Lima, 17 agosto 2007. - Las insatisfactorias explicaciones sobre el colapso de los servicios telefónicos tras el terremoto del miércoles último en Perú, intensifican hoy las críticas a la ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala.
El enjuiciamiento a la titular y las empresas del rubro, entre las cuales la principal es Telefónica de España, arrecian tras aceptar la vicetitular de Comunicaciones, Cayetana Aljovín, los motivos esgrimidos por esa y otras compañías para el insólito bloqueo telefónico, que continuaba parcialmente hasta ayer.
Los cuestionamientos parten tanto del oficialismo como de la oposición, que consideran insatisfactoria la explicación de que la telefonía móvil y la fija colapsaron por el exceso de llamadas del público y el daño que el sismo causó a antenas y a la red de fibra óptica de Telefónica del Perú, filial de la transnacional hispana.
Aljovín aceptó esas razones y las defendió ante la prensa tras una reunión con ejecutivos de las empresas, determinada por el público desagrado del presidente Alan García por el corte telefónico.
La noche del sismo, García reveló que el propio gobierno sufrió las consecuencias del colapso del servicio y que tuvo dificultades hasta para comunicarse con su familia.
Al mismo tiempo, deploró la escasa capacidad de la telefonía y dijo que las empresas deberán dar explicaciones, lo que generó expectativas que Aljovín parece no haber satisfecho.
Las explicaciones empresariales defendidas por Aljovín no fueron consideradas satisfactorias por la congresista Mercedes Cabanillas, del gobernante Partido Aprista, quien consideró inverosímil que la telefonía celular haya colapsado por el exceso de llamadas.
Acotó que en España, país de la principal compañía telefónica, hubo hace algún tiempo una situación de conmoción pública, pero los celulares no colapsaron.
Agregó que el problema es responsabilidad directa de Telefónica, pero en lo político, funcional y técnico, la responsabilidad corresponde a la ministra Zavala, quien deberá dar explicaciones ante el Congreso.
Según Cabanillas, también deben rendir cuentas las empresas de servicios esenciales como el agua potable y la electricidad, que colapsaron totalmente en la zona afectada y tuvieron interrupciones parciales en Lima y que tienen una alta rentabilidad.
El diputado Alberto Andrade, del grupo opositor Alianza Parlamentaria, demandó sanciones por el colapso telefónico y pidió revisar el contrato de concesión de la empresa Telefónica del Perú, para que cesen sus abusos.
Exigió determinar si la compañía se excedió en la venta de teléfonos celulares por encima de la capacidad de sus redes, lo que puede haber causado el bloqueo, y no el exceso de llamadas.
El comentarista político Raúl Wiener coincidió en que el problema se debió a que la venta de 12 millones de teléfonos celulares por Telefónica no significó ampliar los servicios, sino una simple expansión comercial.
El tema de fondo, agregó Wiener, es que servicios como el telefónico, en el modelo neoliberal vigente, no son asumidos como bienes públicos para elevar la calidad de vida, la seguridad y la comunicación entre los ciudadanos.
El líder opositior Ollanta Humala pidió una investigación parlamentaria y denunció que no hay controles estatales efectivos sobre las empresa de telecomunicaciones, servicio privatizado en la década pasada.
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