Los próximos viernes 30 de abril y 7 de mayo, se llevarán a cabo las elecciones para escoger las autoridades (rector, vicerrectores y secretario) de la Universidad Central de Venezuela. Estos procesos electorales se producen en un momento particularmente sensible para el país, y revisten una gran importancia para el futuro de nuestra Universidad. De los resultados que se obtengan dependerá, en gran medida, que la UCV se ponga a tono o no, con los cambios que hoy experimenta el país.
Las universidades venezolanas, en general, y particularmente la UCV, son instituciones profundamente antidemocráticas y conservadoras. Cualquier política que se trace desde los organismos de co-gobierno o desde los órganos de máxima dirección de la misma, chocará con estructuras y procedimientos retrógrados, alejados de los intereses de los integrantes de la comunidad, así como de su entorno social. De allí que sea urgente abrir un proceso de discusión amplio y democrático en todas las Escuelas y Facultades a fin de conformar una CONSTITUYENTE UNIVERSITARIA, que refunde a la UCV sobre nuevas bases. Lamentablemente, los sectores llamados a llevar adelante este debate desaprovecharon la coyuntura electoral, cayendo en los mismos vicios burocráticos y antidemocráticos de los partidos de la IV República, designando un candidato a rector a través de conciliábulos profesorales y sin una participación mayoritaria de los distintos gremios universitarios. De lo que se trata entonces, es de poner en los pasillos de nuestra Universidad, así como en la calle, un proyecto transformador de largo aliento, más allá del inmediatismo electoral, dirigido a recuperar la Universidad Democrática y Popular que progresivamente se ha perdido.

¿Qué hacer ante la coyuntura electoral?
En las condiciones actuales, con estas estructuras antidemocráticas que tenemos, es imposible acometer ningún cambio sustancial en el funcionamiento de la UCV. Este sistema electoral que hoy prevalece, está absolutamente divorciado de la Constitución vigente, y de su carácter democrático, participativo y protagónico, de allí que apoyemos el recurso de nulidad de algunos artículos de la Ley de Universidades que se introducirá ante el TSJ a fin de suspender el actual proceso electoral para luego, iniciar un proceso de transformación que permita la refundación de la UCV, y que sirva de precedente para realizar los cambios que la Universidad Venezolana exige. Sin embargo, una sentencia favorable del máximo tribunal del país, sólo será posible acompañando la presentación del recurso con la movilización y la presión de todos los sectores de la comunidad ucevista.

¿Qué proponemos?
Desde nuestro punto de vista, los cambios a los que aludimos, deben tener como eje de articulación, los siguientes aspectos:
1. La Universidad se ha convertido, como dijéramos previamente, en una institución conservadora y antidemocrática. Además, es una instancia elitesca, clasista y discriminatoria socialmente, y esto se evidencia en los mecanismos de selección que limitan el acceso a la misma de los sectores más pobres de la población. Esto significa que la UCV debe proponer salidas en función de democratizar el ingreso de los bachilleres y desmontar los mecanismos de selección y permanencia internos, actualmente existentes.
2. El carácter antidemocrático de la UCV se evidencia en la inoperancia y elitismo de los organismos institucionales. Esto se expresa en cuestiones como las siguientes: las autoridades centrales son juez y parte en todas las decisiones, tal como se puso de manifiesto en las sanciones a los estudiantes participantes en la toma del Consejo Universitario; los profesores instructores, la mayoría del profesorado, no tiene derecho a votar para escoger a las autoridades y a sus representantes ante los organismos de co-gobierno universitario; los directores son designados a dedo por los decanos, salvo algunas Escuelas donde se han iniciado procesos de consulta interna, aunque el decano retiene la decisión definitiva; los directores de las Escuelas no tienen derecho a voto en el seno de los Consejos de Facultad; los estudiantes no tienen el mismo derecho que los profesores a la hora de votar, su voto tiene un valor menor; los empleados no participan en las elecciones. Se impone entonces, establecer una participación igualitaria y democrática de todos los sectores universitarios en la toma de decisiones. Apoyamos el 1X1 estudiantil y el voto sin limitaciones, de todos los integrantes de la comunidad universitaria.
3. Producto de ese carácter antidemocrático de nuestra Universidad, el presupuesto universitario es manejado por un sanedrín a su buen saber y entender, sin ninguna participación de la comunidad en su distribución y ejecución. De allí que se imponga la necesidad de establecer su manejo transparente, procurando la contraloría social universitaria, a través de un control participativo de los gremios (APUCV, FCU, AEA, Centros de Estudiantes, delegados estudiantiles, Asociación de Profesionales y Técnicos, y sindicatos de obreros) sobre el presupuesto universitario.
4. Es urgente definir una política de reposición de cargos que atienda a formar a la generación de relevo de los profesores que se jubilan.
5. La Universidad no puede seguir a espaldas del país. Su actividad académica, la producción de conocimientos y la docencia, deben estar al servicio de la sociedad, y en particular, de los sectores más necesitados de la misma. En ese sentido, la autonomía debe servir para que la producción y transmisión de conocimientos no estén sometidos a la lógica de ningún gobierno, ni determinados por intereses mercantiles nacionales o transnacionales, pero sí en función de darle respuesta a los principales problemas del país.
6. Cualquier política de transformación profunda de la Universidad debe tomar en cuenta la cuestión del saber o de los “saberes”, entendiendo que el mismo, o los mismos, no son potestad exclusiva de ningún sector, de sabios o “expertos”. La investigación y los supuestos sobre los que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje, no deben estar supeditados a intereses transnacionales o mercantiles. Nuestro objetivo debe ser formar profesionales sensibles socialmente y nuestra investigación debe dar respuesta a los principales problemas del país y de los sectores más pobres y excluidos de la sociedad.
7. Cualquier política de transformación y la concreción de los aspectos antes mencionados, debe pasar por declarar una amnistía general para todos los estudiantes y empleados sancionados como consecuencia de su participación en la toma del Consejo Universitario en marzo de 2001, y su reincorporación inmediata.


Prof. Miguel Angel Hernández Arvelo
Profesor de la Escuela de Sociología de la UCV
Miembro de la dirección nacional de Opción de Izquierda Revolucionaria (OIR)
miguelaha2003@yahoo.com