El Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso de nulidad que solicitaron varios ex-ministros de Chávez. ¿Qué puede significar esto?
“Con el proyecto del Arco Minero, se van a devastar las poblaciones indígenas y eso va en contra de la Revolución Bolivariana. La civilización de buen vivir frente al desarrollismo del capitalismo se la estamos entregando a empresas extranjeras para que manejen un vasto territorio estratégico, que además tiene una importancia geopolítica fundamental”.
Así lo refirió Gustavo Márquez Marín, ex ministro de Industria y Comercio durante el mandato del presidente Hugo Chávez, quien explicó que este proyecto se ha venido planteando como “la gran salvación” a la crisis económica que atraviesa el país, pero advierte que con su aplicación “los daños serían inconmensurables” para el ecosistema.
“De allí se pretende extraer minerales para apalear la crisis, es una actitud irresponsable. Se está vendiendo la joya de la corona, porque ahí está la vida nuestra, la biodiversidad, la posibilidad de usar el Orinoco como canal de navegación”.
El también docente reconoció la potencialidad de la zona, al tiempo que alertó acerca de los riesgos. “Es verdad que allí hay una cantidad importante de minerales estratégicos incluyendo el oro, diamantes y coltán. Pero también es cierto que esos minerales están ubicados en un territorio en el cual existen ecosistemas muy frágiles de los cuales depende 70% del agua de este país que viene de ahí, donde se encuentra la gran reserva hídrica de Venezuela”.
Marquéz Marín enfatizó que la fragilidad de esta reserva se debe a que el suelo en esos espacios está conformado por una capa vegetal muy pequeña, que al eliminarla no vuelve a crecer. “Todos estos bosques desaparecerían y, al desaparecer, a su vez, desaparece la posibilidad de que las lluvias y el ciclo hídrico se mantenga, que es la base fundamental para que se carguen los ríos que llenan al Caura y al Caroní, que son los que producen la generación de energía del 70% del país”.
Subrayó que con el uso de la mega minería que utiliza el cianuro y otras substancias tóxicas para el medio ambiente, se devastaría este territorio debido a la remoción de suelos, “ya que para sacar un gramo de oro se requiere remover tonelada y media de tierra, que luego es lavada con cianuro y los desechos van a los ríos y a las aguas subterráneas”.
Asimismo, informó que al estar en desacuerdo con las acciones que ha tomado el Gobierno Nacional con relación al proyecto del Arco Minero, un grupo de “compañeros -la mayoría de ellos fuimos parte del equipo del presidente Chávez en distintos momentos- decidimos acudir al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad del decreto del Arco Minero y el tribunal admitió este recurso de nulidad que estamos solicitando a la sala político administrativa”.
Resaltó que con esta solicitud no está anulado el decreto, pero al ser admitido por el TSJ se abre la posibilidad de que las venezolanas y los venezolanos conozcan los argumentos de una y otra parte frente a un problema de interés nacional, hecho que consideró como un logro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “que establece los derechos difusos, es decir, que cualquier ciudadano puede actuar en defensa del interés general”.
“Este es un proyecto que contradice totalmente el espíritu y razón de la Constitución, del programa del Plan de la Patria que plantea el quinto objetivo, porque esto no va a afectar solamente a Venezuela, va a afectar toda la Amazonía y al planeta entero. Estamos hablando de un problema de grandes magnitudes, que además de destruir una importante reserva acuífera, va a desarticular completamente las poblaciones indígenas, en nombre de una propuesta que supuestamente apunta a la diversificación de la economía, de ir hacia la superación del rentismo petrolero. Lo que se está haciendo es ampliar y profundizar el modelo minero extractivista, rentista y depredador que no va a resolver los problemas porque es pan para hoy y hambre para mañana, porque se está vendiendo el futuro de nuestro país”, reflexionó Márquez Marín.
Alertó que se estaría creando un “Estado de excepción permanente” en este territorio de concretarse el proyecto del Arco Minero, “donde prácticamente se suspende la Constitución, los derechos de los pueblos indígenas, de los periodistas, de cualquier movimiento social ecologista o de cualquier tipo que desee oponerse a eso, se criminaliza la protesta, la oposición a estas cosas. Todo eso se pone bajo un régimen militar”.
Aseveró que mientras el pueblo venezolano está distraído en cómo afrontar la crisis “se está colando un proyecto de esta naturaleza que coloca al país, a las y los venezolanas y a las futuras generaciones contra la pared”.
Beriozka Fereira