en el cual se mezclan rasgos del terrorismo de Estado con nexos y perfiles del crimen organizado.

Sobre todo en los Departamentos de Acciones Inmediatas y Comando y de Investigaciones que albergaban a los comandos operativos de la DISIP, había auténticos escuadrones de la muerte, como el llamado "Grupo de los Anillos Negros" que servían tanto para asesinar o desaparecer a opositores políticos como para matar por comisión; tal como hicieron, por ejemplo, durante el desastre natural del Estado de Vargas (1999). Según el ex comandante Otaiza, muchos de esos comandos siguen dentro de la DISIP y fueron responsables de la liberación indebida de los francotiradores del golpe de abril y de la fuga a Colombia del principal cabecilla de la asonada y presidente por un día, Pedro Carmona.

Siguen dentro de la DISIP, pese a su participación en el golpe de Estado, donde los conspiradores les habían encargado la tarea de localizar, capturar y eliminar a miles de políticos y líderes sociales del Movimiento Bolivariano, cuyos nombres estaban registradas en varias listas. Dentro del primer listado de 120 personas que iban a ser asesinadas o desaparecidas inmediatamente después del triunfo del coup d´etat, figuraban el presidente Hugo Chávez, el propio Otaiza, los jefes de seguridad del Palacio presidencial, el alcalde de Caracas, Freddy Bernal, el jefe de la imprenta de la Alcaldía de Caracas, Amílcar Figueroa, dirigentes regionales y nacionales del movimiento bolivariano y algunos periodistas e intelectuales críticos que apoyan al gobierno constitucional bolivariano.

Estos comandos colaboraron dentro de la red conspirativa con sectores de las policías de Zulia, Carabobo y Yaragua, así como con sectores de la Guardia Nacional que, a su vez, estaban vinculados a los escuadrones de la muerte colombianos ("paramilitares") en los estados de Táchira y Zulia.

Parte integral del plan golpista era el magnicidio del presidente. En el ejército se habían dado instrucciones para preparar dos sitios de reclusión: uno en el regimiento de policía militar del Fuerte Tiuna y otro en el Centro Nacional de Procesados Militares. Los conspiradores habían contratado a personas que iban a asesinar al presidente, sobre todo si se materializaba su reclusión en el Centro mencionado. Después del magnicidio se iba a simular que se trataba de un suicidio. Y en Fuerte Tiuna había consenso entre los altos oficiales golpistas de que "si había que eliminar al presidente físicamente, había que eliminarlo".

El golpe de Estado preparado para el diez de octubre seguía el mismo patrón de planeación que el del once de abril: movilización de masas en la calle, como en la pomposamente llamada "toma de Caracas" (10.4.) y la amenaza del paro general; provocación de un caos de transito; enfrentamientos con la policía y pronunciamientos de militares golpistas, a fin de generar la masa crítica necesaria para la toma de poder. Todos estos eslabones subversivos comunicados y multiplicados por una operación mediática.

Los actores de la asonada provenían de los mismos sectores que en la intentona anterior: de los partidos socialdemócratas (AD) y socialcristianos (COPEI), de sectores empresariales, grupos militares y de los conocidos centros de conspiración internacionales. Como cabeza del complot figuraba el ex canciller Enrique Tejera París quien en un documento encontrado en su casa justificaba la intervención militar como "obligatoria y perfectamente legítima" y como "única solución aplicable al problema". Entre los militares se encontraban los generales Gonzalo García Ordóñez, Román Betancourt y el Vicealmirante Martín Fossa.

Los decretos preparados para la fase del postgolpe reflejan la misma represividad terrorista que se manifestó en la dictadura de Pinochet. El Decreto Número 2 del planeado Consejo Federal (Ejecutivo) golpista, suspende todas las garantías en todo el país; durante las primeras 24 horas "todos deben permanecer en su domicilio u hogar"; pasado ese lapso se impone el toque de queda de las seis de la mañana a las seis de la tarde durante una semana; transcurrida la semana, el toque de queda sería indefinido, entre las diez de la noche y las cinco de la mañana.

Lo que sucedería durante esa fase de represión con los ciudadanos que apoyan el proceso bolivariano y con el mismo presidente Hugo Chávez, no es difícil de adivinar. En una de las agendas encontradas en la casa del ex canciller se apuntaron los puntos a tratar. El punto dos rezaba: "¿Qué hacer con el presidente Chávez?" En la respuesta había tres opciones: * Exterior * Cárcel* Eliminación *.

Estos son los "demócratas" que quieren acabar con la "dictadura" de Chávez y que tienen el apoyo de la prensa internacional.