TeleSUR _ 23/07/07 - Tras la ola de protestas que se desarrollan en Perú, el presidente Alan García promulgó un grupo de decretos que sancionan a los funcionarios públicos que se declaren en huelga y que exoneran de responsabilidad penal a policías o militares que lesionen o asesinen personas durante acciones represivas. La medida ha causado revuelo y preocupación en el país andino.
El gobierno peruano, presidido por Alan García, promulgó el domingo once polémicos decretos legislativos que inhabilitan a alcaldes y funcionarios que participen en huelgas y declaró exentos de responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o la muerte a personas durante acciones represivas.
Estas nuevas "leyes contra el crimen", dictadas en el marco de las facultades especiales otorgadas al Ejecutivo por el Congreso peruano, en abril pasado, para reforzar la seguridad ciudadana, han generado una nueva polémica entre quienes este lunes las han calificado de "represivas" y "antidemocráticas".
Y es que la decisión del Gobierno no fue bien recibida por los presidentes regionales. "Es una medida dura, extrema e incluso represiva", fustigó Vladimir Huaroc, el presidente regional de Junín, citado por el diario El Comercio.
"La medida podría caldear más el ambiente político del país", sostuvo por su parte Yván Vásquez, presidente regional de Loreto, mientras que Yehude Simon, presidente regional de Lambayeque consideró que la legislación "es peligrosa porque se puede interpretar como una provocación y puede generar acciones colectivas, debido a que se están modificando derechos, como los de huelga, que garantiza la Constitución", sentenció.
"Es un atentado contra la libertad de pensamiento de las autoridades y que no corresponde a la realidad. El Gobierno sólo busca acallar los reclamos de la población, expresado a través de sus presidentes regionales y alcaldes", enfatizó Simón Balbuena, alcalde de Arequipa, segunda ciudad de Perú.
No obstante, la ministra peruana de Justicia, María Zavala, negó que las sanciones contra las autoridades, que fueron elegidas democráticamente, sea en represalia por el apoyo que han brindado a las huelgas presentadas las últimas semanas contra el Gobierno.
"No es una represalia, lo que pasa es que no se puede extorsionar al gobierno central promoviendo huelgas", dijo Zavala en conferencia de prensa este lunes.
La norma precisa que "los funcionarios que tienen poder de decisión no pueden hacer huelga", según la ministra.
Pero todavía más polémicos se tornan los decretos cuando declaran "imputables" a los miembros de las fuerzas de seguridad que provoquen lesiones o muertes durante acciones represivas en servicio.
"Es muy preocupante que el gobierno declare exentos de responsabilidad penal a policías o miembros de las Fuerzas Armadas que causen lesiones o muerte en el cumplimiento de su deber", explicó el jurista Mario Amoretti, citado por el diario La República.
"Ello podría interpretarse como una invitación a que usen sus armas", añadió el abogado, quien resaltó que "ni (el presidente) Alberto Fujimori (1990-2000) dictó leyes tan duras y peligrosas".
La promulgación de las normas, que contemplan entre otras cosas asuntos vinculados a la lucha contra el narcotráfico, terrorismo, secuestro, pandillaje y lavado de activos, coincide con una ola de protestas de descontento social que han sacudido a Perú, y que han sido encabezadas en algunos casos por presidentes regionales.
Asimismo, la legislación fue promulgada por el presidente Alan García cuando faltan pocos días para que cumpla, el próximo 28 de julio, su primer año en el poder, y cuando su popularidad cayó a su peor nivel para ubicarse, según un sondeo publicado el domingo por el diario peruano El Comercio, en 32 por ciento.
