18 marzo 2010 - "Aclaramos que cualquier acción para instalar los portones de seguridad en la Ciudad Universitaria contraviene lo establecido en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, en sus artículos 16, 21 y 7 del Reglamento Parcial número 1, en los que se exige la autorización, por parte de este Instituto, para la ejecución de obras en sitios declarados monumentos y bienes de interés cultural. Por lo tanto, las infracciones podrán ser sancionadas de conformidad con el Título VI de esta ley".
Así lo manifestó mediante un comunicado el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), Héctor Torres, en respuesta a la publicación, en distintos medios de comunicación impresos y digitales, de las declaraciones atribuidas a la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha.
La rectora de la UCV señaló que en base a una cita textual del oficio 0002165 del IPC, de fecha 6 de agosto de 2009, se interpreta que el IPC “no ha prohibido” la instalación de los portones de seguridad en las entradas de la universidad.
Asimismo, García Arocha planteó que dicha instalación se realizará si la colocación de estas puertas se aprueba a través de una consulta interna.
Sin embargo, el presidente del IPC aclaró que la cita textual que señala la rectora, que reza: “No obstante y de tratarse de terrenos pertenecientes al complejo de la Ciudad Universitaria, no observamos inconvenientes en proceder a su cercado por motivos de seguridad”, no forma parte del referido oficio, sino de un informe anexo suscrito por un técnico que no posee las facultades para establecer la posición del IPC al respecto.
'Puntualizamos que el informe del que se extrae la referida cita tiene un sentido distinto a la interpretación hecha por la rectora, su verdadero propósito es transmitir observaciones a los proyectos presentados por la Universidad', destacó Torres.
Además, indicó Torres, el planteamiento de consulta interna para aprobar o no la colocación de los portones es inapropiado, debido a que la Ciudad Universitaria de Caracas es un bien de todos los venezolanos, cuyo significado trasciende a sus administradores y usuarios y, en todo caso, no puede utilizarse para violar la Ley.
La UCV debía subsanar en su oportunidad las observaciones notificadas por el IPC, para posteriormente presentar de nuevo los proyectos solicitando la autorización de la institución para proceder a colocar los portones.
'La Universidad no presentó los proyectos reformulados, y por lo tanto este instituto no autorizó la instalación de los portones de seguridad. Es importante aclarar que la interpretación que hace la rectora es una manipulación, en la que se extrae la referida cita de su contexto para desviar el verdadero sentido del mencionado oficio e informe', agregó el presidente del IPC.
Ante esta situación, el Instituto insta a las autoridades de la UCV a no manipular el verdadero sentido de la referida comunicación oficial y su respectivo anexo.
Igualmente, el IPC hace un llamado al pueblo venezolano y a las instituciones del Estado para defender el patrimonio cultural e impedir la realización de obras no autorizadas.
