14 de abril de 2011.-Un grupo de ONGs denunció  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el aumento de las agresiones a los defensores de derechos en Guatemala, que ascendieron a 305 en 2010. La situación de los defensores de derechos humanos en Guatemala se ha agravado en los dos primeros meses de 2011, periodo en el que se han triplicado las agresiones y se han contabilizado diez asesinatos. Así lo explicó Marcela Martino, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) durante la última jornada de audiencias públicas de la CIDH el pasado 29 de marzo, en el marco del periodo 141 de sesiones, que comenzó el 21 de marzo y que se prolongará hasta el próximo 1 de abril.

Según las asociaciones, la violencia contra los defensores la ejerce el crimen organizado, pero también el propio Estado guatemalteco, sobre todo cuando se denuncian casos de corrupción que afectan a sus funcionarios. "El Gobierno alienta la percepción de que las personas que luchan por los derechos son desestabilizadores, terroristas, y defensores de los delincuentes", esgrimió Martino.

En este sentido, la delegación del Estado de Guatemala en la audiencia llamó a diferenciar entre los defensores que realizan su labor pacíficamente y las personas que "incitan a la violencia y alteran el orden público". "El Gobierno tiene mecanismos de protección para los defensores, pero estos no son aplicables a las personas que alteran la paz del país, porque tenemos la obligación de velar por el resto de ciudadanos", dijo Hugo Martínez, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Guatemala.

Los defensores más afectados por las agresiones son los que trabajan en favor del derecho al desarrollo y a la verdad, seguidos por sindicalistas y los que ayudan a campesinos e indígenas. En el turno de preguntas de la CIDH, el comisionado Paulo Sérgio Pinheiro interrogó a la delegación del Gobierno de Guatemala sobre el uso de las Fuerzas Armadas en casos sencillos de desalojo, y mostró su preocupación por esta práctica. Martínez alegó, en nombre del Ejecutivo, que la Constitución guatemalteca contempla que el Estado puede recurrir al Ejército tanto para la seguridad interna como la externa. Asimismo, Martínez se esforzó en subrayar que el Gobierno está protegiendo actualmente a 261 defensores y 15 ONG, algo que las asociaciones que actuaron como peticionarias en la audiencia admitieron, pero tacharon de "insuficiente e ineficaz".

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LOS SECTORES MÁS DESPROTEGIDOS

Durante el 2010 en Guatemala se produjeron 1635 fallecimientos de niños, niñas y adolescentes, 459 de ellos por arma de fuego y arma blanca, informó Nery Rodenas, Director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). A decir de Rodenas, la situación que vive actualmente la niñez y adolescencia en el país es preocupante, pues según los datos del Observatorio sobre la situación de la Niñez y Adolescencia en Guatemala, sólo en enero de este año la violencia cobró la vida de más de 38 menores de 18 años, el 68 por ciento de ellos adolescentes.

De acuerdo con Rodenas, en el 2010 se reportó una disminución del 6.9 por ciento en comparación con el 2009, sin embargo aún falta mucho por hacer para proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes en el país. Según el representante de ODHAG, si se toma en cuenta sólo al sector poblacional adolescente en Guatemala, se puede observar que se encuentra en total abandono por parte del Estado, pues no ha sido capaz de brindarle oportunidades mínimas de desarrollo.

Rodenas dijo que por cada 100 niños que ingresan a la primaria, únicamente 10 comienzan la educación básica y sólo dos tienen acceso a la educación diversificada; cuando se habla de acceso a la salud preventiva existe una mínima ejecución para programas de prevención del VIH y la drogadicción. El activista subrayó que la situación en la que viven las y los menores de edad en el país, abre las ventanas a los sectores ilícitos para exponerlos y utilizarlos en la corrupción, la violencia y la impunidad.

Por su parte, Carolos Alarcón Novoa, coordinador del Área de Cultura de Paz, de la ODHAG, hizo un llamado a las autoridades, para que asuman su papel de garante en la generación y aplicación de políticas que prevengan integralmente la violencia hacia la niñez y adolescencia. Finalmente, Alarcón lamentó que sólo dos de cada 10 adolescentes tengan acceso a la escuela, además son ellas y ellos los más afectados y los más expuestos a redes y mafias, destaca una nota de AmecoPress del 28/02/11. 

