Colombia, 28 de febrero de 2007.- "No hay que cansarse de repetir que el uso banalizado del secuestro es un rasgo distintivo del conflicto colombiano", dice Daniel Pecaut, el prestigioso sociólogo francés y destacado colombianista. Una observación que viene al caso porque, contrario a la creencia generalizada, no sólo los grupos guerrilleros secuestran. También lo han hecho los grupos paramilitares, pero de eso no se ha hablado.
Un análisis de los últimos 11 años y la última depuración de casos realizada en 2008 indica que, de un total de 2.801 secuestrados, el 25% (701) está en poder de las Farc, el 11% (299) en manos del Eln y un porcentaje no menos significativo, el 9% (254), en poder de los paramilitares.
País Libre conoce casos que indican que los secuestros de los paramilitares tienen diferentes propósitos. Unos son para obtener propiedades: son secuestros de corta duración ¿de días¿ que se negocian y resuelven mediante la firma de escrituras por parte de la víctima. Otros son por ajustes de cuentas entre los mismos miembros de la organización. Y otros más para conseguir información relevante para los intereses estratégicos de los grupos.
Entre 1996 y 2006, la mayoría de los 1.163 secuestros de los paramilitares fueron en Meta, Casanare, Antioquia y Santander. De ellos, según Fondelibertad, el 52.9% fueron extorsivos y el 47.1% simples, es decir, sin peticiones explícitas. Muchos de estos terminan en homicidio o desaparición forzada.
Pero, ¿por qué los secuestros de los paramilitares y de otros grupos permanecen invisibles ante la opinión pública y la sociedad en general?
Colombia ha padecido el secuestro por más de tres décadas. Presentó las cifras más altas a finales de los años 90 y principios de 2000, pero ha venido desarrollando importantes esfuerzos en materia legislativa e institucional para combatirlo. Su práctica sistemática ha dejado secuelas sociales que vale la pena resaltar: ha hecho que la sociedad se acostumbre; ha desarrollado una enorme disposición a pagar rescate, lo que estimula su práctica, y sobre todo ha deshumanizado y politizado el horror de este crimen.
Si bien es cierto que mediante la información obtenida en los últimos meses sobre las condiciones inhumanas en que viven los "secuestrados políticos" de las Farc, se puede llegar a entender el sufrimiento y el horror que viven miles de cautivos, también es innegable que el tratamiento que se está dando a la coyuntura política distrae, oculta y saca de la agenda pública no sólo a todos los demás secuestrados -más del 90%-, sino a cientos de miles de víctimas del conflicto armado.
El desplazamiento, las desapariciones forzadas, el reclutamiento de menores, que no son prácticas exclusivas de los paramilitares, forman parte del repertorio de atrocidades perpetradas contra la ciudadanía y permanecen casi invisibles en el acontecer nacional. La valoración de las actuaciones de los grupos armados -unos criminales más "buenos" que otros y unas víctimas mas "dignas" que otras- recrudece los sentimientos de discriminación social, agudiza la polarización y reproduce ciclos de violencia. País Libre, comprometido con la reivindicación de los derechos de las víctimas, exigirá la verdad sobre el paradero de los secuestrados.
POR OLGA LUCÍA GÓMEZ,
directora ejecutiva Fundación País Libre.
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