11 de febrero de 2024.- El Gobierno de Venezuela denunció una campaña preparada y financiada por la Exxon Mobil, secundada por Guyana, en contra de la obligación constitucional del Estado venezolano de establecer una política integral, en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, para preservar, a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), su integridad territorial, la soberanía nacional y la defensa de la Patria.
“Venezuela deja en evidencia, ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que las acciones de la Exxon Mobil y del Gobierno de Guyana, contravienen los principios fundamentales del derecho internacional y se constituyen en una agresión que busca desestabilizar la región”, señala el comunicado de la cancillería..
El comunicado fue difundido por el canciller venezolano, Yván Gil, a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter.
De acuerdo al texto, dicha campaña no es más que una artimaña para huir de la responsabilidad que le corresponde, ante las escandalosas declaraciones de su presidente, Alistair Routledge.
El mandatario guyanés, quien además de sustituir la soberanía de Guyana, ha osado emitir juicios amenazantes, regocijándose ante la presencia de potencias militares en un mar sin delimitar, donde han recibido ilegales concesiones petroleras, algunas de ellas ubicadas en un área marítima incontrovertiblemente venezolana.
Venezuela declara que las acciones de la Exxon Mobil y del Gobierno de Guyana, también buscan desestabilizar la región, violando los recientes acuerdos alcanzados en Argyle, San Vicente y las Granadinas.
A la vez se suman a la constante retórica provocadora, acompañada de declaraciones recurrentes de voceros del Departamento de Defensa y del Comando Sur estadounidense, quienes se han instalado de manera permanente en Guyana.
Venezuela se reserva las acciones diplomáticas, y todas aquellas enmarcadas en el derecho internacional, para hacer valer los derechos que le asisten, y exhorta a la República Cooperativa de Guyana, a asumir sus compromisos, especialmente aquellos contemplados en el Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento válido entre las partes para encontrar una solución a la controversia territorial entre ambos países.