LA MANO DURA NO SOLUCIONA LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Myrella Saadeh, Directora de la ONG PAMI, comenta al Observatorio SELVAS que “Paulo Sérgio Pinheiro, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó el viernes 12 de noviembre de 2010, el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. Esta investigación busca brindar elementos de juicio para que los gobiernos adopten medidas para fortalecer las instituciones, leyes, políticas, programas y prácticas para la prevención y el control de la criminalidad y la violencia en el marco de la seguridad ciudadana y los derechos humanos.

Entre los puntos que destacó es que es imposible que la seguridad se resuelva por medio de acciones represivas, como la ampliación de penas, la reducción de la edad para la aplicación de sanciones penales, ni mucho menos la pena de muerte o leyes antimaras. Argumentó que frente a la situación de violencias en algunos países se ha apelado a dicho tipo de acciones que han resultado ineficaces para solucionar los problemas de violencia.

Subrayó que Latinoamérica presenta índices altos de criminalidad, por lo cual el tema de seguridad no solo es una urgencia para las poblaciones, sino que también se convierte en una de las principales demandas hacia las autoridades.

Indicó que los países tienden a reproducir modelos de violencia y que es incoherente en sociedades que se tachan de democráticas, que mantengan acciones autoritarias hacia los sectores más vulnerables, entre ellos población de mujeres, indígenas, de niñez y adolescencia

Por último concentró  su discurso en 5 grandes conclusiones:

1.   Que se hace generar una dinámica de atención a las víctimas de violencias e inseguridades, garantizando las especificidades respectivas

2.    Controlar el crecimiento de las policías privadas, así como regular sus acciones.

3.    La seguridad ciudadana implica pensar en un modelo de gobernabilidad de la misma, donde no solo la policía y los aparatos de justicia estén al frente de la solución de los problemas, sino que se hace necesaria la participación de otros actores y sectores.

4.    Implementación de planes de modernización y profesionalización de las fuerzas policiales

5.    La garantía de la seguridad ciudadana no se puede resolver con el uso de  la fuerza. 

PAMI y CIPRODENI a partir de los aportes del Sr. Pinheiro reflexionan sobre el tema de seguridad y niñez en Guatemala. Las Leyes antimaras no solucionan los problemas de seguridad, sino que lo complejizan en función de una ampliada criminalización de sectores juveniles. Además con ello se vuelve a promover el paradigma de la peligrosidad, que implica que todo niño, niña, adolescentes o joven, solo por serlo ya es sospechoso o culpable de algo y en ese sentido es mejor establecer mecanismos de control.

Es importante el fortalecimiento de la Unidad de Niños y niñas de Policía Nacional Civil, como parte del mejoramiento de instancias especiales con la finalidad de velar por el cumplimiento de los derechos de niños y niñas. Fortalecimiento de organismos de estado (Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos y Organismo Judicial), para garantizar la seguridad de la niñez y su protección y fortalecer la institucionalidad en ese marco. Se sigue exculpando a los adultos responsables de las organizaciones complejas de violencia, que se quedan invisibilizados con esta forma de pensamiento donde niños, niñas, adolescentes y jóvenes son los responsables de muchos actos criminales”, concluye la directora de PAMI. 

CRISIS GENERAL EN EL AÑO ELECTORAL

René Muñoz es un activista social (miembro fundador del Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular MICSP; miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Comunal Guatemalteco MCG; educador popular de la Parroquia Cristo Nuestra Paz de la Colonia El Limón) que ha sufrido en carne propia la búsqueda de justicia desde los Acuerdos de Paz hasta ser mencionado en el informe anual del 2006 del Observatorio Mundial por la protección de los defensores de derechos humanos OMCT-FIDH.

