Mérida, viernes, 17 de agosto de 2007 / Reporteros Comunitarios de Mérida

Según los vecinos de Santa Elena, desde la primera magistratura regional se impartieron las órdenes, que violan los derechos de los ciudadanos. Indican en sus aseveraciones que el gobernador destituyó al prefecto de Santa Elena, por el sólo motivo de haber dado unas declaraciones a los medios de comunicación.

Así mismo, la comunidad quedó sorprendida cuando se enteraron que la ciudadana, Luz Marina Castellanos, era la funcionaria, que ocuparía  el  referido cargo vacante. En vista de tal situación la comunidad decidió manifestar y tomar pacíficamente los alrededores de la Prefectura del sector; y así hacer sentir su voz de rechazo por la medida. Toda vez que ni el jefe de Seguridad Ciudadana, y mucho menos el gobernador,  han querido escuchar al pueblo.

Toma policial 

Algunos vecinos presentes mostraron su indignación, aún más con el gobernador del estado Mérida,  Florencio Porras, porque además de la medida de despido, esta vino acompañada de la “toma por las fuerzas policiales” , acción se concretaría a las 3:00 de la mañana.

Manifestaron los vecinos que en ningún momento se había utilizado la violencia en contra de las instalaciones ni de persona alguna, además que la mayoría de los que protestaban eran mujeres con sus hijos por lo que no entendían la arbitrariedad tomada.

Política contra poder 

Algunos vecinos indicaron que la prefecta nombrada ante el retiro del anterior prefecto, es de la tolda política del gobernador y el alcalde Carlos León y por eso quieren imponerla, pero Manifestaron los declarantes que el gobernador violando sus derechos hizo el nombramiento de la nueva prefecta sin tomarlos en cuenta. Aseguraron que la Constitución les da derecho a escoger a los gobernantes que quieran y que deben ser consultados, ante los cambios que se quieran hacer en sus comunidades, porque al fin ellos son con los que tendrán que enfrentarse para llevar adelante las políticas públicas locales.

La Parroquia vecina Domingo Peña, se solidariza con la acción popular  

Jonathan Hernández, vecino del barrio Campo de Oro, parroquia Domingo Peña, dijo ante un grupo de vecinos que se encontraban en la Gobernación del estado, esperando ser atendidos por el jefe regional, que se había unido al grupo de Santa Elena, en solidaridad y apoyo ante el nombramiento de la nueva prefecta.

"De lo que se trata es que fue removido el anterior prefecto, si haber sido consultada la comunidad y mucho menos haber hecho una evaluación de su desempeño y en ningún momento se le preguntó a la comunidad quién debería ser el nuevo prefecto en estos momentos que estamos hablando de democracia participativa".

Hernández, manifestó que este ciudadano es un mediador, de juez de paz y debe mantener un perfil a su cargo y aunque es una prerrogativa del Gobernador nombrarlo, la constitución les otorga, como pueblo, el derecho a participar en los asuntos públicos.

"Los ciudadanos en asamblea, rechazaron el retiro del anterior funcionario, y no aceptaron el reemplazo, por ser no residente en la comunidad, pero a  esto se  le vienen a sumar una serie de cuestionamientos, por los cuales no puede asumir tal responsabilidad.  Por lo tanto piden que sea en un concurso público como está establecido en la Constitución, porque en la Parroquia Domingo Peña,  hay más de 15 consejos comunales y a ninguno hasta el momento se les ha tomado en cuenta".

Habla la comunidad

José Enrique Sánchez, dijo que el problema radicaba en que el gobernador había impuesto a una  persona, la cual para nosotros no  reune los requisitos para ser prefecto.

No vive en nuestra comunidad. Sabemos que el Gobernador tiene la potestad de nombrarlo, pero el pueblo decide si es procedente, además tenemos versiones que esta persona es repudiada por el sector, en donde vive, por unos hechos que la involucran con la adquisición de viviendas en el sector de Belén. Eso a nosotros no nos compete, pero queremos evitar malos entendidos".

Gustavo Montes de Oca, otro ciudadano del sector,  acepta que el jefe regional, tiene la potestad  en nombrar los ciudadanos prefectos, pero en esta oportunidad no los tomó en cuenta para nada.

"Nombraron una persona que no tiene nuestro reconocimiento”. Pero además el prefecto anterior siempre estuvo apoyado por el pueblo y trabajó por la comunidad, y eso es lo que nos molesta".

Por último Maribel Peña, expresó que están  recibiendo apoyo de todas las comunidades de la ciudad de Mérida, entre ellos: Campo de Oro, San José Obrero y Belén.

 "Somos mujeres con nuestros niños, el problema es que esta señora no es conocida aquí en la comunidad. Yo estoy con mi comunidad, con Santa Elena, con la prefectura e iremos hasta las últimas consecuencias. Estamos sentidos y nos duele que esto sea así".

Para concluir la señora Peña, hace un llamado: -"señor Gobernador, así como nosotros estuvimos con usted hemos estado con el comandante Chávez y el alcalde, por qué no viene y escucha al pueblo.

Se lo pedimos y se lo imploramos. Lo que dá es tristeza como se está dañando nuestro proceso".

La prefecta no declaró 

Con la imparcialidad profesional característica principal de nuestra línea de información, se buscó tener en estas páginas las declaraciones de la ciudadana Castellanos, prefecta recién nombrada por el Gobernador.

La ciudadana recibió al periodista en su despacho, pero se disculpó por no poder declarar para los medios, por órdenes directas de sus superiores y se colocó a la orden para cualquier actividad o ejercicio profesional oficial.