Sábado, 09 de junio de 2018.- Continuó con las declaraciones frente al TSJ, Edgardo Lander: Hoy el Día Mundial del Ambiente estamos frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entregando un documento reclamándole al TSJ que después de dos años de haber entregado un recurso formal exigiendo la declaración de nulidad del decreto del Arco Minero del Orinoco, el TSJ, sigue en silencio total.
Creemos que es importante que esta denuncia sea conocida y que se ejerza presión sobre este tribunal.
La apertura de 12% del territorio nacional, de 112,000 kilómetros cuadrados a la minería transnacional en gran escala, sumada al extraordinario desastre que existe actualmente, de la minería denominada artesanal ilegal, amenaza una parte fundamental del territorio y de la vida en Venezuela.
Se trata de un territorio donde viven unos diez pueblos indígenas diferentes que están siendo progresivamente fragmentados, desmontados, sus condiciones de vida severamente amenazadas por el hecho de que sus territorios están siendo destruidos.
Nos encontramos que este es un territorio que forma parte de la Amazonía, con las extraordinarias implicaciones que esto tiene desde el punto de vista de los sistemas climáticos globales.
Esta es la zona donde hay mayores recursos hídricos en el país, esta es la zona donde están las represas que suministran alrededor de 70% de la electricidad que se consume en Venezuela y es adicionalmente, una zona de una extraordinaria biodiversidad que está siendo, no solo amenazada sino directamente afectada.
Una parte fundamental de la dimensión que tiene hoy la minería artesanal ha sido algo que ha ocurrido durante este gobierno...ha habido durante este gobierno un salto de escala muy importante, en relación al cual este gobierno tiene responsabilidad.
La presencia del Estado, es una presencia, que forma parte muy claramente de los procesos de devastación, de corrupción y de violencia de la zona.
La participación y complicidad de sectores de la Guardia Nacional en esta situación es por todos conocida, no es solamente que el Estado no cumple su responsabilidad de control y vigilancia sobre el territorio, sino que sus representantes en termino de las fuerzas de seguridad del Estado han pasado a ser, en una importante medida, cómplices.
Parecería extraordinariamente irresponsable que el gobierno diga prácticamente, ya que nosotros no pudimos poner orden, vamos a traer a las empresas transnacionales para que nos pongan orden en este territorio, eso es ya una actitud de un nivel de entregismo y de cinismo sin límites.
No se trata solo de lo que ocurre en el Arco Minero sino de la situación en la que se encuentra el país.
Para el gobierno de lo que se trata es obtener dólares, a como de lugar.
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