Caracas, agosto 5 - A 1 año y 3 meses de detención ilegal de Julián Conrado en Venezuela numerosas voces solidarias, bolivarianas e internacionalistas claman ASILO y libertad para el luchador y cantor.
Han pasado 1 año y 3 meses desde que el cantante Julián Conrado fuera ilegalmente detenido en Venezuela por fuerzas represivas colombianas y venezolanas, va 1 año y 3 meses de cautiverio ilegal.
Totalmente ilegal pues la fiscal no pudo imputar delito a Julián Conrado en Venezuela.
Ilegal pues no ha habido juicio, y se ha pasado por más de año la deteción preventiva.
Ilegal pues se está violando el HABEAS CORPUS interpuesto.
Ilegal pues Julián Conrado pasó 1 mes desaparecido -una semana con los ojos vendados y atado de pies y manos- sin ser presentado a autoridades para su derecho a defensa.
Ilegal pues se han violado TODOS los plazos.
Ilegal pues el estado colombiano no formalizó su solicitud de extradición DENTRO de los PLAZOS LEGALES.
Ilegal pues Julián Conrado solicitó ASILO de manera formal.
Ilegal pues lo mantienen preso violando la misma Constitución Bolivariana de Venezuela, y violando el DIH: Julián Conrado es un perseguido político que además está gravemente enfermo, y es por motivos de salud que estaba en Venezuela.
Ilegal, antibolivariana y antiética es la dentención del cantor Julián conrado en Venezuela. La cúspide de esta violación de los DDHH contra un revolucionario en tierras de Bolívar sería la entrega al régimen colombiano, por ello los revolucionarios y revolucionarias del mundo clamamos ASILO, LIBERTAD y ASISTENCIA MÉDICA para salvaguardar la salud, la integridad, la vida de Julián Conrado, y para obrar realmente de forma coherente con los principios bolivarianos y la ética humanista.
El cantor Julián Conrado fue detenido el 31 de mayo 2011 por fuerzas represivas combinadas de Colombia y Venezuela en territorio venezolano. El gobierno colombiano lo persigue con saña porque Julián Conrado con sus canciones lleva un mensaje de justicia social a un pueblo empobrecido, saqueado y agredido por el terrorismo de estado que utiliza su herramienta paramilitar y tiene todo el apoyo EEUU. Las autoridades colombianas pretenden obtener otra entrega ilegal de un perseguido político por parte de Venezuela; pero los hombres y mujeres con ética de Venezuela y del mundo piden ASILO para el Cantor. El DIH impide entregarlo a Colombia y ampara el ASILO para el perseguido político, quién además está enfermo. Un hombre viejo y enfermo, apresado cuando buscaba ayuda médica no puede ser entregado a sus persecutores, por respeto al DIH y a la ética. En las cárceles colombianas fallecen con inusitada frecuencia los presos políticos por tortura y por tortura de negación de asistencia médica.
La Convención de Ginebra y la Convención Contra la Tortura impiden entregarlo a Colombia. Se pide que las autoridades venezolanas respeten el DIH y la ética bolivariana y no entreguen al cantor Julián Conrado a una tortura segura. En las cárceles colombianas son empujados a la muerte los presos políticos.
El pueblo colombiano sufre terrorismo de estado y necesita que sus hermanos latinoamericanos se solidaricen con su sufrimiento. Que al menos sean respetados los perseguidos políticos y los gobiernos regionales no entren a colaborar en la cacería humana con EEUU y el régimen Santos. Recordar que el caso de Julián Conrado se inscribe en unas políticas de colaboracionismo militar, que contravienen incluso la Constitución Bolivariana de Venezuela y el DIH, y que se asemejan a una reedición del 'Plan Cóndor': varios perseguidos políticos heridos y enfermos han sido entregados por Venezuela al régimen colombiano en total violación al DIH, incluso está el caso de guerrilleros retirados por graves enfermedades y de un civil: el periodista Joaquín Pérez Becerra entregado en abril del 2011, negándole el debido derecho a defensa y violando todo el DIH. Varias voces de Venezuela y el mundo, organizaciones y defensores de DDHH, alzan sus voces por el respeto al DIH y que cesen las entregas de perseguidos políticos a un estado sobre el que pesan múltiples denuncias por torturas y homicidios en régimen carcelario, como es el caso del estado colombiano.
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