El Presidente anunció que este sábado (21/03/09) expondrá el conjunto de medidas que tomará para sortear el impacto que la crisis económica, financiera, política, moral, ética y ecológica que confronta el sistema capitalista no produzca un retroceso en los avances que socialmente ha logrado el gobierno revolucionario. Se supone entonces que en esta oportunidad, no se impondrá el criterio que en estos casos sugiere la dinámica neoliberal, cuya recomendación básica se centra en la reducción del gasto público y fundamentalmente, el gasto que el Estado dispone para el área social.
Es probable entonces que este sábado estemos frente a la posibilidad de un sábado negro, moreno o zambo, porque de ser así; el centro de las medidas estarían centradas en ser solidario con esos segmentos sociales identificados con las letras C, D y E que son segmentos que en un 99% tienen ese color y fueron los que soportaron las consecuencias de los ajustes en los períodos de crisis económicas anteriores.
Independientemente de las medidas que anuncie y adopte el gobierno, algunas de ellas deben orientarse a un manejo racional de los recursos y en mantener una conducta hacia el ahorro. Muy en el fondo, el anuncio debería sugerir a todos los niveles de gobierno un patrón de gerencia en el cual la dimensión ética, tenga la condición de eje transversal. Si estas orientaciones prevalecen en marco de la decisión que adopte el gobierno nacional para disminuir el impacto que la crisis, conviene entonces implementar un conjunto de iniciativas que hagan viable la concreción de la variable ética y consecuentemente; el ahorro sería una especie de segundo chorro petrolero con suficiente fuerza para no disminuir un centavo de los programas sociales.
Una parte importante de los planes de inversión que se ejecutan en los tres niveles de gobierno (nacional, estadal y local) están orientadas fundamentalmente a la construcción, mantenimiento y reparación de infraestructura social (Escuelas y centros de Salud), construcción de drenajes, aceras, limpiezas de drenajes y de áreas de recreación. Sabemos también que muchos dependencias aún persiste el modelo del 10, 15 y 20% que los contratistas “regalan” a los responsables de la contratación de obras y esa norma de bajo sentido ético, conduce a que los recursos no rindan lo necesario, porque ese porcentaje del 10, 15 ó 20%, los contratistas lo cargan al presupuesto de obras. Si se diera la posibilidad de incluir a los Consejos Comunales, y otras organizaciones comunitarias en el proceso de ejecución de obras y se les adjudicaran por ejemplo, las obras de mejoramiento y reparación de escuelas y centros de salud, estaríamos garantizando una opción que facilitaría el logro de muchos objetivos que son básicos para la revolución.
El Costo de las obras serían mucho menor, el manejo de política empleo estaría sistematizado en función de las familias con mayores problemas (a cada quien según sus necesidades) y con una adecuada campaña informativa y educativa por parte de los Consejos Comunales; las obras mejoradas, ampliadas y recuperadas comenzaría a ser vista con sentido de pertenencia.
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