La Paz, 22 sep. Con una evidente celeridad, el juez Sexto de Instrucción en lo Penal, Álvaro Luis Melgarejo, resolvió este lunes el traslado a Sucre del ex prefecto (gobernador) del departamento (provincia) de Pando, Leopoldo Fernández, así como de otros involucrados en el caso, pero pese a esta resolución el Gobierno reiteró que hará cumplir el confinamiento de esa autoridad producto del estado de sitio.

Sucre es una ciudad con amplio apoyo a los sectores de oposición de Bolivia, incluyendo al prefecto Fernández, que ha sido calificado por los medios de comunicación privados como una víctima del gobierno de Evo Morales, aún cuando pobladores de Pando le acusan de apoyar y permitir la masacre en la que fallecieron más de 20 campesinos.

“El auto supremo 014/2008 de la Sala Penal Segunda ha definido que se traslade al prefecto Leopoldo Fernández como dice el auto supremo”, afirmó el juez Melgarejo en contacto con la prensa. Señaló que el Prefecto debe ser trasladado, en su calidad de detenido, inmediatamente y de la manera más diligente posible.

Fernández está acusado en dos procesos, uno seguido por la Fiscalía de la República por genocidio en Pando donde murieron al menos 18 personas, entre ellos un niño de dos años, en su mayoría campesinos; y otro presentado en La Paz por familiares de tres normalistas que lo acusan de asesinato, terrorismo y asociación delictuosa.

En una primera instancia, el jueves, por decisión del juez Williams Dávila, el Prefecto de Pando fue encarcelado preventivamente en el penal de San Pedro, inmediatamente conocido el caso la Corte Suprema de Justicia ordenó al jurista trasladar todos los obrados con Fernández detenido a Sucre para que la Fiscalía General de la República continúe con la investigación.

Estado de Sitio

La decisión del juez Melgarejo fue cuestionada hoy por los viceministros de Gobierno, Rubén Gamarra, y de Justicia, Wilfredo Chávez, quienes afirmaron, por separado, que no se permitirá el traslado de Fernández a Sucre, porque debe cumplir el confinamiento producto del estado de sitio decretado en Pando tras la masacre de campesinos.

“Mantenemos firme nuestra posición, el señor Fernández es un confinado por haber subvertido el estado de sitio, está seriamente cuestionado su conducta en el campo penal porque está acusado de ser cabecilla del grupo organizado terrorista que sembró el pánico y la muerte en Pando como terrorista no como genocida u otro delito que le quieren camuflar para favorecerlo en Sucre”, afirmó Chávez.

A su vez, la abogada de los familiares de normalistas victimados en Pando, Mary Carrasco, denunció que Melgarejo tenía toda la prisa para favorecer a Fernández y por ello no esperó siquiera la recusación que presentó (a las 11.40) en contra del Juez. Según Carrasco, se confirmó el favoritismo que estaba aduciendo para recusar al juez Melgarejo, quien, con su decisión apresurada, incluso cometió un error en el auto de radicatoria provisional que intentó subsanarlo luego.

Ya el 13 de septiembre de 2007 el juez Melgarejo determinó el traslado a Santa Cruz de otro proceso judicial, el instaurado en contra el presidente del Comité Cívico de ese departamento, Branco Marinkovic, sobre quien pesan denuncias por presunta tenencia ilegal de tierras, falsedad material e ideológica.

Melgarejo explicó, entonces, que se declaró "procedente el recurso de excepción de incompetencia territorial" presentado por Marinkovic, toda vez que el origen de los supuestos delitos cometidos corresponden a la capital cruceña, además del domicilio del imputado y de la denuncia inicial en su contra.

Indignación

La resolución judicial de este lunes arrancó la molestia e indignación de los familiares de las víctimas en Pando, organizaciones sociales y ciudadanía que se apostaron inicialmente en afueras del juzgado para rechazarlo.

Posteriormente se trasladaron a las inmediaciones del penal de San Pedro para hacer una vigilia e impedir que Fernández sea trasladado a la capital de la República.

Muy indignada la gente exigía justicia para los masacrados en Porvenir donde sicarios y paramilitares emboscaron con armas de juego a los campesinos, dejando un saldo de 18 muertos y decenas de heridos y desaparecidos.

El secretario ejecutivo de los campesinos de Chuquisaca, Esteban Urquizo, lamentó la decisión que “favorece a los masacradores” y pidió la renuncia del Fiscal General, Mario Uribe, a quien acusaron de favorecer a Fernández y constituirse en cómplice de la masacre de campesinos en Pando.