03 de marzo 2010.-Con la transmisión de una evidencia audiovisual irrefutable, que revela cómo los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actúan en confabulación para perjudicar a Venezuela, este miércoles la opinión pública nacional e internacional comprobó la actuación fraudulenta de una institución perteneciente a la OEA en perjuicio del Gobierno de la República Bolivariana.

Germán Saltrón, agente del Estado venezolano ante la CIDH, y la abogada María Alejandra Díaz, presentaron al mundo el video titulado "Secretos de la Corte Imperial de la CIDH", durante una entrevista en el programa Dando y Dando, de VTV, donde analizaron las graves consecuencias de este tipo de violaciones realizadas precisamente por una institución de la OEA, que debería velar en forma transparente por los Derechos Humanos en la región.

La grabación en cuestión, demuestra específicamente el caso del General venezolano Francisco Usón, militar en situación de retiro quien denunció a Venezuela ante la Corte, tras ser sentenciado a 5 años por sus declaraciones difamatorias en un programa televisivo de la planta privada Televen, en abril de 2004, cuando en compañía de las periodistas opositoras Marta Colomina y Patricia Poleo, acusó sin pruebas al Ejército de haber calcinado con un lanzallamas a varios soldados que se encontraban detenidos por mala conducta en el Zulia. Además, en este espacio afirmó, que la vía electoral no servía para derrotar al Gobierno del Presidente Chávez, sino que era otra la "única solución", y no iba a ser pacífica.

En la cinta grabada, los magistrados de la Corte confiesan que la defensa del Estado venezolano es sólida y documentada, ponen al descubierto que deben hilar fino para que la sentencia final no revele la evidente concertación con la Comisión de DDHH que sustanció la falsa denuncia contra Venezuela y se ponen de acuerdo para finiquitar los conceptos que debería tener la resolución final.

Insólitamente, en la cinta, reconocen también que tanto la Corte como la Comisión, "tienen el dedo contra Venezuela", por lo que deben ser muy cuidadosos para no "enredarse" en este caso, cuya sentencia ya estaban planificando el mismo día de la audiencia, realizada en 2004.

La propia corte entrega la cinta incriminatoria de los Magistrados:

"Ellos han violado flagrantemente su propio reglamento, y sin esperar a las partes, ya estaban haciendo la sentencia", dijo Saltrón sobre los magistrados, al explicar que la cinta de audio donde se escucha claramente hablar a los integrantes de la Corte, fue erróneamente entregada por la Corte al equipo de defensa del Estado venezolano.

Explicó Saltrón que, por razones administrativas, la Corte entrega grabaciones de las audiencias a las partes, "pero nos dieron la grabación de esta deliberación que hicieron los jueces al terminar la audiencia", dijo, al confirmar que el equipo se llevó una sorpresa cuando escucharon la cinta completa, de unos 35 minutos de duración, donde resaltan, entre otras, las voces de la Presidenta de la Corte, Cecilia Medina Quiroga (Chile), y del Juez Sergio Ramírez García (México).

Saltrón recordó que tras la primera y única audiencia en este caso, realizada en 2004 en Santo Domingo, los magistrados habían informado que requerían de las partes enfrentadas varias diligencias, y para dictar sentencia establecieron un lapso de 4 meses.

Pero la cinta demostró que los magistrados no esperaron el tiempo que ellos mismos pautaron, y, peor aún, confirmó que se confabularon para emitir sentencia contra Venezuela.

"Ellos empezaron a hacer el proyecto de sentencia sin esperar que las partes dieran sus conclusiones, en dos meses (...). Si escuchamos la grabación, que dura 35 minutos, todo lo que ellos dicen y establecen en la conversación es exactamente lo que pusieron en la sentencia; es exactamente igual", dijo, al comparar los dichos en la reunión confabulada con los conceptos vertidos en la sentencia del 30 de noviembre de 2009, que favoreció inexplicablemente al General Usón.

"Esta es una violación total del derecho a la defensa, por unos magistrados de DDHH, cuya corte es algo que debería ser todavía aun mas solemne", acusó Saltrón.

Corte obvió el fondo para evitar dar la razón a Venezuela:

María Alejandra Díaz expuso que la cinta revela que los magistrados de la Corte, reconociendo que no se pronunciarán sobre el fondo del caso (que no era otra cosa que la difamación y el llamado público al golpe y a la desestabilización contra un gobierno democrático legítimo y constitucional), anuncian que dejarán de lado los graves delitos incurridos por Usón y dedicar una "parrafada" que lo exonere, usando para ello la supuesta violación de su libertad de expresión.

"Pero la propia Convención Interamericana establece excepciones a la libertad de expresión", recordó la abogada, como lo son los llamados a la rebelión, a la desestabilización y la apología al delito, entre otros, por lo cual la sentencia incurrió en graves violaciones a lo establecido en el artículo 13, numeral 2 que rige esta instancia hemisférica.

"Esos señores evitaron pronunciarse sobre el fondo de la materia, porque sabían que le tenían que dar la razón al Estado venezolano", sentenció Díaz.

Agregó Díaz que la Corte, además, sentenció falsamente que el tribunal militar que condenó a Usón en Venezuela no era competente, al considerar al general como un civil, cuando en realidad como personal retirado continúa siendo militar y, por tanto, sujeto a sus autoridades.

Ambos juristas recordaron que en ese año 2004, se realizaría el Referendo Revocatorio Presidencial que la oposición ya sabía que tenía perdida por las encuestas.

También señalaron que en mayo de ese año se logró descubrir la presencia de un centenar de paramilitares colombianos en El Hatillo, cercano a Caracas, quienes tenían previsto desestabilizar al Gobierno Nacional. Concluyeron que estos dos casos, los paramilitares y la denuncia ante la CIDH, buscaban evitar la realización del referendo revocatorio que resultó ser confirmatorio del mandato popular del Presidente Chávez.

La abogada Díaz fue tajante, al resumir el análisis de la grabación que se constituye en documento oficial de la propia Corte: "La defensa de los Derechos Humanos no implica impunidad, y lamentablemente, lo que esta Corte Imperial está, además, comprobando, son las acusaciones que se vienen haciendo con respecto al concierto de voluntades contra Venezuela".

"La Comisión Interamericana está amarrada al tema de la Corte y aquí están las pruebas", concluyó.