La tesis del auto atentado cobra fuerza ante argumentos de las autoridades de la UCV de colocar portones en las entradas de esta casa de estudios

19 marzo 2010 - Estudiantes de Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) de todo el país fijaron posición frente al amedrentamiento político que sufren los jóvenes revolucionarios ucevistas y ante la ilegalidad de la colocación de portones que pretenden imponer las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

“Hacemos un llamado a todo el movimiento estudiantil del país para contrarrestar esa intención privatizadora que se camuflajea en hechos como los que sucedieron en el rectorado de de la UCV”, afirmó Douglas Rangel, estudiante de Comunicación Social de la UBV e integrante del comité por la universidad popular.

Rangel expresó su rechazo a eventos de esta naturaleza, los cuales “no benefician al sector estudiantil, sino a las autoridades, que están buscando una excusa para decir que hacen faltan los portones”.

Kristel Velásquez, alumna de historia de la UCV e integrante del Frente de Estudiantes contra la Privatización y la Persecución Política, manifestó que el movimiento estudiantil revolucionario no se opone a la colocación de las puertas por capricho, pues la forma de corregir la deficiencia en la seguridad interna de la casa de estudio no es enrejando la universidad, ya que esa medida “sólo obedece a una política de privatización progresiva y de alejar cada vez más al pueblo de la universidad”.

“Nosotros defendemos que haya una discusión profunda con toda la comunidad estudiantil, legitimada en la Ley Orgánica de Educación, no se puede permitir que el rectorado universitario imponga su designio y ya, así como también nos hemos opuestos a las pruebas internas”, expresó Velásquez.
Trabajadores rechazan ataque

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (Sinatra-UCV) rechazó igualmente el ataque ocurrido el pasado martes contra los espacios del Rectorado de esa casa de estudios.

El presidente de Sinatra-UCV, Eduardo Sánchez, consideró que estos hechos carecen de ideología y benefician a los sectores contrarrevolucionarios, que buscan crear violencia en el país.

“Este es un hecho vandálico carente de ideología, que viene a reforzar el discurso de odio que vienen manteniendo los sectores de oposición que pretenden mantener al país en vilo, porque aquí se resuelven las cosas con los votos”, dijo el dirigente sindical.

Consideró que no se pueden hacer acusaciones sin que los cuerpos de seguridad del Estado determinen los culpables de estos hechos “nadie puede calificar los responsable de esos hechos”.

Hizo un llamado a la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, para “abrir una averiguación profunda y objetiva sobre este hecho y establecer con contundencia la responsabilidad, caiga quien caiga”.

IPC ratificó la no instalación de portones de seguridad en la UCV

El Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) aclaró que cualquier acción para instalar los portones de seguridad en la Ciudad Universitaria contraviene lo establecido en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, en sus artículos 16, 21 y 7 del Reglamento Parcial número 1, en los que se exige la autorización, por parte de este Instituto, para la ejecución de obras en sitios declarados monumentos y bienes de interés cultural. Por lo tanto, las infracciones podrán ser sancionadas de conformidad con el Título VI de esta ley.

La rectora de la UCV señaló que en base a una cita textual del oficio 0002165 del IPC, de fecha 6 de agosto de 2009, se interpreta que el IPC “no ha prohibido” la instalación de los portones de seguridad en las entradas de la universidad. García Arocha planteó que dicha instalación se realizará si la colocación de estas puertas se aprueba a través de una consulta interna.

Sin embargo, el presidente del IPC, Héctor Torres, aclaró que la cita textual que señala la rectora, que reza: “No obstante y de tratarse de terrenos pertenecientes al complejo de la Ciudad Universitaria, no observamos inconvenientes en proceder a su cercado por motivos de seguridad”, no forma parte del referido oficio, sino de un informe anexo suscrito por un técnico que no posee las facultades para establecer la posición del IPC al respecto.

“Puntualizamos que el informe del que se extrae la referida cita tiene un sentido distinto a la interpretación hecha por la rectora, su verdadero propósito es transmitir observaciones a los proyectos presentados por la Universidad”, destacó Torres.

Ante esta situación, el Instituto insta a las autoridades de la UCV a no manipular el verdadero sentido de la referida comunicación oficial y su respectivo anexo. Igualmente, el IPC hace un llamado al pueblo venezolano y a las instituciones del Estado para defender el patrimonio cultural e impedir la realización de obras no autorizadas.