René Muñoz ha comentado al Observatorio SELVAS que “estamos en un año electoral y cualquier cosa pasa por este filtro, hay mucha corrupción en todos los niveles sociales, en todos los segmentos de la población guatemalteca, desde el más pobre y humilde, hasta el mas opulento.  Esta situación hace que nos encontremos en un ambiente bastante desagradable, ya que la gente espera encontrar el máximo beneficio con el menor esfuerzo, haciendo sobornos, comprando puestos de trabajo en la administración pública, los candidatos a diputado, pagan a los partidos políticos hasta un millón y medio de quetzales, unos 190,000 dólares por ser de los que encabezan las listas y tener la garantía de ser electos aún si el partido obtiene muy pocos votos. Los puestos para ministros se venden cuando ya están en la recta final los dos partidos que llegan a la segunda vuelta. Tenemos 21 partidos y se están haciendo alianzas, con facilidad tendremos unos 5 u 8 competidores por la presidencia, como ya te he dicho en otras ocasiones, no tenemos partidos con un perfil ideológico o con filosofías que los definan de manera distinta, los diferentes cuadros políticos que hoy están en el congreso, son buscados por los partidos para ofrecerles la opción de trabajar por ellos y estos esperan a que llegue la mejor oferta económica para decidir.  Esto parece el espacio que queda entre un campeonato de fútbol y otro para contratar jugadores.  Los intereses del pueblo o los proyectos para favorecer el desarrollo del país pasan a segundo plano.

Hoy no te ofrecen un programa de trabajo, sino, puros slogans publicitarios como "Con mano dura cabeza y corazón vamos adelante" " Si me eligen llevaremos a la selección de fútbol al mundial", "Dios patria libertad", "Es el tiempo de la nueva generación" " Ya vienen tiempos mejores"… La violencia se incrementó a ritmos incontrolables, existen más de 16000 privados de libertad en las cárceles del país, en condiciones infrahumanas, totalmente asignados en barracas de 4 por 4 metros para unos 8 a 10 reos.   Los políticos que están presos o los narcotraficantes, tienen privilegios para estar en apartados carcelarios que dan la impresión de un condominio 3 estrellas, con habitaciones equipadas y alfombradas, pueden comunicarse por medio de teléfonos celulares e internet, son quienes desde estos centros carcelarios dirigen el crimen organizado y ahora están exigiendo derecho al voto.   

La población honrada está poniendo rejas en la entrada a sus colonias o áreas residenciales y los delincuentes están libres por las calles.  Algunas áreas residenciales pagan guardias de seguridad de empresas privadas para garantizarse la seguridad en sus casas, ya que la policía nacional civil y el ejército de Guatemala son incapaces de tener control.   

Los asesinatos a mujeres han aumentado a un ritmo impresionante, las extorsiones a la población trabajadora son la orden del día.  Si tienes un negocio personal, debes pagar impuestos al Estado y también a los grupos de maras que son las bandas de delincuentes que ejecutan las órdenes de los que están en las cárceles.   

Los trabajadores perdieron totalmente los derechos laborales que habían logrado entre 1944 y 1954 y posteriormente hasta los años 80.  Hoy no se cuenta con la posibilidad de hacer carrera administrativa en el Estado, los contratos de trabajo son por un año y se renuevan a cada año para no acumular pasivo laboral.  Esto no es solamente en la iniciativa privada, también el Estado funciona de la misma forma y son muy pocos los privilegiados con las prestaciones laborales como aguinaldo, bono 14, indemnización, seguro social.   

La educación cuenta con un presupuesto que no le alcanza para cubrir ni siquiera a la mitad de la población en edad de estudiar y menos a la población analfabeta.  Sin embargo este gobierno hizo algunos avances subsidiados, lo cual no garantiza que cuando haya cambio de gobierno, se continúe con la atención a las ampliaciones de cobertura que se ha logrado. El ingreso real en relación con la inflación y la devaluación de la moneda, el incremento en los combustibles y el aumento del costo de la canasta básica, ponen a la población en condiciones de muerte para unos y de depauperización para otros.   

La cooperación internacional se está retirando y solo está quedando la cooperación oficial, la que se da de Estado a Estado, por lo que los beneficios no llegan a la población necesitada, debido a que los recursos se distribuyen entre salarios, viáticos y gastos de representación de los funcionarios que trabajan para los diferentes programas que se crean  para la atención de los diferentes segmentos temáticos sectoriales.   

Los derechos humanos son violados constantemente, en todos los niveles, en  la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la economía, la cultura. Si quieres saber de Rigoberta Menchú, ella continúa con su grupo llamado Movimiento Winaq, pero es una mujer con reconocimiento y presencia internacional pero desconocida e inaceptada en Guatemala, su imagen no representa nada para encabezar un movimiento político.  Y si quisiéramos pensar en la posibilidad de que compita en las elecciones, yo solo diría que sería el distractor menos visible en el espectro político.  Ni aún los mismos indígenas la reconocen como líder.  Ella solo es y ha sido, una construcción de la cooperación internacional, a los ojos de la población guatemalteca. Su figura más reconocida por el común guatemalteco es el de la empresaria y accionista de una cadena de farmacias con su matriz en México. Hay mucha necesidad en mi país, no solo pobreza económica, también pobreza de ideas, de sueños, de ilusiones.  Hoy estamos ante una población abatida, deprimida, confusa e indiferente”, concluye Muñoz René. 

