En nota de prensa remitida por la organización Homo et Natura informaron que esta semana dirigentes Yukpa acompañaron a Sabino Romero, líder de la comunidad de Chaktapa, quemada el pasado 11 de febrero por sicarios y peones presuntamente del hacendado Guillermo Vargas, a interponer una denuncia ante la Fiscalía de Machiques, resultando el esfuerzo infructuoso por cuanto, según sus palabras, fueron ignorados.
Los indígenas hicieron un llamado a las autoridades centrales para que exhorten al Fiscal Doctor Emiro Araque a tomar en cuenta las denuncias de los indígenas, ya que este funcionario informó que eso no era de su competencia sino de la Guardia Nacional.
Relataron los dirigentes indígenas que la noche del domingo 11 de febrero un grupo de trabajadores encabezado por un colombiano de la hacienda Tizina, de presunta propiedad de Guillermo Vargas, encomendado por su patrón, arremetió brutalmente contra las chozas de los indígenas Yukpa de la comunidad de Chaktapa prendiéndoles fuego con las familias y los niños dentro. En horas de la tarde Sabino Romero y su hijo fueron golpeados y amenazados de muerte si no abandonaban esta hacienda levantada sobre sus tierras ancestrales.
Sin temor a ser señalados de “anti-gobierno” señalaron los miembros de las comunidades yukpas, manifestaron que en la Sierra de Perijá, hoy amenazada por la explotación de carbón, no hay socialismo, ni hay Estado. La respuesta está en el sufrimiento que por años todos los Yukpa han resistido entre los potreros de estos hacendados de Machiques, de los Barí que perdieron sus tierras en este proceso de demarcación mal logrado, dictado desde los intereses minero-carboníferos en el estado Zulia.
"Seguimos solicitando a la Ministra Nicia María Maldonado, habilite a su vice-ministerio que adelante un informe sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas de la Sierra de Perijá. La Fiscalía no es un objeto seguro de la aplicación de justicia y menos en un pueblo como el de Machiques tan lejos de los ojos de Estado y toda autoridad. En la Asamblea Nacional y el Consejo Legislativo del estado Zulia reposa un informe levantado hace dos años, donde se le confía al Gobierno Nacional la cancelación de la bienhechurías que estos hacendados han levantado sobre tierras indígenas para devolverles definitivamente a los indígenas sus tierras ancestrales y la paz a las comunidades Yukpa de la cuenca del río Yaza".
