El retraso en la entrega de las datas con la distribución del fideicomiso hizo que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo remitiera el expediente al Ministerio Público. Unos 2 mil trabajadores quedaron por fuera de la distribución de los recursos. Tendrá que asumir por los 162 desacatos judiciales pendientes durante sus siete años de Gobierno.

A la Fiscalía del Ministerio Público tendrá que acudir los próximos meses, el gobernador Manuel Rosales por desacatar la orden del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la región de consignar las nóminas que servirían para distribuir de forma equitativa el pago del fideicomiso a los trabajadores de la Gobernación del Zulia.

Así lo señala, la sentencia que el pasado viernes 27 de abril emitió la jueza rectora y titular del Tribunal Contencioso Administrativo, Gloria Urdaneta de Montanari, quien se encargará de remitir el expediente ante el Ministerio Público, una vez que se cumpla el último paso de la querella de los 50,1 millardos de bolívares; el traspaso a nombre del Juzgado de la cuenta bancaria de la Gobernación en la que permanecen depositados, el próximo 6 de septiembre.

De acuerdo con lo expresado en la sentencia, el despacho de Rosales presentó un escrito extemporáneo de 654 páginas en las que sólo aparecen registrados los números de cédula de los 45.781 empleados y obreros (activos y jubilados), pensionados, sobrevivientes y egresados con la distribución equitativa del fideicomiso de 578.321,78 bolívares para cada uno.

A esta acción judicial también se suman los 162 desacatos judiciales cometidos a lo largo de sus siete años de Gobierno que igual reposan ante la Fiscalía, más otros 120 dictámenes que se encuentran en estado de ejecución en el Juzgado Contencioso Administrativo.

Desconfianza

El retraso en la entrega de las nóminas por parte de la Gobernación creó suspicacia en el Tribunal.

El 12 de abril fue la fecha tope que tuvo el Gobierno regional para presentar todas las datas y así poder efectuar cuanto antes la cancelación completa de los 50,1 millardos de bolívares a los trabajadores.

En esa oportunidad sólo consignó las nóminas contentivas con la distribución específica de los cinco primeros rubros.

Entonces solicita una prórroga con la excusa de que esperaba por la certificación de esta información ante la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) para poder presentar las correspondientes al fideicomiso.

Pasados los ocho días hábiles, el despacho de Rosales presentó un material que, en ninguna de sus hojas, tenía plasmada la firma y el sello del ente fiscalizador, según la verificación que hicieron al expediente los dirigentes del Sindicato de Obreros del Ejecutivo, quienes fungieron como representantes legales de los trabajadores.

Para el Tribunal, este hecho, simplemente, demostró que administrativamente el Ejecutivo regional, no tenía un buen manejo de esta información creando inseguridad jurídica.

Por esta razón la parte juzgadora decidió juramentar una comisión de veedores en representación de la masa laboral para que se encargara de verificar los datos presentados.

“Hay muchas dificultades para revisar la información. Nos entregaron unos CD con lo que aparece en el informe, pero al chequearlos nos encontramos que no podían ser leídos por ningún sistema”, expresaron Liliana Marrufo y Carmen Aguirre, juramentadas por la jueza Urdaneta de Montanari, en aquella oportunidad.

Este detalle las obligó a efectuar chequeo manual en el que consiguieron sólo los números de cédula y no los datos filiatorios completos de los 45 mil beneficiados.

Caja de sorpresa

La repartición de los 50,1 millardos de bolívares sirvió para honrar pasivos como: Vacaciones vencidas a los obreros de la Secretaría de Obras Públicas del Estado (OPE), la diferencia del bono vacacional del año 2006, el 50% restante de las prestaciones sociales, la homologación a salario mínimo de los sobrevivientes y el fideicomiso.

Las jornadas de pago se convirtieron en una caja de sorpresa, pues unos 2 mil trabajadores quedaron por fuera.

Pese a que el Juzgado dejó abierta la posibilidad de que toda aquella persona que no apareciera en las listas podía reclamar ante el Gobierno regional, quienes lo hicieron en la dirección de Recursos Humanos sólo recibieron como respuesta que los datos tomados por el ente gubernamental correspondían a partir del año 1995.

Todavía, según el último informe que presentó el Banco Occidental de Descuento (BOD) entidad financiera encargada de realizar los depósitos, pese a las transferencia a las cuentas nóminas en otros bancos y la elaboración de cheques quedan 3 millardos de bolívares por cancelar, motivo por el que la jueza rectora hizo un llamado a todas aquellas personas que se acerquen al BOD a verificarse las listas para que puedan cobrar su dinero.

Se espera que sea para finales de septiembre cuando el Juzgado envíe el expediente a la Fiscalía para que comiencen las averiguaciones sobre esta irregularidad en la gestión de Rosales.