La cuestión de la impunidad, realmente es un cáncer en el proceso de transformaciones que vive el país, y en la posibilidad de profundizarlo. Ver en las calles a personajes siniestros como el alcaldillo Capiles Radonski o a algunos de los militares golpistas, muy campantes, como si no hubieran roto un plano, resulta sinceramente bochornoso. Recordar los acontecimientos del 11 de abril de 2002 a través de las crudas imágenes de un excelente documental recientemente transmitido por el canal del Estado, nos hizo pensar en la necesidad de enfrentar decididamente la impunidad reinante en Venezuela. Saber que los asesinos y golpistas de aquel fatídico día siguen libres, disfrutando de sus millones, y además exigiendo un referéndum revocatorio al que no tienen ningún derecho, es realmente preocupante. Mientras estos personajes sigan libres y con los bolsillos llenos, los trabajadores y el pueblo venezolano tendremos un afilado cuchillo en en el cuello, amenazando nuestras vidas y las de nuestros hijos.

Chávez ha dicho en reiteradas ocasiones que las instituciones deben cumplir con su papel. Pero es que estas han cumplido con su papel, el cual no es otro que defender los intereses de la burguesía. Entonces, exhortarlas "a cumplir con su obligación"es pedirle peras al olmo. Los tribunales, el TSJ, la Fiscalía, las inspectorías del trabajo, el CNE y demás instituciones, son instrumentos de la burguesía, del imperialismo y de sus lacayos. ¿Cómo podemos confiar los trabajadores y pobres de este país en el TSJ que fue capaz de sentenciar que el 11 de abril no hubo golpe sino un "vacío de poder"? ¿Cómo podemos confiar en el CNE penetrado hasta los tuétanos por funcionarios pertenecientes a AD y Copei? ¿Cómo pueden confiar los trabajadores que aún mantienen fábricas tomadas en las inspectorías del trabajo?

Para lograr castigar a los golpistas es necesario transformar radicalmente las estructuras del Estado burgués que aún se mantiene en pie. No es posible profundizar el proceso revolucionario que vive Venezuela sin castigar a los culpables de tantas muertes. Tampoco podemos hacerlo revisando a cada paso las leyes que ellos mismos promulgaron. De allí que sea necesario construir un nuevo Estado a través de la construcción de un genuino y verdadero Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo. Con las instituciones que tenemos, en las cuales se atrincheran los mismos sinvergüenzas que destrozaron el país a lo largo de los últimos 40 años, el poder sigue en sus manos. Es precisamente a través de ellos y de estas instituciones que se concreta el intervencionismo del imperialismo en nuestros asuntos internos. Es a través de la presencia del Centro Carter y de la OEA en el CNE como se aprovechan las instituciones de la burguesía para tratar de liquidar el proceso revolucionario mediante la trampa y la triquiñuela, que es lo que quieren reeditar en los reparos.

Por otra parte, el gobierno tampoco ha hecho mucho, más allá del discurso, para enfrentar decididamente a los golpistas y a la impunidad que reina en el país. No podemos olvidar que Chávez refrendó este estado de cosas pidiendo perdón a los golpistas en la madrugada del 13 de abril de 2002, y llamándolos a sentarse en una mesa de negociación, cuando en realidad, era el momento para aplicarle las sanciones que se merecían. Luego, restituyó a los meritócratas que poco antes había despido de PDVSA en medio de un show de mal gusto, y después del sabotaje petrolero, volvíó a convocar a los golpistas a una mesa de negociación que posibilitó los acuerdos que hoy avalan las exigencias de referéndum que estos criminales enarbolan.

Es cierto que los tribunales y la Fiscalía poco han hecho para meter en cintura a los cercenadores de las libertades democráticas que atentaron, además, contra nuestra empresa petrolera. Pero también es cierto que el gobierno ha podido aplicar sanciones tributarias y administrativas contra los golpistas. Ha podido castigarlos donde más les duele: en los bolsillos. Por el contrario, hemos leído con estupor en la revista Quantum la lenidad con que se les trata. Por ejemplo, a los canales de televisión, de acuerdo a la Ley de Impuesto Sobre Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos, les corresponde cancelar impuestos por haber "donado" espacios televisivos para promocionar el paro golpista de 2002-2003. Sin embargo, el gobierno en lugar de descargarles todo el peso de las leyes que la misma burguesía creó, los trata con mano de seda, en lugar de aplicarle la tasa máxima fijada por la ley, que asciende a 55%, se conforma con una tasa de 25%. Esta medida debía ser aplicada a partir de abril del pasado año, sin embargo, como la misma revista afirma: "se ha decidido no cobrarles multas y moras". Otro ejemplo de lo que antes afirmamos, es reseñado por la misma revista (No.8, marzo de 2004). El gobierno le cancela a los exportadores los llamados Certificados Especiales de Reintegro Tributario (CERT), el cual es un sistema de compensación establecido en la Ley de Impuesto al Valor Agregado para "apoyar al sector empresarial privado", el mismo que agrupado en Fedecámaras aupó el paro-sabotaje petrolero, y aplaudió a rabiar al gobierno de Carmona Estanga. No puede ser más claro lo dicho por la revista: "Otra noticia que debió alegrar esta semana a los exportadores del país fue el anuncio del ministerio de Finanzas del pago de 350.000 millones de bolívares (182 millones de dólares) en impuestos". Entre el 2002 y el 2003 el gobierno les ha cancelado la bicoca de 880.000 millones de bolívares. ¿Cómo se puede explicar esto en el marco de la impunidad? ¿Cómo es que a los golpistas se les dan estos beneficios? Los comentarios sobran...

Miguel Angel Hernández Arvelo. Profesor de la UCV y miembro de la dirección nacional de Opción de Izquierda Revolucionaria (OIR)
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