BUSCANDO JUSTICIA

El Observatorio SELVAS sigue luchando por la búsqueda de justicia en Guatemala, desde la denuncia del informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Guatemala Nunca Más y del asesinato del Arzobispo mártir Juan Gerardi; en 2008 ha publicado el informe “Desafíos por la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica” (ver: http://alainet.org/active/21812&lang=es ) que fue publicado en la web del Premio Nobel Rigoberta Menchu (http://www.frmt.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=176&mode=thread&order=0&thold=0  ).

El Arzobispado de Guatemala lamentó el día 26 de abril de 2010 la poca colaboración del Estado para lograr el pleno esclarecimiento del asesinato, hace 12 años, del obispo Juan Gerardi y dijo que se ha ocultado información sobre este caso. El director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), Nery Rodenas, dijo que pese a que dos militares y un sacerdote cumplen una condena de 20 años por el crimen, la investigación a otras trece personas, "no avanza".

En declaraciones a Efe, el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), Nery Rodenas, dijo que pese a que dos militares y un sacerdote cumplen una condena de 20 años por el crimen, la investigación a otras trece personas, cinco de ellas miembros del Ejército, “no avanza” y hasta ahora no se sabe quiénes fueron los autores intelectuales. Rodenas aseguró que “ha sido bastante difícil lograr esclarecer plenamente el crimen” porque “existe ocultación de información y de documentos del Estado Mayor Presidencial (ya desaparecido)”. “Ha sido poca la colaboración del Estado en el esclarecimiento del caso, muchas veces dicen que no tienen información, es preocupante que no se pueda facilitar la información que se pide”, se lamentó el abogado de la ODHA, que es querellante adherida en el proceso judicial. En ese sentido, un portavoz del Ejército dijo a medios locales que no han recibido por escrito ninguna queja de la fiscalía que investiga el caso y que el Ministerio de la Defensa “está en la mejor disposición de apoyar”. “Para nosotros es importante que el caso siga avanzando, porque es un caso de impacto social, un crimen de Estado”, y pese a las amenazas y desinformación “se ha tocado a los grupos de poder y se tiene que determinar el tipo de responsabilidad del Ejército”, manifestó Rodenas. El coronel retirado Byron Disrael Lima Estrada y su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, cumplen una condena de 20 años de prisión desde el año 2000 tras haber sido declarados culpables como coautores del asesinato del obispo auxiliar de Guatemala. El sacerdote Mario Orantes también cumple la misma pena por su complicidad en el crimen.

Rodenas recordó  que tanto los militares como el sacerdote pidieron hace poco a los tribunales su libertad anticipada bajo el argumento de “buena conducta” y al amparo de la Ley de Redención de Penas vigente en Guatemala. Sin embargo, los tribunales se las rechazaron porque, sostuvo el titular de la ODHA, “presentaron documentos falsos y no pudieron comprobar su buena conducta en la prisión”. “Sólo al capitán Lima Oliva le aparecen al menos once denuncias de mala conducta en la cárcel”, aseguró. Como parte de la conmemoración del 12 aniversario del asesinato de Gerardi, la tumba en donde reposan sus restos, en las catacumbas de la Catedral Metropolitana, en el centro histórico de la capital, es visitada hoy por decenas de feligreses. Además, la ODHA expone en las catacumbas y en la Plaza de la Constitución fotografías y textos que relatan la vida y obra del religioso.

“Lo mataron por haberse preocupado por las víctimas de la guerra en Guatemala, por haber escuchado las experiencias de los sobrevivientes, por haber publicado la documentación acerca de los crímenes cometidos por las fuerzas militares”, anota uno de los textos. Gerardi, de 75 años, fue asesinado a golpes en la cabeza hace 12 años, unas 54 horas después de hacer público el informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Guatemala Nunca Más. En ese informe se documentaron más de 55.000 violaciones a los derechos humanos, incluidas masacres, que en su mayoría fueron atribuidas al Ejército. Rodenas dijo que los actos conmemorativos concluirán por la noche con una misa y una caminata desde la Catedral hasta la iglesia San Sebastián, en cuya cochera fue asesinado Gerardi.

