Con el sometimiento a referéndum del presidente de la república, mediante el cual fue ratificado en la primera magistratura por la mayoría del pueblo venezolano, el jefe de casa nos ha dado un gran ejemplo. Ahora le corresponde a los integrantes de la misma, exigir a quienes desempeñan funciones de gran responsabilidad como es la administración de medios de comunicación impresos, radiofónicos y televisivos.

Obviamente, estos no son un poder intocable e implacable, con derecho a hacer uso desmedido y violatorio del permiso otorgado por el estado y del cual se benefician, sino que tienen que cumplir con las normas establecidas en los cánones de la ley de comunicaciones vigente.

Hoy, más que nunca, con la finalidad de lograr la reconciliación y volver a la racionalidad que se traduzca en la construcción de una patria digna y en PAZ, se hace imprescindible el impulsar desde las bases populares, la necesidad de resolver el drama que sufre la población venezolana, tanto de los sectores revolucionarios, como los de la oposición, en donde estos administradores de la información, siguen sembrando el odio y promoviendo el caos.

Reproduzco a continuación, un artículo que fue publicado en la página de Antiescuálidos, hace un par de años y en donde propongo una idea que pienso sería viable para una justa solución al principal problema que enfrentamos quienes deseamos la paz y la salud mental para nuestra patria, al igual que evitaríamos la participación del ejecutivo mediante el uso de nuestro legítimo derecho a defendernos, en el marco de la constitución y en el uso de las facultades que nos otorga una sociedad democrática participativa.






Propuesta de someter a Referéndum Revocatorio las concesiones radiotelevisivas

Willemstad, Curacao 19 de abril de 2002.

ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA:
Presente.-

Como ciudadano venezolano y educador de profesión, consternado ante los hechos ocurridos recientemente en el país, hago el siguiente planteamiento a los organismos legislativos correspondientes, así como a la ciudadanía de la República Bolivariana de Venezuela.

Considerando los artículos promulgados en la Constitución Nacional de 1999 vigente, que otorgan la posibilidad de que sean revocados de sus cargos, todos los funcionarios públicos que fueron legítimamente avalados por votación popular, en los que se incluyen desde la primera magistratura, hasta las gobernaciones, alcaldías, etc. Permitiendo una justa posibilidad tanto al pueblo en el ámbito nacional, como a los ciudadanos electores a escala regional, de destituir a aquellos funcionarios electos que por una u otra razón no hayan actuado en cumplimiento de sus obligaciones, ni cubierto las expectativas de sus electores o hayan dado evidencia de incurrir en el delito de corrupción.

Esta ley evita perpetuarse en el cargo a aquellos gobernantes que impidan y perjudiquen las importantes tareas en pro del desarrollo de la nación, teniendo los ciudadanos un valioso instrumento al cual ampararse sin salirse del marco legal constitucional y democrático.

Si estos poderes políticos de gran relevancia para el desenvolvimiento democrático de nuestra nación están sometidos a dicha ley, considero injusto que los medios de comunicación social alegóricamente llamados “el cuarto poder”, no estén sometidos a los mismos parámetros, que permitan la aceptación o rechazo de la ciudadanía de acuerdo a la expectativa de sus funciones como entes públicos de gran repercusión social, quienes deben acatar las normas constitucionales con que se comprometieron cuando les fue otorgada la concesión que les permite desenvolverse en el ejercicio de sus funciones.

Si en los diferentes poderes cuyos funcionarios públicos ejercen cargos de periodos cortos, siendo el más prolongado el de Presidente de la República, con seis años de duración, la normativa legal contempla que transcurrida la mitad del tiempo de su mandato, los ciudadanos a través de una serie de pasos contemplados en la constitución pueden solicitar su sometimiento a un referéndum revocatorio de dicho cargo. Me pregunto a qué instrumento jurídico habrá de recurrir la población al sentirse afectada por algunos medios que vulneran su derecho a la información veraz, reemplazando información por opinión, pretendiendo imponer sus puntos de vista, sus patrones morales que muchas veces degeneran en la inmoralidad, irrespetando al público mediante el uso de imágenes que pasan de ser sensuales a sexuales, con bombardeos de pornografía e imágenes subliminales en donde no se respeta la dignidad, ni siquiera la de un bebé recién nacido. Cito como ejemplo un comercial en donde se muestra en un close up los glúteos de un infante por un largo espacio de tiempo. Podrán haber observado con indignación cómo se exhibe esto en un televisor con pantalla de gran dimensión, el irrespeto que representa para la indefensa criatura empleada en esta publicidad, no es defendido por nadie, ni siquiera por las instituciones religiosas encargadas de velar por el respeto y la moral pública. Entiendo que ni siquiera sus propios progenitores tienen el derecho de exponer en esas condiciones a ese bebé. Son múltiples los ejemplos que se podrían citar en donde se violan las normas de respeto y de la moral pública. Bastaría solicitar un simple análisis a cualquiera de nuestras universidades nacionales de tan solo veinticuatro horas de programación, para darnos cuenta que hasta para promocionar una crema dental nos muestran desnudos que se asemejan a tomas de películas pornográficas que inclusive en los países desarrollados deben obedecer a estrictas normas para su exhibición pública.

Estos medios que faltan a la moral y a la ética influyen y son responsables en la degeneración del lenguaje, promocionando un vocabulario irrespetuoso de dimensiones grotescas, en horarios en donde la población infantil y juvenil ocupan la mayor audiencia.

Sé que represento el sentir de un gran número de venezolanos. Bastaría pedirle su opinión para así comprobarlo, a quienes indignados y con un profundo sentimiento de impotencia nos duele la población venezolana, sometida e indefensa ante estas tribunas de adoctrinamiento, de inmoralidad y tergiversación de la realidad, que se han constituido en un perverso “poder” de carácter vitalicio que bien podría catalogársele de “intocables”.

Ante todo lo antes expuesto, propongo a los organismos encargados de legislar, la promulgación de una ley de medios de comunicación de masas, en donde se contemple la posibilidad de convocar a un REFERÉNDUM REVOCATORIO de las concesiones otorgadas recientemente, después de un periodo de tiempo prudencial y por petición de un sector de la ciudadanía representativo y proporcional a la cobertura del medio. En virtud de permitir una solución justa y democrática en donde no tendría que intervenir el ejecutivo, sino los integrantes de la población directamente afectada en uso de instrumentos perfectamente legales y justos.

Para las concesiones otorgadas desde hace muchas décadas propondría: el sometimiento a la misma ley permitiéndoseles un periodo prudencial en el cual pudieran ajustarse a la normativa de respeto, ética, moral y derecho a la información real, en función de evitar una reacción popular que solicite la revocatoria de la concesión de la cual son beneficiados.

Expongo estas ideas a la consideración de mis compatriotas con el deseo del perfeccionamiento de nuestra democracia que va más allá de la expresión popular mediante el voto para elegir, pues la ciudadanía debe ser vigilante del respeto a las leyes contenidas en nuestra constitución o de lo contrario todo ente público de trascendencia social deberá ser relevado por votación popular.

Esta proposición la hago en el ejercicio del derecho que tengo de expresarme como ciudadano y con el deseo de aportar una idea que conduzca a una posible solución de tan terrible situación y en correspondencia al razonamiento que dice que quienes no participamos haciendo la guerra somos responsables de que exista la PAZ.

Atentamente,
Prof. Miguel Angel Carbajal Torres.
Venezolano C.I. 6.149.843