26 de julio de 2007. - Un juez federal sentó ayer un precedente susceptible de favorecer a muchos inmigrantes ilegales en todo Estados Unidos, al anular leyes locales del poblado de Hazleton (Pensilvania) discriminatorias contra los indocumentados y contrarias a la Constitución.
“La ley federal prohibe a Hazleton aplicar cualquiera de las disposiciones de sus ordenanzas”, dictaminó el juez de distrito James Munley en un pronunciamiento que esa pequeña localidad de 30.000 habitantes puede apelar.
Las ordenanzas promulgadas por el Alcalde republicano Lou Barletta prohibían alquilar apartamentos a inmigrantes indocumentados e impedían que fuesen contratados por empresas.
El fallo de Munley puede ser invocado como jurisprudencia para modificar la aplicación de leyes locales similares en muchas otras ciudades de Estados Unidos, opinaron organismos de defensa de los inmigrantes.
“Este fallo envía una clara señal de que la ordenanza de Hazleton y otras leyes similares contra los inmigrantes son inconstitucionales y no podrán ser mantenidas”, dijo Clarissa Martínez, directora de la Coalición para una Reforma Inmigratoria Completa (CCI, por sus siglas en ingés).
Barletta aseguró que la inmigración trajo a su pequeña ciudad criminalidad, droga y pandillas. La mayoría de los inmigrantes de Hazleton provienen de América Central.
“Hazleton, en su empeño por controlar la presencia de un grupo considerado indeseable, violó los derechos de esa gente y los de otros de la comunidad”.
Con el apoyo de la influyente Unión estadounidense para las Libertades Civiles (Aclu), varios habitantes de la ciudad, en situación regular, habían presentado la demanda ante el tribunal federal al considerar que dichas medidas ponen en peligro sus empleos.
