Dos visiones distintas del nombre de Simón Bolívar, Libertador de América, son discutidas por los parlamentos de EE.UU. y Venezuela. Mientras los diputados del primero apuestan a recrudecer las sanciones contra el país suramericano, los otros buscan castigar severamente a quienes han pedido y apoyado la imposición de medidas coercitivas contra su territorio.
El próximo jueves, la Asamblea Nacional continúa el debate de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, luego de haber contado con el visto bueno en su primera discusión, la semana pasada.
Este instrumento, que cuenta con 18 artículos, plantea que quien promueva o pida que otros países impongan medidas coercitivas unilaterales o invadan a Venezuela, tendrá una pena de como máximo 30 años de cárcel. Esa condena no contará con beneficios como el indulto o la amnistía.
Asimismo, quien cometa estos delitos podrá ser inhabilitado para ejercer cargos políticos de manera perpetua; sus bienes podrán ser sometidos a extinción de dominio y no podrá postularse a cargos de elección popular.
Hasta noviembre de este año, Venezuela cuenta con 947 medidas coercitivas en su contra, que según Naciones Unidas, son "crueles y despiadas" contra la población más vulnerable.
Bolivar, sin tilde
El pasado 18 de noviembre, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó la Ley Bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, cuyo nombre en ingles es 'Bipartisan Opposition to Leased Institutions or Ventures and Authoritarian Regime Act', por lo que se forma el acrónimo Bolivar, sin tilde.
Este proyecto de norma fue presentada por los congresistas estadounidenses Mike Waltz y Debbie Wasserman Schultz, ambos de Florida, un estado con una importante presencia de venezolanos opositores. En 2021 ya había sido introducido en por Marco Rubio, Rick Scott, Jacky Rosen y Thom Tillis, pero no tuvo éxito. Se espera que ahora pase al Senado.
La votación de la semana pasada tuvo eco en la inhabilitada política opositora María Corina Machado, cuyo paradero actual es desconocido. La exdiputada agradeció en su cuenta de X a Waltz y a todos los miembros de la Cámara de Representantes porque "defendieron y aprobaron la Ley Bolivar". "Es un paso para exigirle cuentas al régimen de Maduro", añadió.
A Machado, el Ministerio Público de Venezuela le abrió una nueva investigación por su respaldo a un proyecto aprobado por la Cámara de Representantes por los delitos de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir.
¿Qué dice la propuesta estadounidense?
La premisa de este instrumento es sencilla: "Prohibir la contratación estadounidense con personas que tengan operaciones comerciales" con el Gobierno de Nicolás Maduro. La medida especifica que no se podrá celebrar un contrato para la adquisición de bienes o servicios con ninguna persona del Ejecutivo venezolano, según los filtros previos de una agencia ejecutiva y del Secretario de Estado en consulta con el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto.
La lista de las excepciones es similar a las establecidas por las sanciones de EE.UU. contra Venezuela. En ella se incluyen los contratos de Washington para mantener sus instalaciones; las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y las actividades de inteligencia autorizadas por el Gobierno estadounidense.
Por otra parte, se presentan salvedades de la aplicación de esta norma en la asistencia humanitaria, socorro en casos de desastre, evacuaciones de personas no combatientes e intereses para la seguridad nacional de EE.UU.
"Ley Basura"
Maduro le puso nombre a la iniciativa parlamentaria estadounidense: "Ley Basura". El pasado lunes, el mandatario mostró su rechazo por el acrónimo del proyecto de ley, al que califica de "intento criminal" que promueve la "guerra" bajo el nombre Bolívar.
"Es una ley de guerra contra toda Venezuela. Es infame. Estamos preparados para enfrentarla, contrarrestarla y derrotarla en todos sus aspectos", afirmó en su programa 'Maduro+'.
El presidente venezolano manifestó que el instrumento que aprobará la Asamblea Nacional lleva el nombre "glorioso" del Libertador, surgido en "la cuna de Bolívar", con referencia a la capital venezolana, donde nació un 24 de julio de 1783, hace 241 años.
"La verdadera ley Libertador Simón Bolívar establece penas gruesas para todos los venezolanos o con ciudadanía venezolana que pidan, promuevan o apoyen llamados a sanciones criminales, a bloqueo del país, a invasiones militares o cualquier daño extranjero imperialista que se le quiera hacer a Venezuela".
En su opinión, este tipo de iniciativa "cuenta con un apoyo abrumador de la población venezolana" y "viene a equilibrar las cosas", porque "nunca había existido en la historia de Venezuela, en 200 años, un sector político que pidiera que se le hiciera daño al propio país".
En su punto de vista, el proyecto de ley del país suramericano "va a dotar a la institucionalidad y a la democracia venezolana de un arma jurídica constitucional para defender el derecho a la paz, la tranquilidad, la vida y el desarrollo. Creo que es ineludible aprobarla", expresó.