Parlamento Europeo condena violencia en Guatemala

El pleno del   Parlamento Europeo (PE) hizo una enérgica   condena y manifestó su profunda preocupación, por la violencia contra las mujeres y las niñas que   se registra en México y Guatemala, al calificarla   como un problema crónico de los estados.  Información del PE, indica que el día 19 de diciembre de 2010 en   Estrasburgo el organismo internacional respaldó   el informe anual 2009 sobre los Derechos Humanos   (DH) en el mundo en el que se advierte sobre la   arraigada discriminación por razones de género y   la violencia que se registra en ambos estados.  En el texto aprobado se exhorta a que en todos   los diálogos sobre DH, se aborden de forma   explícita los derechos de las mujeres, en   particular la lucha y la eliminación de todas las   formas de discriminación, todas las formas de trata de seres humanos, la violencia familiar y el feminicidio.  El Parlamento, considera que la violencia contra   las mujeres también se manifiesta   psicológicamente; toda vez que en el ámbito   laboral las mujeres reciben salarios más bajos   que los hombres y son más numerosas en los empleos precarios o parciales.  Destaca la situación de las mujeres jóvenes   migrantes que a causa de los principios de   determinadas comunidades, la religión o el honor familiar, son víctimas de malos tratos,  asesinatos por honor o la mutilación genital o son privadas de su libertad. De igual manera señala que las mujeres que viven  en zonas rurales son un grupo particularmente   vulnerable y manifiesta su inquietud por los   casos de violencia sexual y los elevados índices   de violaciones de mujeres y niñas. Las y los integrantes del Parlamento consideran  que la lucha contra la impunidad es de crucial importancia, dado que su objetivo es la   prevención y el castigo de los delitos más graves y de sus autores.  De igual manera enfatiza la importancia de las   cláusulas relativas a los DH, la democracia y de   mecanismos eficaces de resolución de conflictos   en los acuerdos comerciales, entre la Unión   Europea y los países no pertenecientes a la Unión”.

Hay que mencionar que el Parlamento Europeo mostró el día 26 de octubre de 2006 su apoyo a las órdenes de busca y captura dictadas por la Audiencia Nacional española, para su posterior extradición y juicio, contra siete militares guatemaltecos, entre ellos el ex presidente Efraín Ríos Montt, acusados de genocidio, torturas y detención ilegal. Los presuntos criminales a los que alude la resolución de la Eurocámara son, además de Ríos Montt, el ex presidente Oscar Mejía Victores, el ex ministro de Defensa Angel Aníbal Guevara, el antiguo director de la Policía Nacional Germán Chupina Barahona, el ex jefe del Comando Seis de la Policía Pedro García Arredondo y el antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García. El texto, que fue presentado conjuntamente por los grupos Popular, Socialista, Liberal, Verde y de Izquierda Unitaria, salió adelante por amplía mayoría. En la resolución, la Eurocámara recuerda que el 83 por ciento de las víctimas del conflicto armado en Guatemala eran de la etnia maya e incide en que 200.000 personas murieron asesinadas y 45.000 fueron víctimas de desapariciones forzadas.

La Europarlamentaria Helena Flautre del Grupo Verde, realizo una importante audiencia en la Comisión Derechos Humanos del Parlamento Europeo sobre la lucha en contra de la impunidad y para la defensa de los derechos humanos en Guatemala, el día 26 de noviembre de 2007 (www.cifca.org/Comunicado%20prensa%20CIFCA-GS-CIDSE,%20nov%2007.pdf).

Redes europeas y organizaciones internacionales solicitaron la reacción de la Unión Europea en relación al desalojo de varias comunidades entre ellas Miralvalle, Parana, Bella Flor, Quinch (Tres Estrellas en Castellano), en el Valle del Polochic, Panzós, Alta Verapaz por los desalojos violentos que se están realizando desde el día 15 de marzo de 2011, así como por el comunicado que el Gobierno de Guatemala ha hecho públicos justificando dichas acciones dentro del marco de la ley y en aras a mantener la gobernabilidad del país. 

(*)  Operador de redes internacionales para la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica.  Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS.  Trabaja en Latinoamérica desde 2001 con experiencias en Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil. 

14.4.2011