Después de los trágicos sucesos ocurridos recientemente en Caracas como consecuencia de la aplicación del plan «guarimba», la fracasada oposición parecía abocarse a la negociación política como instrumento para la consecución de sus demandas electorales. La aparición de Pompeyo Márquez al frente de una oposición desarticulada por la violencia, y las revelaciones de Teodoro Petkoff en conversación telefónica con Quirós Corradi, reivindicaban la negociación como el único camino transitable para la oposición, muy a pesar de la intransigencia de su ala radical, medios de comunicación y de los ultraderechistas Julio Borges, Enrique Mendoza y Henrique Salas Römer, quienes jamás vieron con buenos  ojos que los otrora líderes de la izquierda revolucionaria, hoy conversos al conservadurismo oligárquico que una vez combatieron, tomaran las riendas de la oposición. 

En este contexto, se produce la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) «validar» mas de 800 mil firmas «planas», lo cual significa un cambio radical en la estrategia opositora hacia la toma del poder político.

Es evidente que la decisión de la Sala Electoral fue el resultado de una acción coordinada entre las fichas antichavistas del TSJ, la oposición y medios de comunicación privados. Desde hace días, esta sala venía cocinando una sentencia a favor del referéndum revocatorio que obligó a la Sala Constitucional pronunciarse en contra del contubernio opositor y solicitarle a la Sala Electoral que se abstuviera de tomar decisiones en contra de lo dispuesto por el CNE. Cuando la estrategia de la oposición parecía diluirse, los medios privados le cedieron sus principales espacios al diputado Gerardo Blyde, quien como vocero de la oposición desde el «comando de campaña» le exigió a la Sala Electoral de la manera mas grosera que desacatara el fallo de la Sala Constitucional. (El Universal, 1 de Marzo de 2004)

En menos de 24 horas, la Sala Electoral se pronunció tal y como se lo había exigido la oposición, mientras se activaba la respuesta mediática con una sincronización asombrosa. Enrique Mendoza abaló por primera vez el orden institucional después de haber desconocido públicamente las decisiones del Poder Electoral; Salas Römer reivindicaba su decisión de «no negociar»; Julio Borges manifestaba que con la decisión el «referendo automáticamente está convocado»; y El Nacional titulaba a media pagina que la «Sala Electoral del TSJ ordenó convocar el referéndum.» (16 de Marzo de 2004)

Sin embargo, la decisión de la Sala Electoral no producirá los frutos que esperan los simpatizantes de la oposición, sino que mas bien pudiera ser la estocada final que provoque la muerte, lenta pero segura, de la solicitud del referéndum revocatorio presidencial, toda vez que la decisión reviste serios vicios de inconstitucionalidad que deberán ser dirimidos por la Sala Constitucional, o en su defecto, por la Sala Plena del TSJ, alargando indefinidamente una sentencia definitiva.

Así lo estima el magistrado Luis Martínez de la propia Sala Electoral, quien no tuvo reparos para catalogar la decisión como «un grave cúmulo de falsedades y de tergiversaciones dolosas de la verdad… llena de groseras irregularidades procesales de forma y fondo»; (El Universal, 16 de marzo de 2004) y el abogado constitucionalista Carlos Escarrá, quien además de calificar la decisión como un «un artificio incoherente y de mala factura que no cumple con los criterios de una acción cautelar», considera que se ha creado un conflicto de competencias entre la Sala Electoral y la Sala Constitucional que tendrá que ser dirimido en última instancia por la Sala Plena, que debido a su división política  podría tomarse mas de un año en producir una sentencia. (El Universal, 15 de Marzo de 2004)  Así lo intuye también el rector del CNE, Jorge Rodríguez, quien considera que «el camino más engorroso y más largo para activar un referendo revocatorio para el Presidente de la República es el camino judicial.» (RNV, 16 de Marzo de 2004)  Incluso los opositores Henry Ramos Allup y Tulio Álvarez reconocen que tanto el CNE como partidos y organizaciones políticas que respaldan al presidente Chávez se movilizarán para apelar la decisión ante el TSJ. (Unión Radio, 15 de Marzo de  2005)

Es por ello que Escarrá considera que al tomar el camino judicial, la oposición incurre en un error y falta de sentido común, porque seguramente el tiempo que se tome la Sala Plena en dirimir el conflicto será suficiente para que el presidente Chávez culmine sus primeros cuatro años del período constitucional 2000-2006 y haga obsoleta la solicitud de la revocatoria de su mandato al no poder realizarse «una nueva elección universal y directa» como lo indica el Artículo 233 de la Constitución Nacional.

Cambiar la negociación política por una guerra judicial de resultados impredecibles, hace presumir que la oposición cometió una nueva torpeza que repercutirá negativamente en sus deseos de revocarle el mandato al presidente Chávez, y de torpezas esta llena la oposición. No obstante, cabe también preguntarse si recurrir a la vía judicial no es mas que el reconocimiento tácito de no tener las firmas suficientes para asistir al proceso de reparo y apostar al éxito de las elecciones regionales, o como se lo preguntó el propio rector Rodríguez, si mas bien existe «la intención es alargar esto de una forma tal que ninguna parte gane sino que todos pierdan.»

Tras haber revisado minuciosamente las mas de un millón de firmas sometidas al proceso de reparo, la oposición encontró que no existía la posibilidad real de reparar las 600 mil firmas que activarían el referéndum revocatorio presidencial. De acudir al proceso de reparo y fracasar en el intento, la oposición perdería la poca credibilidad que le queda y el «huracán» Chávez arrasaría en las elecciones regionales. Es por ello que la oposición se movilizó de manera sigilosa para inscribir sus postulaciones a las elecciones regionales. Tanto Jesús Méndez Quijada, presidente de AD y Luis Manuel Esculpi, secretario general de Unión, ratificaron «su disposición de acudir a los comicios regionales y locales convocados para agosto, al tiempo que manifestaron que agotarán los esfuerzos con las otras organizaciones de oposición para presentar candidaturas  unitarias». Igualmente, Juan Carlos Caldera, de la dirección nacional de Primero Justicia, manifestó que aunque su partido se haya pronunciado en contra de las elecciones por no ser prioritario, se ha considerado pedirle una prórroga al CNE para la inscripción de candidatos. (El Universal, 16 de Marzo de 2004) 

En este sentido, llevar el asunto del referéndum a un proceso judicial se convierte en una vía de escape que deja a los simpatizantes de la oposición convencidos de que les robaron el referéndum y a una militancia activa preparada para mantener la «calle caliente» y movilizarse en su «guarimba» con el fin de deslegitimar a los poderes públicos y proyectar una imagen virtual totalitaria del gobierno nacional que le asegure los jugosos desembolsos de la National Endowment for Democracy.

Por los momentos, como manifiesta el rector Rodríguez, «hay dos salas contrapuestas», un conflicto de competencia que será dirimido por la Sala Plena en un proceso judicial impredecible que seguramente se llevara todo el año y que terminará de sepultar el referéndum revocatorio presidencial.

Antonio Guillermo García Danglades