El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicada ayer en Gaceta, establece un 30% de ganancia tope para cada actor de la cadena de comercialización. Además se reforzó las sanciones penales para quienes infrinjan la legislación.
En su artículo 32, la norma señala que “el margen máximo de ganancia será establecido anualmente, atendiendo criterios científicos, tomando en consideración las recomendaciones emanadas de los ministerios con competencia en las materias de Comercio, Industrias y Finanzas. En ningún caso, el margen de ganancia de cada actor de la cadena de comercialización excederá de treinta (30) puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o servicio”.
De acuerdo con la norma, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde), podrá determinar márgenes máximos de ganancia por sector, rubro, espacio geográfico, canal de comercialización, actividad económica o cualquier otro concepto que considere, sin que estos superen los máximos establecidos en el presente artículo.
En relación con las sanciones penales, la ley establece en su artículo 59 que aquellos que incurran en delito de contrabando de extracción “serán castigados con pena de prisión, de 10 a 14 años, quien mediante actos u omisiones, desvíe los bienes declarados de primera necesidad, del destino original autorizado por el órgano o ente competente, así como quien intente extraer del territorio nacional los bienes regulados por la Superintendencia, cuando su comercialización se haya circunscrito al territorio nacional”.
La alteración fraudulenta de precios, también puede ser pagada con la privación de libertad. “Quien difunda por cualquier medio, noticias falsas, emplee violencia, amenaza, engaño o cualquier otra maquinación para alterar los precios de los bienes o servicios, será sancionado con prisión de dos (2) a seis (6) años”.
Mientras que las multas irán desde 200 Unidades Tributarias (Bs. 21.400) hasta 50.000 UT (Bs. 5.350.000).
La Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Andreína Tarazón, aseguró que es “justicia social” la promulgación de la ley. “Vamos con firmeza y honestidad junto al pueblo a estabilizar la economía, a cuidar el salario de los venezolanos, confiemos en el país”, dijo.
Víctor Maldonado, director de la Cámara de Comercio de Caracas, afirmó que “esta Ley de Precios Justos, indica que el Gobierno intentará darle a la economía el giro del control al punto de asfixiarla. Me preocupa la imposibilidad de calcular los precios a cada producto y servicio y la criminalización de la actividad empresarial, pues su incumplimiento establece penas hasta por 14 años de prisión (…) Con eso están afianzando más la desinversión, la desconfianza económica y por esa vía asegurar un año de inflación y escasez”.
