■ Analiza Interpol las tres computadoras que presuntamente pertenecían al líder rebelde Reyes

Quito, 11 de marzo. La Asamblea Constituyente ecuatoriana anunció hoy que auditará la base militar de Manta, operada por Estados Unidos, ante la sospecha de que desde allí ese país pudo haber apoyado el ataque colombiano contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador.

“La Comisión de Soberanía hará una auditoría a la base de Manta porque es indispensable despejar la duda de si salieron o no aviones desde nuestro territorio para apoyar esta invasión”, señaló el vicepresidente de la Asamblea, Fernando Cordero, ante el canal privado Ecuavisa.

Ubicada en el puerto pesquero de Manta, en el suroeste de Ecuador, la base es utilizada por militares de Estados Unidos para interceptar vuelos del narcotráfico, según un convenio de 10 años que expira en 2009 y que fue firmado en 1998 por el entonces presidente Jamil Mahuad, depuesto en una revuelta popular.

El gobierno del presidente Rafael Correa, que ha dicho que tal convenio no será renovado, señaló el jueves pasado que en el operativo contra las FARC en su territorio fueron empleadas bombas inteligentes –de las que utiliza Estados Unidos–, para abatir al comandante de esa guerrilla, Raúl Reyes.

De acuerdo con el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, a la par de la auditoría a la base de Manta, la Fiscalía deberá investigar el operativo colombiano porque pudo haber asesinatos en los que hay que determinar autores, cómplices y encubridores.

A todo esto, el ministro ecuatoriano del Interior, Fernando Bustamante, calificó una vez más de insustanciales las pruebas exhibidas por Colombia que lo vinculan con las FARC, y dijo que espera tranquilo que lleguen a Quito para determinar su autenticidad y ver qué mérito pueden tener.

En Bogotá, una comisión de Interpol inició el análisis de tres computadoras que supuestamente pertenecían a Reyes, decomisadas tras el bombardeo del primero de marzo, a fin de verificar la información que le ha servido a Colombia para acusar a Ecuador y Venezuela de nexos con la guerrilla.

En Santiago, el presidente Rafael Correa declaró que Ecuador restablecerá este mes sus relaciones diplomáticas con Colombia, aunque se mantenga la desconfianza tras la crisis por la incursión militar colombiana a su territorio. Apuntó que mientras él sea presidente, será difícil restituir la confianza con el gobierno de Álvaro Uribe, con quien solía conversar una vez a la semana.

Sobre la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el lunes visitó la zona ecuatoriana donde estaba el campamento en que fue abatido Reyes, Correa dijo estar satisfecho hasta el momento porque se ha recopilado buena información y confía en que dé una resolución favorable a su país, pues Colombia ha reconocido la agresión.

La misión de la OEA, encabezada por el secretario general José Miguel Insulza, viajó este día a la zona selvática del departamento colombiano de Putumayo para seguir recabando información sobre la incursión, a fin de preparar un informe.

La comisión del organismo regional viajó desde Bogotá con el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, y el alto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo, para luego trasladarse a Puerto Asís, donde se habría coordinado el ataque.

Mientras, Correa señaló que no se modificará la política militar hacia la zona limítrofe con Colombia. Ya no podemos hacer más, dijo, al precisar que Ecuador tiene 11 mil hombres en dicha frontera, que en tiempos de paz deberían ser sólo 3 mil. Mantener la dotación actual cuesta más de 100 millones de dólares anuales, destacó.

No quieran que le hagamos el trabajo al gobierno colombiano. Nosotros limitamos con las FARC, no con el Estado colombiano, indicó, afirmando que Colombia tiene desprotegida su frontera sur, lo cual deriva en el traslado de un conflicto ajeno. Nosotros somos víctimas de un conflicto, no es que seamos cómplices, dijo.

En este contexto, Ecuador anunció haber hallado una planta de procesamiento de droga en la línea limítrofe con Colombia, presumiblemente de las FARC.

De su lado, la organización guerrillera dijo que intenta esclarecer el asesinato del comandante Iván Ríos, que según el gobierno colombiano fue ultimado por su guardia personal, y dijo que que enfrenta una ofensiva apoyada por comandos de Estados Unidos.

Un ex rehén de las FARC, Luis Eladio Pérez, insistió en que la política colombo-francesa Ingrid Betancourt se encuentra muy mal y sin ánimo de continuar, luego de más de seis años en poder de la mayor insurgencia colombiana.

Familiares de nueve militares y policías que están en poder de las FARC recibieron en Bogotá pruebas de vida de éstos de parte de la senadora Piedad Córdoba, al tiempo que el presidente Álvaro Uribe ofreció 15 mil dólares de recompensa por informes para el rescate del periodista Mario Alfonso Puello y de otras dos personas.