Jueves,07 de junio de 2018.- Frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia tomamos una serie de declaraciones, el martes cinco de junio, Día Mundial del Ambiente, a algunos de los ciudadanos que se presentaron a esta convocatoria, quienes entregaron un documento recordándole al TSJ que se han cumplido mas de dos años de la entrega del recurso de nulidad del decreto 2248 sobre el Arco Minero del Orinoco y a la fecha no han obtenido respuesta.
Gustavo Márquez Marín declaró: estamos aquí para protestar y a la vez reafirmar la lucha en contra del Arco Minero del Orinoco...porque en estos días se cumplen dos años de haberse introducido el recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, han transcurrido dos años y sin embargo, no hemos, no ha habido ningún pronunciamiento del tribunal.
Este es un juicio de que a pesar de que fue admitido el recurso (contra el Arco Minero del Orinoco), sin embargo, está paralizado.
Este es un decreto ejecutivo que hizo el presidente Maduro, en el 2016, en el cual declara la explotación minera en un territorio de 12,000 kilómetros cuadrados y que representa el 12% del territorio nacional, lo cual, sin duda, va ha traer la destrucción de toda la red hídrica, las fuentes de agua, la biodiversidad, a partir de una explotación minera masiva.
Se trata de concesiones a la megaminería y los procedimientos que se utilizan para extraer el oro, el coltan, el cobre, la plata, etc, se basan en la excavación masiva de recursos.
Este decreto se hace sin haber hecho los estudios de impacto ambiental, sin haber hecho los estudios de impacto socio-cultural.
Ese es un decreto absolutamente inconstitucional, porque es un decreto que pasa por encima de la Constitución, en primer lugar y luego de toda la legislación ambiental acumulada en el país, de la ley de ordenamiento del territorio.
Allí se esta violentando la soberanía nacional, en la medida en que se está entregando el territorio a empresas transnacionales que van a establecer enclaves, que van a manejar de hecho, el espacio territorial de Venezuela.
Estamos hablando de un problema fundamental, estratégico y este tribunal ni siquiera nos ha llamado, a los que accionamos solicitando la nulidad del decreto, para que podamos presentar nuestros alegatos, tampoco, la Fiscalía General de la República ha presentado sus informes.
Congelaron el decreto para no decidir.
El TSJ está por omisión permitiendo que se destruya el patrimonio natural y socio-cultural de la nación.
Concluyó Gustavo Márquez con un mensaje a los magistrados y magistradas del TSJ que manejan el caso: Tienen que asumir su responsabilidad histórica, que van a pasar a la historia, si dejan que esto ocurra, definitivamente, van a pasar a la historia como, prácticamente, quienes permitieron la destrucción de la nación venezolana, porque eso es lo que está en juego en este caso.
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