10/05/12.-La crisis económica golpea España de manera brutal, con una tasa de desempleo de 25% (similar al Chile de Pinochet de la década del ‘80) y un empobrecimiento de la población que hace temer un escenario similar al de Grecia. Sin embargo, para algunos funcionarios del Estado español los muertos de hambre son los latinoamericanos que viajan a su país. Así se lo gritaron a Patricia, una chilena de 40 años de edad, que el martes 8 de mayo de 2012, fue deportada desde Madrid. Así terminó su viaje de vacaciones a Bruselas. Con impotencia, comentó a sus amigos que la humillaron, que la hicieron sentirse peor “que la nada misma” y que de forma grotesca le dijeron que cuando tuviera todo en regla podría intentar ingresar a Europa. Ese día, otras pasajeras de su vuelo, dos chilenas y una argentina, corrieron la misma suerte. De nada sirvió que una de ellas contraería matrimonio con su novio español o que las otras tuvieran dinero y tarjetas de crédito que acreditaban su solvencia económica.
Según estadísticas oficiales, el año 2011 ingresaron al territorio hispano cerca de un millón de turistas latinoamericanos y, el año anterior, dicha cifra bordeó el millón doscientos mil. No obstante, se cuentan por miles quienes, año tras año, son deportados desde los aeropuertos de la “Madre Patria”. En 2011, padecieron esta infamia 7.800 personas.
Hombres y mujeres que, por diversos motivos, viajan a España o ingresan por él a la zona Schengen, a diario enfrentan rigurosos controles de identidad y de aduana. Muchos de ellos jamás logran pisar suelo español o realizar sus trasbordos hacia otros destinos europeos. Deben soportar condiciones infrahumanas, encerrados en recintos bajo llave, en tierra de nadie, donde esperan horas, incluso días, antes de ser deportados a sus países de origen, por no contar con TODOS los requisitos que un turista debe cumplir: carta de invitación (si se va a casa particular) o reserva de hotel pagada de antemano; 61,42 euros por día; seguro médico con cobertura sanitaria de a lo menos 30 mil euros; y pasaje de ida y vuelta con duración máxima de 90 días. La carta de invitación debe solicitarla quien invita ante las autoridades competentes del país en el cual reside. En el caso de España, este documento se tramita ante la Policía Nacional y su resolución tarda alrededor de un mes y medio, con un coste cercano a los 100 euros.
Patricia contó que le pusieron una asistente social para que la ayudara a contactarse con sus familiares. La ayuda consistió en que Patricia debió pagar 10 euros por una tarjeta de teléfono, para que, a nombre suyo, esta mujer se comunicara con su hermana. Luego la amenazaron con dejarla en esa tierra de nadie indefinidamente y la obligaron a firmar un documento de conformidad con su deportación.
Brasil ha implantado, a partir de marzo de 2012, la política de reciprocidad con los españoles. Les exigen los mismos requisitos para ingresar como turistas. Esta es una respuesta oficial ante los casi 1.500 brasileños que fueron deportados el año pasado.
A mi juicio, Europa se quiere blindar ante la inmigración. Retrocede años luz en políticas migratorias. Y España olvida que cuando los españoles vivían en la miseria, fueron estos mismos “sudacas muertos de hambre” quienes les dieron de comer.
