La iniciativa de familiares de las víctimas del genocidio franquista, con el apoyo de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, de pedirle a los tribunales argentinos que asuman competencia sobre los crímenes cometidos por la dictadura franquista desde el comienzo de la sublevacion facista contra la República Democrática, en 1.936, hasta la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975, parece ser una respuesta adecuada desde el Sur, a las maniobras de los tribunales de los viejos imperios y su Gran Hermano, los Estados Unidos, de convertir a su Jurisdicción Penal Nacional en una Jurisdicción Penal Universal, la cual le permite declararse competente para investigar, procesar y condenar, a toda persona que, en su opinión, es responsable de un delíto ejecutado en cualquier parte del planeta, sin que exista autorización de ningún tratado ni consentimiento del investigado o del Estado del cual es originario.
La llamada “Jurisdiccion Penal Universal”, en la doctrina juridical moderna, fue aplicada en los llamados “Juicios de Nurember”, cuando tribunales “ad hoc”, creados por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Inter-imperialista (1939-1945) sentaron en el banquillo de los acusados, a todos los jefes militares, policiales y políticos de los países vencidos y a sus colaboradores en los países ocupados; doctrina que ha seguido siendo aplicada, desde su creación en 1.948, por el Estado de Israel, atribuyéndose jurisdicción sobre los crímenes cometidos contra los creyentes de la religión judía durante esa Guerra.
Este concepción de Jurisdicción Supranacional adquirió legitimidad con la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de crear, primero, El Tribunal Internacional sobre el Crimen de Genocidio de Ruanda, cometida por el gobierno de la etnia hutu contra los miembros de la etnia tutsi y, continuada con la creación del Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra en la exYugoslavia, luego de la agresión de los ejércitos de los países de la OTAN y los Estados Unidos, dirigida a disolver a Yugoslavia y arrebatarle a la República Serbia su histórico territorio de Kosovo, para instalar una gigantesca base militar en los Balcanes, que le sirva a su estrategia de dominación global. Este proceso de construcción de la Jurisdicción Penal Universal culminó con la aprobación, por la mayoría de los Estados Miembros de la ONU, del Tribunal Penal Internacional, a cuyo Estatuto de Roma no se ha adherido, precisamente, el principal responsables de las actuales guerras en el planeta: los Estados Unidos.
Pero el caso más patético de este proceso de “universalizacion” de la jurisdicción penal de los Estados, se encuentra en España, cuando se declara competente para investigar, juzgar y sancionar a individuos nacionales de otros países, que hayan presuntamente cometidos delitos en otros territorios, de los cuales son presuntas víctimas nacionales del Estado Español, no importando si existe acuerdo o consentimiento de otro Estado.
Pues bien, ahora los descendientes de las víctimas del franquismo le devuelven al Estado Español su “Jurisdicción Penal Universal”, utilizando a los tribunales argentinos para que investiguen los crímenes de Guerra y Lesa Humanidad cometidos durante la insurrección fascista de 1936-1939 y, hasta la muerte del sanguinario dictador Francisco Franco, en 1.075, basados en el mismo principio de “Jurisdicción Penal Universal” invocado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltazar Garzón, para declararse competente de los crímenes de las dictaduras de Pinochet y de los generales argentinos, en contra de ciudadanos españoles.
Aunque me encuentro entre quienes cuestionan el fundamento jurídico y la pertinencia política de la llamada “Jurisdicción Penal Universal”, por violar ésta el principio de Soberanía de los Estados y, presumir que la misma será otro instrumento imperialista dirigido a perseguir a los luchadores populares, pienso que en esta contraofensiva mundial contra el imperialismo y sus agentes nacionales, es válido, tácticamente, que las Abuelas de la Plaza de Mayo confronten las bases doctrinales de esta doctrina imperialista, con el reclamo de descendientes de los cientos de miles de víctimas del fascismo español, de que se les permitan identificar y sepultar adecuadamente los restos de sus deudo, el Estado Español reconozca la existencia de tales crímenes, identificando a sus responsables. “Jus Semper”.
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