05-01-14.-La superintendente nacional para la Defensa de los Derechos Socio-Económicos, Andreína Tarazón, calificó de “risible” la introducción de un recurso por parte de Fedecámaras en contra de la Ley de Costos y Precios.
“Da risa y son risibles, uno no tiene ni que tomarlos en cuenta; es como un ladrón, un violador, como un estafador que pida la nulidad del Código Penal, son delitos deplorables que afectan contra la estabilidad del país”, dijo la ministra en declaraciones a Unión Radio, este miércoles.
Destacó que este instrumento sanciona el contrabando. “Eso da risa y vergüenza. Como un acaparador, una mafia que contrabandea bienes hacia Colombia va a pretender ir al TSJ a pedir la nulidad de la ley, porque lo que establece la ley son los delitos el acaparamiento, usura, contrabando que en cualquier país son sancionados”,
“No entiendo como estos actores económicos que viene ejecutando estos delitos van a pedir la nulidad, es como que un delincuente, un ladrón y un corrupto pida la nulidad del Código Penal, son sanciones deplorables y eso es lo que establece la ley”.
Hizo un llamado a la “autorregulación” asegurando que este es un gobierno de dialogo que aplicará la ley.eportó el acercamiento de ciertos grupos a la Superintendencia que han asumido el 30% de margen de ganancia.
Este sábado arrancó la jornada para la aplicación de la Ley Orgánica de Precios Justos, tras su entrada en vigencia el pasado viernes. La Fiscal General Luis Ortega Díaz explicó que la Ley será aplicada a todo el que incurra en delitos que estén contemplados dentro de la misma, sin distinción, sea cual fuere el caso.
El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, aseguró este martes que "esta ley agrava dramáticamente la situación de la economía del país".
"No estamos de acuerdo en que se califique a las deudas como ilegales, que se publique la lista con empresas fantasmas. Es exclusivamente responsabilidad del gobierno nacional estas empresas, el gobierno sabe muy bien cuáles son las empresas que desde hace dos años están importando", indicó al referirse a la deuda que mantiene el Gobierno Nacional con empresas.
Denunció Roig que según la ley, cualquier empresa, por pequeña que sea, no se salva de la ley y todas son susceptibles de ser expropiadas y hasta "saqueadas".
"Es una ley que crea muchísimos más controles y crea burocracia, le da poderes discrecionales a la Superintendencia, que tiene poderes discresionales y exagerados para fijar precios", dijo
