Washington, 26 de julio. Demócratas en el Senado estadunidense exigieron una investigación para averiguar si el procurador general Alberto Gonzales es culpable de perjurio al mentir no sólo en lo referente a los fiscales federales despedidos por el funcionario, sino en cuanto al controversial programa de vigilancia a ciudadanos impulsado por el presidente George W. Bush.

De otro lado, el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, envió un citatorio al asesor presidencial, Karl Rove, para que atestigüe sobre el despido de los fiscales el próximo 2 de agosto, pese a que la Casa Blanca ha insistido en que sus asesores, presentes y pasados, deben considerarse exentos de declarar en investigaciones judiciales.

Un grupo de cuatro senadores demócratas pidió el jueves la designación de un fiscal especial para establecer si el ministro estadunidense de Justicia, Alberto Gonzales, es culpable de perjurio tras su reciente comparecencia ante el Congreso

El senador por el estado de Nueva York, Charles Schumer, anunció a la prensa que el Comité de Asuntos Judiciales del Senado quería que se analizara "la posibilidad de perjurio" del fiscal general, y tiene la intención de enviar una carta en ese sentido al ministerio público.

Leahy no se unió a la iniciativa para investigar a Gonzales, pero sí le concedió una semana para "resolver las incosistencias que hubo en su testimonio".

Schumer indicó que Gonzales había contradicho precedentes declaraciones ante el comité. "Su incapacidad para responder preguntas simples y directas es asombrosa", agregó el legislador demócrata.

Gonzales, objeto de una investigación interna en un caso vinculado al despido de ocho fiscales federales el año pasado, se defendió nuevamente bajo juramento el martes ante el Comité de Asuntos Judiciales del Senado.

No obstante, los senadores declararon que no les inspiraba confianza, lo acusaron de eludir las preguntas y mostraron dudas acerca de su integridad. También se le recrimina su eventual responsabilidad en la elaboración de controvertidas medidas antiterroristas.

En una carta enviada al Solicitador General del Senado, Paul Clement, exigiendo la investigación a Gonzales, el grupo de cuatro senadores demócratas sostiene: "Resulta evidente que el procurador general ha declarado, como mínimo, medias verdades y afirmaciones engañosas".

El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) Robert S. Mueller, contradijo el testimonio jurado que Gonzales pronunció ante el Congreso el pasado martes, sobre interceptar comunicaciones de ciudadanos sin una orden legal, y esto fue usado por el grupo demócrata para exigir que se investigue al procurador.

En uno de los ejemplos citados en la carta, se resalta el hecho de que Mueller afirmó que el programa de vigilancia antiterrorismo fue el tema de una conversación en la habitación de hospital, en 2004, entre el ex procurador, John Ashcroft; Gonzales, quien entonces fungía como asesor presidencial, y Andy Card, otro consultor.

Gonzales afirmó que nunca se habló de ese tema en esa oportunidad, pero Mueller sostiene que él llegó a la habitación de Ashcroft cuando sus otros interlocutores se estaban retirando, y que fue él quien le habló de lo que conversaron.

Mueller y Ashcroft se manifestaron en contra del programa de escuchas por considerarlo ilegal y dijeron que lo rechazarían. Gonzales, bajo juramento, dijo el martes ante el Congreso que nunca hubo disputa entre autoridades por la aplicación de dicho programa en el contexto de la lucha contra el terrorismo.

Gonzales, fiel aliado del presidente George W. Bush desde hace años, enfrenta una avalancha de pedidos de renuncia desde febrero, a causa del despido de al menos nueve fiscales federales el año pasado, percibido como una purga política.

El vocero de la Casa Blanca, Tony Snow, sostuvo que el presidente George W. Bush, mantiene su confianza en Gonzales y aseguró que el testimonio del procurador y el de Mueller no son necesariamente contradictorios.