Cualquier ciudadano estadounidense que vea por televisión alguno de los partidos de la Liga de fútbol americano o de béisbol, una de las películas de Universal o Dreamworks o cualquier espectáculo de la NBC se habrá topado con un mensaje previo que prohíbe expresamente reproducir, distribuir, exhibir, etcétera, lo que van a ver a continuación. Nada nuevo bajo el sol de la industria del entretenimiento.

Lo que les habrá extrañado más últimamente es encontrarse con la prohibición de contar o "diseminar opiniones" sobre lo que han visto, sin el permiso previo y por escrito de los propietarios del copyright.

La semana pasada, la Asociación de la Industria de la Informática y las Comunicaciones (CCIA, en sus siglas en inglés), que cuenta entre sus miembros a multinacionales como Microsoft, Google o Yahoo!, presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) para poner límite a unas exigencias, a su juicio, "exageradas".

La CCIA quiere que las empresas del entretenimiento dejen de confundir a los consumidores sobre el verdadero alcance de sus derechos en materia de copia. Asimismo, pide a la FTC que apoye una campaña para explicar a los consumidores en qué consiste el uso legítimo , o derecho que asiste a los estadounidenses a la hora de utilizar el contenido protegido por las leyes, si es por una causa justa, como la educación, la información o, en definitiva, la defensa de un valor superior al protegido por el copyright.

Pero, ¿por qué un grupo de multinacionales de la informática se muestra tan preocupado por la tergiversación que del uso legítimo de los ciudadanos puedan hacer otras multinacionales? Según explica Will Rodger, director de Comunicación de la CCIA, pese a que esta asociación ha abogado durante sus más de 30 años de vida por "extender el poder de computación entre las masas", el motivo de esta demanda es muy poco altruista: "Fabricamos ordenadores, reproductores MP3 y hasta las conexiones sobre las que el contenido es reproducido y transferido. Si los consumidores creen que estas prácticas pueden ser ilegales, las harán con menos frecuencia, lo que dañaría nuestras ventas",

"Admitimos libremente que [esta demanda] va en nuestro interés financiero, que creemos que también coincide con el de los consumidores", sentencia Rodger.

La venda antes que la herida

Sin embargo, fuentes de la industria del entretenimiento ven en este asunto un movimiento defensivo ante la posibilidad de que alguno de los miembros de la CCIA se vea sometido a un ataque legal. Es el caso de YouTube, ahora propiedad de Google, que se enfrenta a una batería de demandas por parte de las majors por el contenido protegido por copyright y publicado en sus páginas web. Un motivo más que suficiente, creen, para que la asociación pida que se relaje la legislación sobre este asunto.

Rodger se defiende de este extremo: "Llevamos años recibiendo ataques legales por parte de grupos que presionan al Congreso para que hagan leyes como la DMCA [que prohíbe el uso de sistemas que burlen la protección anticopia]. Y cada año nos encontramos con una nueva pieza legislativa demencial".

La FTC puede tardar meses en decidir sobre este asunto, y aunque desde la CCIA no se atreven a aventurar un resultado, mantienen la posibilidad de recurrir a instancias superiores si la decisión no les convence. "Tememos un futuro en pay-per-view", concluye Rodger.